PACHUCA, Hgo. (apro).– Tres colaboradores de Omar Fayad Meneses durante su gubernatura en Hidalgo, que estuvieron a cargo de dependencias que presuntamente participaron en la “estafa siniestra” –desvíos de recursos a través de servicios simulados–, validaron contratos por insumos covid-19 que no fueron hallados en bodegas ni se reconoce su entrega a la población vulnerable, así como supuestos cursos y asesorías cuya aplicación no se acredita y consultorías de las que no existe evidencia, según el tercer informe de la cuenta pública 2022 y un informe excepcional que presentó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

Se trata de Jessica Blancas Hidalgo, extitular de Finanzas –hoy Secretaría de Hacienda–; César Román Mora Velázquez, de Controlaría, y Martiniano Vega Orozco, quien fungió como oficial mayor. Este último enfrenta en la cárcel de Pachuca dos procesos por peculado que ascienden a 30 millones de pesos, mientras que a Mora la procuraduría estatal le dio la categoría de prófugo. 

La ASEH practicó una auditoría excepcional a Finanzas por solicitud de la administración del morenista Julio Menchaca Salazar, la cual incluyó inspecciones al gasto público en 2018, 2019 y 2021, con el fin de identificar posibles daños o perjuicios a la hacienda estatal.

Con base en el informe del ente fiscalizador, en 2021 la oficina a cargo de Blancas Hidalgo facturó 29 millones de pesos en una consultoría: “gestión de resultados para el desarrollo”. De acuerdo con el dictamen, no hay muestra de que los recursos “se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Asimismo, añade que no justifican el supuesto trabajo realizado ni los resultados de este contrato de nomenclatura 191/2021.

La dependencia también dispuso de 3 millones 999 mil 29.12 pesos por un software para la Coordinación de Tecnologías de la Información; no obstante, los auditores aseguran que tras revisar el contrato de prestación de servicios SFP-DGA-01-02-2019, el proyecto obras de gasto de inversión monitoreadas, el acta de entrega-recepción de los entregables, la relación de usuarios capacitados en la operación de la plataforma, así como cuestionarios aplicados a los servidores públicos que, con base en los registros internos, participaron en la ejecución de los recursos, no se comprobó que se recibiera lo estipulado en las cláusulas.

Esto, ya que “no se acreditó que los usuarios asignados para la visualización, desarrollo y administración de la plataforma hayan recibido las capacitaciones para su uso por parte del proveedor”; de igual manera, no se tiene “la evidencia de las cuentas de usuarios y contraseñas para la operación de la plataforma, ni evidencia de los informes mensuales de lo ejecutado”. Incluso, cuestionarios aplicados a los trabajadores que habrían participado no arrojaron resultados positivos.

Por el pedido/contrato de prestación de servicios 164/2021 y el expediente del gasto de la muestra de auditoría de la partida 339003, Servicios Integrales, el organismo de fiscalización detectó que no hay evidencia de la entrega de CPUs que debían almacenar datos de campañas publicitarias, de la producción de spots de radio, spots de televisión y grabación de voz en off, producción de loops y producción de animaciones 3D, así como levantamiento de imágenes aéreas en video con drones ni de los archivos creados por parte de la oficina, cargados a la plataforma digital de la subsecretaría de ingresos por un monto de 7 millones 127 mil 40 pesos.

Más: 19 millones 81 mil 999.98 pesos son considerados “pagos improcedentes”, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia del acta entrega-recepción de los informes mensuales por parte del proveedor, por la prestación de una “Consultoría en Control Interno de la Administración Pública Estatal”.

Cuando fungió como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo –actual aspirante al Senado por Querétaro– afirmó que Jessica Blancas fue referida por varios personajes que se acogieron a un criterio de oportunidad, en investigaciones relacionadas con la “estafa siniestra” –nombre acuñado por el gobierno de Menchaca sobre los posibles desvíos en la administración de su antecesor–. En diciembre, la exencargada de Finanzas solicitó, mediante amparos, la protección federal en caso de que existiera alguna orden para ser aprehendida.

Contraloría y Oficialía Mayor

En cuanto a la Contraloría y la Oficialía Mayor, las observaciones ascienden a 49 millones 806 mil 796 pesos y 120 millones 489 mil 939 pesos, respectivamente.

En lo que respecta a la dependencia a cargo de César Román Mora Velázquez, el informe de autoría refiere inconsistencias que van desde la partida 327001, arrendamiento de activos intangibles –al no presentar evidencia de renovación de licencia de un software por 1.9 millones de pesos–, hasta no acreditar cargas de combustible cobradas.

Martiniano Vega Orozco, a su vez, validó adquisiciones de crema antiséptica (uno de los procesos que enfrenta penalmente está asociado a una supuesta compra fantasma del mismo producto) y arrendamiento de lavamanos con irregularidades. Entre los rubros, los inspectores revisaron que no se cumplen especificaciones pagadas, parte de las cláusulas de contratos, y que no hay elementos que permitan acreditar que estos servicios operaron conforme a sus costos, en los municipios.

Por otra parte, aunque no forma parte de los informes de auditoría, el gobernador Julio Menchaca Salazar informó sobre un remate de 96 unidades de maquinaria por 16 millones de pesos –precio, afirmó, muy por debajo del valor real–, que realizó la administración de Fayad entre 2021 y 2022. El caso, mencionó, es investigado por la Contraloría.