COLIMA, Col. (apro).- La organización Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem A.C.) lanzó una alerta por los graves riesgos ecológicos, sociales y económicos que podría implicar la expansión del puerto de Manzanillo hacia el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, proyecto para el que se tiene considerada una inversión de más de 60 mil millones de pesos. 

Aunque los trabajos aún no han comenzado formalmente, el proyecto portuario impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, bajo la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca ampliar la infraestructura estratégica del puerto para incrementar la capacidad operativa y consolidar a Manzanillo como un nodo clave en el comercio marítimo nacional e internacional. 

El pasado 3 de abril la Asipona había solicitado la autorización ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la primera etapa del proyecto, pero semanas después retiró la Manifestación de Impacto Ambiental con el argumento de que realizará el trámite de manera integral. 

Mediante un comunicado, la agrupación Demarem A.C. advirtió que la probable remoción de manglar, el dragado, relleno y corte de la Isla Cocodrilos II son obras que podrían ocasionar daños irreparables al sistema lagunar, ya que los vasos están interconectados y el deterioro en uno puede afectar a todo el ecosistema. 

Además de los daños ambientales, se prevén impactos sociales como la pérdida de medios de vida para las comunidades pesqueras y salineras, así como afectaciones a actividades ecoturísticas basadas en la biodiversidad. La construcción de un acueducto Armería-Manzanillo, sin consulta previa y sin estudios públicos justificativos, también ha generado preocupaciones sobre el acceso al agua potable y agrícola para las poblaciones locales. 

La laguna de Cuyutlán es un humedal costero que comprende cuatro vasos lagunares y el Estero Palo Verde. Este sistema hídrico se distingue por su alta biodiversidad y funciones ecológicas indispensables. Los manglares, los humedales y la Isla Cocodrilos II —que el proyecto amenaza con modificar o destruir— constituyen hábitats esenciales para una gran variedad de especies acuáticas, terrestres y aves migratorias, algunas en peligro de extinción o de alto valor ecológico. 

Entre las especies que dependen de este ecosistema se encuentran tortugas marinas, mamíferos y al menos 57 especies de aves migratorias, como la espátula rosada, el pelícano blanco y el gavilán caracolero, que no solo contribuyen a la riqueza natural sino que son indicadores clave de la salud ambiental. 

Adicionalmente, la laguna alberga las históricas salinas de Cuyutlán, una tradición artesanal que data de más de 570 años y que hoy da sustento a más de 190 familias, generando cerca de 400 empleos indirectos. La alteración del flujo natural del agua y el aumento o disminución de la salinidad pondrían en riesgo la producción de sal, afectando la identidad cultural y la economía local. 

El nuevo proyecto portuario, anunciado a finales del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es considerado una obra estratégica impulsada por la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, orientada a fortalecer la infraestructura logística del principal puerto comercial de México en el Pacífico. 

La expansión proyecta ampliar la capacidad para recibir buques de mayor calado, incrementar las áreas de almacenamiento de mercancías y diversificar terminales para contener carga general, graneles y productos líquidos. Se trata de un megaproyecto que busca posicionar a Manzanillo como un puerto competitivo a nivel global, en un contexto de creciente demanda logística y comercio internacional. 

No obstante, el caso de las nuevas instalaciones portuarias, que busca ampliar de cuatro a diez millones el movimiento anual de contenedores, pone en tensión la necesidad de crecimiento económico con la obligación de proteger ecosistemas frágiles y preservar formas de vida comunitarias ancestrales. 

Demarem A.C. instó a las autoridades a reconsiderar y realizar estudios técnicos rigurosos, así como a implementar medidas reales de mitigación y compensación, como la construcción de canales que mantengan el flujo de agua limpia hacia vasos lagunares aún preservados, la declaratoria inmediata de Áreas Naturales Protegidas para dichos vasos, y el fortalecimiento del Centro Ecológico de Cuyutlán como espacio de investigación y protección ambiental. 

Asimismo, pidió que se garantice la participación activa y el derecho a la consulta de las comunidades afectadas para que las decisiones sobre el territorio sean transparentes y respeten los derechos humanos. 

La organización concluyó que la ampliación portuaria, sin estos ajustes, podría traducirse en un ecocidio ambiental y cultural con consecuencias irreversibles para la laguna de Cuyutlán y sus habitantes, con la amenaza de perder siglos de riqueza natural y tradiciones.