MONTERREY, N. L., (apro).- La muerte de Ángel Manuel, de 14 años de edad, ocurrida el año pasado en instalaciones del DIF estatal es “un crimen de estado”, pues además de violarse sus derechos, el homicidio fue ocultado por trabajadores de la institución, señaló la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad (CEDHNL), Olga Susana Méndez.

De igual forma, el segundo visitador de la Comisión, José Antonio Garza, señaló que el gobernador Samuel García merece reproche “ético y de carácter moral”, relacionado con la muerte, pues designó como director del DIF a una persona que no tenía capacidad, conocimiento ni experticia en el tema.

El director, identificado como Miguel Ángel Sánchez, es actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y aunque es buscado por la Agencia Estatal de Investigaciones, por un delito no especificado relacionado con el caso, no ha sido detenido porque se encuentra amparado.

“La lectura de este caso debe concebirse con un nombre, un rostro y una trágica historia de vida plagada de sufrimientos de Ángel Manuel Moreno (…) Esta recomendación tiene fundamento en nuestro marco jurídico nacional, pero también se sustenta en criterios de la Corte Interamericana y diversos instrumentos internacionales, incluso, se considera un crimen de estado”, dijo Méndez, al presentar la recomendación 01/VG/2023.

En conferencia de prensa, para dar lectura al documento, la directora de la Comisión estatal señaló que Ángel Manuel pasó 10 años de su vida en el DIF bajo la tutela del estado.

El 28 de noviembre del 2021, el adolescente, junto con otros tres menores, participó en una riña dentro del DIF Capullos, provocada por los malos tratos del personal del lugar, explicó Méndez.

Los señalados fueron inyectados por una sustancia no definida y ese mismo día trasladados al DIF en la colonia Fabriles, de esta capital, donde permaneció hasta su muerte. Se le debió considerar un discapacitado, pues padecía de depresión, hiperactividad, estrés postraumático, retraso y epilepsia.

La investigación señala que el 8 de febrero del 2022, el encargado de Enfermería del lugar golpeó fuertemente con la rodilla en el estómago al joven, quien vomitó.

La salud del joven empeoró con más vómito y con dolores de estómago, aunque no recibió atención médica.

Hasta 15 horas después, el albergue pidió una ambulancia, pues no había médico de guardia que lo atendiera, aunque los paramédicos, al llegar, señalaron que el adolescente había fallecido como consecuencia de la lesión que le ocasionó el golpe.

Como responsables del hecho fueron encontrados el director general del DIF, el director de Atención al Menor y la Familia, Mauricio, acusado de encubrimiento, y al encargado de Enfermería, Raymundo Francisco, presunto homicida, quien dio el golpe mortal al menor. Estos dos últimos están prófugos.

Se encontró que Mauricio encubrió la muerte, al contratar a un médico externo quien emitió un certificado de defunción por muerte natural y ordenó la cremación, pese a la oposición de la hermana del fallecido.

La CEDHNL acreditó que fueron vulnerados por lo menos 11 derechos de la víctima, como derecho a una vida libre de violencia; a la preservación de la integridad física, psicológica y emocional; a un trato humano; al interés superior de la infancia y adolescencia; a vivir en condiciones de bienestar; a un sano desarrollo integral; a vivir en familia; a la salud; al acceso a la verdad; a la legalidad; a la dignidad; y a los diversos derechos que tienen las personas en situaciones de discapacidad.

Méndez Arellano dijo que, a diferencia de otros casos, en los que se omite el nombre de las víctimas, en este se decidió, por excepción, dar a conocer el nombre porque el caso ya es público y es importante que su nombre sea recordado para que estos actos no vuelvan a repetirse.

La Comisión recomendó a la autoridad estatal ofrecer una disculpa pública del hecho, realizar memoriales, contar con servicios médicos, elaborar un padrón de niñas, niños y adolescentes a cargo del DIF estatal, consultarlos del trato que reciben y darles un enfoque diferenciado y especializado. 

Se pidió que en la disculpa esté el gobernador Samuel García Sepúlveda, como integrante de la junta de gobierno del DIF estatal.