OAXACA, Oax. (apro).- El juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió y dejó en libertad al exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual de feminicidio en grado de tentativa, al ser participe del ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019 en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

“Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto #JoséGabrielRamírezMontaño la resolución. Esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia. Todo fue pactado con @MagistradaBRJ (Berenice Ramírez Jiménez), Presidenta del @tsjoaxaca”, posteó la saxofonista en su cuenta X.

Ganó la corrupción.

Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad.

20 minutos le tomó a este juez corrupto #JoséGabrielRamírezMontaño, la resolución. esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia.

Todo fue pactado… pic.twitter.com/xpmfRpXXYR

— • ?????????? ??i´???? ?? (@_ElenaRios) August 14, 2024

Mientras que el gobernador Salomón Jara Cruz también comentó esta decisión judicial en su cuenta de X:

“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”.

A su vez, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla condenó “enérgicamente la absurda resolución emitida por el juez José Gabriel Ramírez Montaño, mediante la cual, Juan Antonio V.C, Rubicel H.R y Ruben L.C quedan en libertad”.

“La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación. Desde la Fiscalía realizaremos todas las acciones jurídicas para contravenir esta determinación. Nuestro compromiso ha sido, es y será con las mujeres”, puntualizó.

Momentos antes, el juez de tribunal de equipamiento, José Gabriel Ramírez Montaño, afirmó que “este tribunal considera que la representación social, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y, como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y a Rubén Loaeza Chávez de la acusación que en su contra formuló el Agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en la persona de M. R. O.”.

En consecuencia, agregó, “quedan en inmediata libertad y se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal. Lo que deberá comunicarse a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales a los que haya lugar, así como al director del centro penitenciario femenil de Tanivet, Tlacolula”.

Además, ordenó “el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se hayan decretado a los ahora absueltos”.

Este fallo judicial, emitido al medio día de este miércoles 14 de agosto de 2024, se da luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 28/2022, donde señaló omisiones del entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del fiscal Arturo Peimbert Calvo.

Cabe recordar que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo luego de ser rociada con ácido sulfúrico por presuntas órdenes del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo Juan Antonio Vera Hernández.

El pasado 4 de marzo, la CNDH emitió una recomendación al gobernador y al fiscal “por violencia institucional y vulnerar el acceso a la justicia de una mujer que fue agredida con ácido, en Huajuapan de León”.

La CNDH considera que “se vulneró la obligación de atender, investigar y sancionar la violencia ejercida contra las mujeres, por parte de por lo menos 17 personas servidoras públicas del gobierno local y de la Fiscalía General del Estado”.