PUEBLA, Pue. (apro).- Javier Mauleón Montero, director de la Unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad (UPN) con sede en Puebla, presentó una demanda de amparo contra notas publicadas en cuatro medios de comunicación poblanos en las cuales es señalado por la maestra Gabriela Molina Herrera de hostigamiento y represión laboral. 

En el mismo tenor de la polémica ley de ciberasedio que se aprobó en Puebla, el directivo argumenta que las publicaciones “dañaron su honor” y sometieron a su persona “al escarnio público” en medios de comunicación y en redes sociales. 

Aunque la demanda de amparo señala como autoridad responsable al director de Formación Docente de la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP) igual apunta contra los medios de comunicación la Jornada de Oriente, Mundo Nuestro, e-Consulta y Ángulo 7, como si éstos hubieran recibido órdenes de la dependencia para publicar las notas. 

Igual que los directivos de los medios de comunicación, los reporteros que firmaron las publicaciones Kara Castillo, de e-Consulta; Martín Hernández, de la Jornada de Oriente y Natalia Romero de Ángulo 7, así como Gerardo Pérez Muñoz, colaborador de Mundo Nuestro, fueron notificados como emplazados en este juicio de amparo. 

Como parte del Incidente de suspensión 1502/2025-II, el director de la unidad 211 de la UPN pidió al juez que “cesen los ataques mediáticos y ordene a los responsables bajar las notas de prensa” , pero la medida le fue negada. 

Cabe señalar que esta demanda se suma a diversos procedimientos legales que han sido interpuestos contra medios de comunicación y periodistas en el país y que son usados como una forma de censura a denuncias de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios públicos. 

En este caso, Mauleón Montero asegura en su demanda ser víctima de “lawfare” (guerra legal) por parte de la SEPP y los cuatro medios de comunicación, aunque las notas publicadas realmente derivan de una denuncia que hizo pública Gabriela Molina Herrera, académica de esa unidad de la UPN. 

De hecho, Molina Herrera forma parte de un grupo de maestros que han demandado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) que la asignación de plazas docentes en la UPN se lleve a cabo a través de examen de oposición como lo marca el decreto de creación de ese instituto. 

Este grupo de trabajadores de la Unidad 211 de Puebla evidenciaron que Mauleón Montero y otros directivos de esa sede, así como representantes sindicales, obtuvieron plazas con los mayores sueldos y prestaciones, pese a no reunir los perfiles académicos y requisitos que establece la normatividad de la UPN (Proceso edición 21). 

A partir de estas denuncias, en las cuales participó Molina Herrera, la SEP retiró la asignación de 26 plazas en esa unidad, entre ellas la de Mauleón Montero, y se logró un acuerdo secretarial para crear la Comisión Académica Dictaminadora con la promesa de reasignarlas bajo concurso. 

En septiembre de este año, Molina denunció que, luego de ser parte de esta lucha, ahora es víctima de acoso, hostigamiento y represión laboral por autoridades de la Unidad 211, que encabeza Mauleón Montero, pues además de que le retuvieron el pago de quincenas, la quieren reubicar en una escuela primaria, cuando ella da clases en nivel licenciatura desde 2013. 

La docente, quien tiene un doctorado en Investigación e Intervención Educativa y cuanta con una reconocida trayectoria como luchadora social en Puebla, fue respaldada públicamente por activistas y organizaciones como el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano. 

A partir de estas denuncias, que igual se presentaron ante la SEP, se divulgaron notas en los cuatro medios de comunicación poblanos. 

NO obstante, ahora Mauleón Montero inició el juicio de amparo donde asegura que son parte de una campaña o guerra mediática en su contra “que se desprenden información falsa e infame”, la cual vulnera su honor y atenta contra su derecho a presunción de inocencia. 

Y aunque no es claro en su escrito, el directivo sostiene que la autoridad responsable ordenadora del acto es la Dirección de Formación Docente de la SEPP y que los medios de comunicación son los ejecutores de esas notas que “hacen escarnio” de su persona, sin aportar prueba alguna de que la publicación fue dirigida desde la dependencia.  

Cabe señalar que abogados consultados comentaron que esta demanda tiene claras “inconsistencias” jurídicas que podrían derivar en que se declare improcedente, pero coinciden en que el objetivo real podría ser sólo “asustar” tanto a medios de comunicación y reporteros, como a la maestra Gabriela Molina por atreverse a denunciar los actos de corrupción y el acoso laboral.