HERMOSILLO, Son. (apro).- La Coalición para la Justicia Corporativa (Corporate Justice Coalition, CJC, en inglés) impulsa, desde 2022, una ley para asegurar la rendición de cuentas de empresas con presencia en el Reino Unido debido a la destrucción del medio ambiente, y la violencia contra quienes se oponen, que se desprende de sus procesos productivos. Cuenta con el respaldo de más de 126 mil personas y lo sucedido en el Ejido el Bajío, al norte de Sonora, es uno de los ejemplos más sentidos.

“Desde la contaminación petrolera en el Amazonas hasta las masacres de comunidades indígenas en Indonesia, en todo el mundo los derechos humanos y el medio ambiente están sufriendo a manos de operaciones comerciales vinculadas a empresas del Reino Unido.

“Quienes se enfrentan al abuso corporativo a menudo pagan el precio más alto. Entre 2015 y 2023, el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos documentó 209 ataques contra defensores de los derechos humanos conectados a empresas del Reino Unido, con 30 activistas asesinados. Según Global Witness, un defensor de la tierra y el medio ambiente es asesinado cada dos días por denunciar los abusos corporativos.”, informó esta semana Brigadas internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental integrante del CJC.

Al respecto, la CJC lanzó una petición dirigida a los habitantes del Reino Unido que busca la creación de una ley que permita sancionar a empresas con vínculos en dicha región por las consecuencias de sus actividades productivas en el mundo, misma que al corte del 22 de noviembre cuenta con el respaldo de 126 mil 21 personas.

Ejido El Bajío

El pasado jueves la PBI publicó un informe titulado “El Caso para el Cambio: Por qué los defensores de los derechos humanos necesitan una ley británica sobre la diligencia debida obligatoria”. En el documento se exponen 6 casos que muestran la magnitud del problema, uno de ellos es el del Ejido el Bajío.

“Minera Penmont operó la mina de oro a cielo abierto Soledad-Dipolos ubicada en el territorio del Ejido El Bajío en México, entre 2010 y 2013. Cuando comenzó la exploración minera en tierras comunales, las comunidades locales comenzaron a defender sus derechos. Los tribunales agrarios han dictaminado que Penmont operaba en la tierra ilegalmente sin el permiso de la comunidad, ordenando a Penmont abandonar la tierra e indemnizar a los residentes. 

“Sin embargo, los defensores de la tierra y el medio ambiente que piden rendición de cuentas se han enfrentado a una serie de represalias, incluyendo detención arbitraria, criminalización y asesinatos. Minera Penmont es una subsidiaria de Fresnillo PLC, una empresa constituida en el Reino Unido y que cotiza en la Bolsa de Londres”, señala la sección titulada “Extracción ilegal y asesinato de ambientalistas en México: La mina de oro de Fresnillo, empresa británica”.

Entre los hechos de violencia que justifican la inclusión del caso del ejido el Bajío entre los que fundamentan la exigencia de la nueva ley en el Reino Unido se encuentra lo sucedido con José de Jesús Robledo Cruz, quien fuera presidente ejidal, y su esposa, María de Jesús Gómez Vega.

El documento rememora que en mayo de 2021 ambos opositores de la actividad de la Minera Penmont en su territorio fueron asesinados y cómo, junto a sus cuerpos, fue encontrada una lista de otros 13 ejidatarios. La minera, detalla PBI, negó “categóricamente” cualquier vínculo con el crimen. 

“El ejido el Bajío y la Fundación Bajío creemos que la única manera de garantizar que las operaciones de empresas británicas en otros países sean legales, transparentes y libres de violencia es asegurar la total y clara rendición de cuentas pública”, declaró Ariadna Alzuru Mogollón, representante de la Fundación Bajío.

Los otros casos

Junto a lo sucedido en el ejido El Bajío, el informe de PBI muestra otros 5 casos de todo el mundo que ponen de relieve la magnitud de la violencia que desencadena el enriquecimiento de las empresas que cotizan en el Reino Unido: 

La contaminación y despojo territorial aparejados con la actividad de la mina de carbón Cerrejón, en Colombia; la violación de los derechos de los pueblos originarios de Juchitán, Oaxaca, donde se ubica Eólica del Sur, el parque eólico más grande de México, ligado al banco británico HSBC; la devastación del ecosistema y la tortura a la que fueron sometidos los opositores de la mina de oro Grasberg, en Indonesia; el encarcelamiento y asesinato de defensores del agua en Honduras con relación a la operación de la mina Los Pinares; y la contaminación e intentos de asesinato ligados a los campos petroleros de la empresa Amerisur, en la Amazonia?Colombiana.