COLIMA, Col. (apro).- La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) omitió incluir en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de ampliación Nuevo Manzanillo, la existencia de vestigios arqueológicos relevantes en la zona, pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) notificó desde hace años a la autoridad portuaria sobre su importancia, denunció la asociación civil Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem). 

En un comunicado, la agrupación recordó que en días pasados sostuvo una reunión con el director del INAH Colima, Julio Ignacio Martínez de la Rosa, quien les confirmó que “desde hace años se han realizado rescates de vestigios arqueológicos en la zona y que incluso se notificó a la autoridad portuaria para la presentación de un plan de rescate”. 

Ante ello, Demarem calificó como “alarmante que ni los vestigios ni la importancia arqueológica del lugar que lleva tantos años en exploración sean mencionados en la MIA presentada para la ampliación del puerto de Manzanillo, teniendo conocimiento la administración portuaria”. 

La organización exigió que la revisión de la segunda MIA se lleve a cabo mediante una consulta pública presencial y no sólo a través de escritos dirigidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como se propone actualmente. 

“La modalidad propuesta excluye a ciudadanas y ciudadanos que no cuentan con medios electrónicos o con la posibilidad de trasladarse a las oficinas de la dependencia en Colima”, señalaron. “Una consulta legítima debe garantizar la participación real, amplia y democrática de la población”. 

En el documento, emitido en conjunto con el movimiento “Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva”, Demarem también cuestionó los procesos de ordenamiento territorial que se están realizando en municipios y en el estado, al señalar que se desarrollan bajo los tiempos del proyecto portuario y con escasa participación social. 

“Muchas de estas reuniones se programan de forma simultánea en distintos puntos del estado, obligando a salineros, pescadores, asociaciones civiles y ciudadanos a abandonar sus labores para intentar asistir al mayor número posible de estas reuniones”, denunciaron. 

Según la organización, esta estrategia “impide la organización comunitaria y limita la participación informada, como se ha demostrado en varias de ellas, donde acuden menos de 20 personas”. 

Además, acusó que no se ha convocado a la población de manera amplia ni se han generado las condiciones para explicar la importancia del ordenamiento territorial. 

“Gran parte de la ciudadanía desconoce qué es un ordenamiento y jamás ha participado en uno. El proceso ha sido impuesto por el Imades y otras instituciones convocantes, dejando fuera a quienes no tienen acceso digital, a quienes no pueden dejar de trabajar o trasladarse, y a comunidades directamente impactadas”. 

Las organizaciones advirtieron que la expansión portuaria, en los términos planteados, pondría en riesgo tanto el patrimonio cultural como el natural y económico de la región. 

“Exigimos una reunión presencial con la administración portuaria donde los ciudadanos podamos exponer nuestras preocupaciones, establecer acciones y planes responsables, y se consulte, para empezar, si la mayoría de los afectados está de acuerdo con la expansión de este puerto”, expresaron. 

Según la agrupación, de aprobarse el proyecto tal como está, “va a dejarnos sin el patrimonio biocultural de la sal, la pesca, la biodiversidad, y sin sustento a más de dos mil familias”. 

La Manifestación de Impacto Ambiental de la ampliación portuaria se encuentra actualmente en análisis de la Semarnat, en medio de un proceso de consulta que organizaciones civiles consideran restrictivo y alejado de la población directamente afectada.