PACHUCA, Hgo. (apro).– Una empresa implicada en la presunta dispersión de recursos por la que Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrenta un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, recibió condonaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) seguía el caso contra el líder del denominado Grupo Universidad, como se conoce al clan político que controla desde finales de la década de los setenta en la Autónoma del Estado, la firma Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, S.A. de C.V., una de las principales involucradas en este probable esquema de lavado de dinero, recibió el 21 de septiembre de 2021 una condonación de un millón 91 mil 995 pesos por concepto de multas.

De acuerdo con los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), esta acción fue validada el 3 de enero de 2022. Asimismo, las áreas responsables de la información fueron las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, Administración de Cobro Persuasivo y Garantías 1 y 2.

A la par de la condonación, esta firma ha continuado actividades en Oaxaca y Chiapas, como evidencian licencias y permisos de construcción requeridos en los municipios de Huajuapan y Comitán, respectivamente, consultados también en la PNT.

El mes en el que el SAT condonó las multas, Sosa Castelán cumplía un año y un mes en reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde fue remitido tras su detención el 31 de agosto de 2020.

No obstante, desde el 3 de febrero de 2022 dejó el confinamiento en esa cárcel de máxima seguridad por una modificación a su medida cautelar, por lo que sigue su proceso en una de sus propiedades, con brazalete electrónico, debido a que su defensa argumentó un deteriorado estado de salud. Con la anuencia de la FGR, el requerimiento fue ratificado por el juez del caso.

En la trama que la Fiscalía presentó al imputar los cargos contra el político hidalguense, que se basa en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2017, fue a través de un esquema de triangulaciones que operó, al menos, de 2011 a 2018 –con Sosa como presidente del Patronato– que se sustrajo dinero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que terminó en cuentas de Gerardo, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto –prófugas– y personeros de lo que la FGR denominó una “organización criminal”, la de La Sosa Nostra. Según causa penal 263/2020, esto fue posible mediante empresas fachada y despachos contables que movilizaban los recursos, controlados por un operador financiero: Francisco Natalio Zamudio Isbaile, también con orden de aprehensión y evadido de las autoridades.

Con base en informes emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que integran la indagatoria, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo transfirió 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, parte de los 58 millones 245 mil 948 pesos imputados por lavado de dinero.

El accionista principal de Yolo es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo Sosa, dos veces diputado local, una por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otra por Acción Nacional (PAN), además de exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano y excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo en el proceso electoral 2020 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morenal).

Asimismo, esta constructora fue presuntamente financiada con recursos de la universidad, según las declaraciones del testigo colaborador de la fiscalía Óscar Pacheco Medina, quien reconoció haber sido prestanombres de los Sosa.

Pacheco testificó que esta inmobiliaria fue creada por él el 15 de diciembre de 2001, por instrucción de Gerardo, y con un capital que provenía de la casa de estudios.

También afirmó que entre otras sustracciones del patrimonio de la institución educativa dispusieron de 45 millones del erario universitario para comprar un terreno en San Antonio, Ciudad de México, donde construyeron una nave industrial, y 4 millones más para otro en Teziutlán, Puebla.

Inicialmente, el capital con el que fundó la empresa fue de 50 mil pesos, y un total de 10 acciones: cinco para el ahora testigo colaborador y cinco para su hija, que después, por orden del también exrector, fueron cedidas a Pacheco Medina, porque ella dejó de pertenecer a esta firma.

Fue después de esto que Óscar Damián Sosa Castelán se convirtió en el accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, S.A. de C.V., después de, a decir de Pacheco Medina, haber realizado supuestos préstamos por 7 millones de pesos.

Por esas aportaciones, Óscar Damián recibió mil 400 acciones de la constructora y se convirtió en el accionista mayoritario. El resto se distribuyeron de la siguiente forma: Adriana del Carmen Cravioto Torres, entonces esposa de Gerardo Sosa, 180 acciones al aportar 950 mil pesos, y Pacheco Medina, con 10.

Ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, el testigo colaborador, prestanombres confeso en Inmobiliaria Yolo, aseguró: “lo único que puedo decir es que salían muchos cheques de la cuenta del licenciado Gerardo y también salieron otros de lo que es la Fundación Hidalguense”, que es otro de los organismos de los que dispone la universidad.