SALTILLO, Coah. (apro).- A Evangelina Alcalá Valero la desapareció su expareja Josafat “N” en 2017 y en 2018 localizaron su cuerpo semienterrado en el Ejido Puebla, al sur de la ciudad de Saltillo. Desde 2023 el Poder Judicial de Coahuila la desaparece constantemente al evitar poner el caso en la agenda de audiencias públicas y las cuales se han diferido en varias ocasiones desde marzo de ese año, cuando fue detenido el presunto responsable. 

La familia de la víctima de feminicidio teme que ante el tiempo que transcurre el detenido pueda obtener un amparo que lo deje en libertad y se dé a la fuga, como ocurrió tras los hechos y las autoridades tardaron cinco años en detenerlo cuando fue ubicado en l estado de California y las autoridades de Estados Unidos lo deportaron y entregaron en el puente internacional de Tijuana. 

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo, y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada. Reponer un juicio en caso de feminicidio, va en contra de la Ley General de Víctimas”, señaló Jackelyn Campbell Dávila, quien acompaña a la familia. 

Para la activista y defensora de derechos humanos, la defensa de Josafat está entorpeciendo el proceso derivado de la causa penal 2304/2018, debido a los constantes cambios que ha tenido en estos más de dos años de iniciado y a ocho años del feminicidio de Evangelina. 

“La audiencia ha quedado abierta; durante las audiencias que se han llevado a cabo en estos dos años y medio se han revocado varios abogados, entre ellos defensores públicos; incluso el anterior abogado particular, le renunció al cargo el lunes pasado por no haberse cubierto los honorarios pactados”, señaló. 

La familia y la representación legal y quien brinda el acompañamiento reconocen los derechos del acusado durante el juicio, pero lo que observan es que Josafat está dilatando el acceso a la justicia de la hoy occisa y de sus seres queridos, como víctimas indirectas en su feminicidio. 

En los registros del caso, se observa que desde mayo del 2024 la audiencia intermedia se ha suspendido al menos en seis ocasiones. En esa fecha trascendió que el responsable aceptaría su responsabilidad en un juicio abreviado a fin de reducir la condena, pero desde entonces ha cambiado de abogados y con ello solicitado se posponga la continuación del proceso. 

Campbell Dávila señaló que cada día que se cita a la audiencia, los testigos de los hechos y familia se trasladan desde sus trabajos o desde el mismo ejido Puebla al juzgado, donde al llegar les notifican que no habrá actividad. 

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada”, señaló. 

La activista agregó que reponer un juicio en el caso de feminicidio va en contra de la Ley General de Víctimas y una medida así implica que no se proteja a las víctimas, ni se garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia; tampoco se promueve la protección y reparación del daño en detrimento de la familia Alcalá. 

Este jueves se programó una nueva audiencia, pero la misma no estaba registrada en la agenda pública que el Poder Judicial emite casi a diario. En el Centro de Justicia de la ciudad de Saltillo no se dio a conocer el motivo por el que se omitió el caso sólo que no fue “por no querer ponerla”, aunque dicha actuación ha sido recurrente y el lunes 20 de octubre, que fue la anterior cita, tampoco aparecía en la lista de audiencias.