MONTERREY, N. L., (apro).- Mariana Rodríguez y su esposo, el gobernador Samuel García, rechazaron aceptar la recomendación que les envió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL) para proteger la identidad del niño Emilio y crear un fideicomiso para sus necesidades futuras.

El organismo dio a conocer que el sistema DIF estatal, de donde fue sacado el menor para convivir con la pareja el fin de semana del 14 al 16 de enero pasados, se mostró en desacuerdo con la recomendación 05/2022, por lo que esperarán a que hagan oficialmente pública su negativa.

La Comisión pedirá ahora que la autoridad reconsidere su postura, pero si continúa su rechazo, turnará el caso al Congreso de Nuevo León o podrá recurrir al ministerio público, señaló una fuente del organismo.

El pasado 8 de julio, casi seis meses después de los hechos, la CEDHNL pidió al sistema Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León, organismo en el que Mariana hace la mayoría de sus actividades públicas, que después de que le vulneraron sus derechos como infante, se indemnice al niño con discapacidad, mediante la creación de un fideicomiso a su nombre.

Específicamente pidieron a García Sepúlveda y a Rodríguez Cantú que den de baja de sus redes sociales las publicaciones no protegidas que hicieron del niño o de cualquier otro menor que estuviera a cargo del DIF estatal.

El exhorto del organismo ocurre porque el refugio Capullos, donde son resguardados niños que no pueden estar con su familia, permitió indebidamente en enero el egreso de Emilio, quien padece esquizencefalia de labio abierto.

Pese al reproche que le hicieron la CEDHNL y el DIF nacional por haberse llevado al menor, el pasado sábado 30 de julio, Samuel y Mariana publicaron fotografías sin protección en las que aparecen junto a Emilio otro niño y dos adolescentes en el Estadio Universitario, en el partido de futbol de Tigres.

Tras conocer la negativa del DIF estatal, la CEDHNL anunció hoy que se apegará al Artículo 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que contempla denunciar ante el ministerio público a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

También apelará al Artículo 90 de su Reglamento Interno, que señala que si la autoridad no responde en un plazo de 10 días hábiles, se tomará como recomendación no aceptada.