GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Tras la revelación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una red de fraude en tiempos compartidos operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, dijo que desconocía la investigación relacionada con el complejo Kovay Gardens. 

Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 17 empresas y cinco personas físicas vinculadas al esquema, el funcionario señaló que la dependencia a su cargo no recibió notificación sobre ese caso específico. 

“De esta (investigación) que están sacando ahorita no, pero sí tenemos algunas carpetas de denuncias relacionadas con ello; específicamente de estas ahorita no tengo información”, declaró al ser cuestionado sobre el anuncio hecho en Washington. 

El fiscal reconoció que el fraude mediante la oferta de departamentos y tiempos compartidos es una práctica detectada en la entidad. Precisó que las indagatorias bajo jurisdicción estatal se centran en el delito de fraude, cuando se ofrecen desarrollos inmobiliarios inexistentes o condiciones engañosas. 

“Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae”, señaló. 

Sobre la relación con autoridades estadunidenses, afirmó que existe disposición para colaborar con el Departamento del Tesoro y el Consulado, aunque puntualizó que la cooperación se activa a partir de solicitudes formales de información. 

“Cuando nos piden información o colaboración siempre los hemos ayudado, de igual manera que ellos nos auxilian en muchas ocasiones con información”, dijo. Hasta ahora, agregó, no existe requerimiento por el caso de la red señalada en Puerto Vallarta. 

El Departamento del Tesoro colocó bajo sanción a 17 empresas mexicanas, cinco personas y al complejo turístico Kovay Gardens, al identificarlo como parte de una estructura de fraude de tiempo compartido operada por el CJNG desde la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 

La medida se sustenta en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir la proliferación de drogas ilícitas y el financiamiento a organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadunidense.  

El Tesoro sostiene que el CJNG diversificó sus ingresos más allá del narcotráfico mediante esquemas inmobiliarios que afectan principalmente a ciudadanos estadunidenses, muchos de ellos adultos mayores. 

Según la investigación, lo que comenzó como estafas telefónicas evolucionó hacia una estructura que genera cientos de millones de dólares. La operación se apoya en centros de llamadas instalados en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, donde operadores bilingües contactan a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos y Canadá con ofertas de compra, renta o supuestas gestiones legales. 

El esquema incluye suplantación de identidad —los operadores se presentan como agentes inmobiliarios o funcionarios estadunidenses—; cobro anticipado de “impuestos” o “gastos de cierre” inexistentes; y dispersión de recursos a través de empresas fachada del sector turístico, inmobiliario y financiero. De acuerdo con el Tesoro, el modelo permite revictimizar durante años a los clientes. 

Las autoridades estadunidenses identificaron que Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, operó bajo un esquema “integrado verticalmente”: captaba compradores mediante prácticas de venta engañosas —incluidas promesas falsas de rentabilidad por semanas no utilizadas y cargos indebidos a tarjetas de crédito— y luego compartía su base de datos con centros de llamadas vinculados al CJNG para ejecutar fraudes de reventa. 

Entre los sancionados figura el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco Carlos Rivera Aceves, junto con un entramado empresarial presuntamente utilizado para mover recursos. También fueron designados operadores regionales ligados al CJNG en Nayarit, bajo el mando de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción busca desmantelar las fuentes de financiamiento del cártel, tanto por tráfico de fentanilo como por fraudes financieros. 

Como resultado de las sanciones, quedaron bloqueados los bienes e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadunidenses, y se prohíben transacciones con las personas y entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). 

Datos del FBI, citados por el Tesoro, indican que entre 2019 y 2023 al menos 6 mil víctimas estadunidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México. Solo en 2024 se registraron unas 900 denuncias adicionales con pérdidas superiores a 50 millones de dólares, aunque las autoridades reconocen un subregistro considerable.