PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones que conforman el Consejo Tiyat Tlali exigieron al gobierno de Puebla poner un alto total a la criminalización de los campesinos defensores del agua que han protestado contra Granjas Carroll y, al gobierno federal, le demandaron revisar y cancelar concesiones de agua otorgadas a trasnacionales que están poniendo en riesgo la vida de los pueblos.

En un pronunciamiento emitido luego de que se dio a conocer que Granjas Carroll presentó una demanda penal contra integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres Oriental, las ONG advierten que el conflicto en las comunidades de Puebla y Veracruz ha sido causado por el propio estado mexicano al incumplir su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

Agregan que de manera irresponsable se han otorgado "multitud" de concesiones de agua, autorizaciones de cambio de uso de suelo y licencias de construcción a empresas privadas cuyo fin principal es la ganancia económica y cuya operación no es monitoreada ni sancionada.

“Esa es la única causa del conflicto en la Cuenca Libres-Oriental: las injustas decisiones de instituciones de los tres niveles de gobierno que han puesto el beneficio económico de empresas transnacionales por sobre nuestros derechos”, señalan.

Este pronunciamiento es firmado por organizaciones que conforman el Consejo, entre las cuales se encuentran Consejo Regional Totonaco, la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, la Unión de Cooperativas Tosepan, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Consejo Maseual Altepetajpianij, entre otras.

“¿Cómo es posible que el gobierno criminalice a la gente que defiende su vida y proteja y beneficie a empresas transnacionales que están devastando nuestro territorio y con ello nuestras posibilidades de vida?”, cuestionan las agrupaciones firmantes.

Advierten que la Comisión Nacional del Agua privilegia la entrega de concesiones a grandes empresas como Granjas Carroll, minera Covian, Heineken o Walmart, sobre el derecho que tienen las comunidades.

“No nos compramos el discurso de que generan desarrollo y empleo, porque lo que vivimos día a día es la destrucción, la contaminación, el acaparamiento del agua y la división y conflictos que generan en las comunidades”, exponen.

Los firmantes manifiestan su repudio a la demanda presentada por la trasnacional Granjas Carroll a la que señalan como responsable de generar desabasto de agua y contaminación en la Cuenca Libres Oriental, pero también contra los funcionarios de Puebla que han amenazado con desaparecer y encarcelar a los integrantes de este movimiento para que dejen de exigir su derecho al agua.

“Es inadmisible que se continúe criminalizando a defensores ahora por el gobierno de Puebla, después de la brutal represión que se llevó a cabo en Totalco en el que fueron asesinados dos compañeros cuyo único crimen fue luchar por la sobrevivencia de sus familias”, agregan.

Advierten que esta represión y criminalización de la movilización social es el mismo patrón que se ha utilizado contra cafetaleros de Ixhuatlán del Café, Veracruz, quienes fueron encarcelados en 2023 por manifestarse contra los bajos precios del grano impuestos por la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la cual también es propietaria de Granjas Carroll de México.

“Cada vez más población se organiza para defender su derecho a la vida porque está en juego nuestro futuro y el de las próximas generaciones. El estado mexicano debe cumplir con su obligación de respetar y garantizar nuestros derechos y dejar de coludirse con empresas transnacionales cuyo fin es tener ganancia económica, o es que no tienen la capacidad de gobernar con justicia”, reclaman.

Las organizaciones piden al gobierno de Puebla detener la criminalización de los defensores del agua de la Cuenca Libres Oriental “ante el riesgo de que se genere un conflicto mayor” y hacen responsable al gobernador Sergio Salomón Céspedes de la seguridad y vida de Moisés Moratilla y Renato Romero y demás integrantes del movimiento, quienes han denunciado esta persecución.