CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Gerardo Sosa Castelán enfrentará un nuevo cargo por peculado: 5.9 millones de pesos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió, como recursos federales, para gastos operativos relacionados con la función educativa y para el pago a personal docente, que presuntamente fueron distraídos. 

La malversación que presume el Ministerio Público de la Federación ocurrió en 2018, cuando Sosa fungía como presidente de la Patronato de la UAEH, organismo encargado, por estatuto, del manejo financiero de la casa de estudios. 

Con base en la ruta de investigación, el primer indicio provino de una auditoría federal a la cuenta pública 2018. El ente fiscalizador detectó que la universidad estatal transfirió recursos a un fondo de inversión, una categoría no autorizada en el uso del dinero que le otorgó la Federación para Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales relacionados con el funcionamiento de la Autónoma de Hidalgo. 

Es decir, el pago de sueldos base, remuneraciones permanentes y transitorias, prestaciones, seguridad social y compensaciones adicionales, para cubrir los gastos directos de nómina y los beneficios de los empleados. Además, las erogaciones necesarias para la operación diaria y no para la creación de un activo fijo.      

Ese dictamen de auditoría constituyó la noticia criminal por medio de la cual la Fiscalía General de la República (FGR) conoció sobre posibles conductas delictivas, lo cual motivó el inicio de la investigación. Sin embargo, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) proporcionó, al término del plazo legal, otro dictamen que acredita que la universidad no pudo justificar el destino del dinero para un fin legítimo y asociado con la tarea educativa, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se sumó como víctima del posible daño a su patrimonio. 

A partir de ese momento, peritos en contabilidad indagaron sobre el movimiento de los recursos, con el fin de identificar a su destinario final. 

Además de Sosa Castelán, en esta nueva causa penal, 152/2025, están indiciados Adolfo Pontigo Loyola, rector en el momento en el que los recursos fueron recibidos y posiblemente malversados; así como Estela Galindo Ortega, directora de Recursos Financieros, y Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de la División de Administración y Finanzas de la UAEH en 2018. Los cuatro ya habían enfrentado bloqueos de cuentas personales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles operaciones indebidas. 

Los presuntos implicados fueron citados para comparecer en enero, en una audiencia inicial por posible peculado; sin embargo, Pontigo y las funcionarias administrativas lo harán en un primer momento y, posteriormente, Sosa, en día distinto, enfrentará las acusaciones. 

En los cuatro casos, no se libraron órdenes de aprehensión porque, basado en la figura de necesidad de cautela, un juez consideró que las personas están localizables, pueden ser identificadas y hay indicios de que puedan razonar en caso de ser citados, en lugar de huir.   

Gerardo Sosa, exdiputado federal por el PRI, también enfrenta otro proceso por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos (causa penal 263/2020), a la espera de comparecer ante un Tribunal de Enjuiciamiento.  

Igualmente, el dinero supuestamente malversado proviene de la UAEH, dispersado, según la tesis de la FGR, a través de empresas fantasma y que tiene como beneficiarios finales al propio Sosa, sus hijas y otros presuntos allegados.  

La ruta de las investigaciones  

Identificado como líder del “Grupo La Sosa Nostra” o Universidad –denominativo que ha recibido por el control político ejercido en la Autónoma de Hidalgo desde finales de la década de 1970–, Gerardo Sosa Castelán es considerado por el Ministerio Público federal, en este nuevo proceso, como posible implicado en una triangulación para enviar fondos cuyo fin era el educativo a una institución financiera, con el objetivo de generar rendimientos.  

Además de remarcar que está fuera del propósito de la escuela y de los objetivos para los cuales se le envió el dinero, el ente de la FGR cree que es posible que los beneficios financieros fueran aprovechados para otros fines. 

La investigación inició con la auditoría 161-DS practicada a la UAEH por los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que recibió en 2018. 

El Pliego de Observaciones 018-4-99010-19-0161-06-004 arrojó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 759 mil 738.57 pesos, destinados a un fideicomiso denominado Plan de Beneficios Sociales Múltiples. 

Además de que no se acreditó con la documentación justificativa y comprobatoria el destino de los activos, éste es un concepto no financiable con recursos del subsidio, que se basa en un Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Con base en este acuerdo, firmado en 2016 por el entonces rector Humberto Veras Godoy y reafirmado, con sus actualizaciones, por Pontigo Loyola en 2018, los recursos debían ser aplicados únicamente a Servicios Personales, Estímulos al Personal Docente y Gastos de Operación, así como en los capítulos 1000, 2000 y 3000 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente. 

En la indagatoria, la FGR detectó transferencias a Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., al menos una por mes, entre febrero y junio. Este dato de prueba lo obtuvo de la copia simple de un estado de cuenta que la UAEH proporcionó a la ASF para intentar justificar la observación. 

A partir de ahí, detectó que el dinero pasó de la Tesorería de la Federación al gobierno de Hidalgo, de esta instancia a la universidad y del órgano autónomo a Actinver Casa de Bolsa, por lo que planteó la hipótesis de que los recursos fueron distraídos para un fin diverso a los del convenio. 

Posteriormente, cotejó en el sistema bancario los movimientos financieros, tras la autorización de un juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio. Asimismo, peritos en materia de contabilidad han indagado en la trazabilidad que siguieron los recursos para dar con su beneficiario final, lo cual presentarán en la audiencia. 

Inicialmente, del monto total de la observación, la FGR había considerado un posible peculado de 7 millones 541 mil 887.54 pesos, por cinco transferencias de la UAEH a Actinver Casa de Bolsa: 1 millón 618 mil 7.25 pesos el 23 de febrero; 1 millón 588 mil 526.86 pesos el 22 de marzo; 836 mil 693.22 pesos el 23 de abril; 1 millón 772 mil 862.54 pesos el 22 de mayo y 1 millón 725 mil 797.67 pesos el 19 de junio. 

El Ministerio Público de la Federación consideró que configuraba en el supuesto de peculado, establecido en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal: “Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”, y que podrían ser responsables Sosa Castelán, Pontigo Loyola, Galindo Ortega y Mejía Valencia.  

Ante el posible delito, el Ministerio Público solicitó autorización para obtener datos protegidos por el secreto bancario, a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA), operado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Tras una primera autorización y cotejo, la Fiscalía modificó el monto, para afirmar que servidores públicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo distrajeron de su objeto recursos públicos federales por 5 millones 923 mil 880.29 pesos, que es la cantidad por la que encuadró el posible delito de peculado. 

Cuestiona jueza al MP 

En este asunto que lleva la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR e inició con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI- HGO/0000717/2019, el juez de control ha cuestionado al Ministerio Público por posibles inconsistencias en su integración de pruebas, al reducir el monto que inicialmente sería imputado, sin justificar la razón. Esta acción podría beneficiar a los señalados. 

La divergencia entre los datos de prueba con los que se solicitó la primera autorización para indagar movimientos en el sistema bancario y un segundo requerimiento, a la postre negado por la autoridad judicial, así como la cantidad que se presume fue distraída, que pasó de 7 millones 541 mil 887.54 pesos a 5 millones 923 mil 880.29 pesos, se debe a una transferencia finalmente no considerada. 

Antes, el dato de prueba “35” era una “Copia simple del estado de cuenta del Banco BBVA Bancomer, S.A.”, mediante el cual se reflejaba una transferencia por 1 millón 618 mil 7.25 pesos realizada desde una cuenta a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a Actinver Casa de Bolsa, aplicada el 23 de febrero de 2018. 

No obstante, después se destacó, según el dato de prueba “69”, que en una “Copia certificada de Informe” de fecha 17 de febrero de 2025, emitido por Grupo Financiero Actinver, no se localizaba información de dicha cuenta. 

A la jueza de Distrito Especializada en Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca y quien actúa con carácter de jueza de control, Martha Granados del Río, le generó dudas la información que la Fiscalía hizo valer como datos de prueba, porque no explicó las razones de la discrepancia, menos aún, por qué las copias simples de estados de cuenta presentadas inicialmente, después, de manera aparente, resultaron “inexistentes”. 

Tampoco, remarcó, se justificó la variación de la cantidad que, según la Fiscalía, fue distraída de su objetivo, y no se señaló por qué se solventa o las razones por las cuales el Ministerio Público de la Federación ya no incluyó ese movimiento entre el presunto peculado. 

Pese a estas inconsistencias que el Ministerio Público debe precisar, la autoridad judicial consideró que hay elementos para suponer un posible delito, por lo cual se requirió a los probables responsables comparecer en una audiencia. 

Por esta causa penal, 152/2025, cuyas audiencias separadas se llevarán a cabo en enero de 2026, el sistema judicial notificó al coordinador estatal de la Guardia Nacional en Hidalgo y al jefe de Seguridad del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado para labores de apoyo. 

En su última reaparición pública en un acto político masivo, el pasado 3 de octubre, en movilizaciones convocadas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca, Gerardo Sosa Castelán afirmó que el brazalete electrónico que le asignaron como medida cautelar para monitorear y rastrear sus movimientos por el proceso que la FGR sigue en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, lo lleva "en la historia", además de ironizar que lo resguarda en el "museo" de la institución educativa sobre la que mantiene el control político desde finales de la década de 1970.  

Sosa Castelán, además de exrector y expresidente del Patronato de la UAEH, también es exdiputado federal por el PRI, instituto político que igualmente presidió a nivel estatal; actualmente, es el líder fáctico del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo. 

Los cargos por presunta delincuencia organizada y lavado por 58 millones 245 mil 948 pesos se deben al uso de una empresa falsa, Contabilidad del Siglo XXI, para dispersar cantidades a cuentas personales de Gerardo Sosa, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto y dos operadores más.  

Tras una seria de recursos legales que no le favorecidos, con el fin de revertir la última decisión que lo lleva a juicio, el líder del Grupo Universidad se encuentra en la antesala de enfrentarse al Tribunal de Enjuiciamiento por esa causa penal, la 263/2020.  

El asunto ha durado más de cinco años, desde que fue detenido en la Ciudad de México el 31 de octubre de 2020; además, ha contado con modificaciones de medidas cautelares, primero para la prisión domiciliaria y, después, para usar el brazalete y recuperar la movilidad y libertad parcial.