SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., (apro).- La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y sus feligreses aglutinados en la organización Pueblo Creyente denunciaron este jueves 21 el incremento de la narcoviolencia en los pueblos y comunidades del Chiapas, donde los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento forzado, extorsiones y otros flagelos siguen siendo una constante que ha dejado “dolor y muerte en muchas familias chiapanecas”.

En una misiva firmada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro, la secretaria canciller María Reyes Arias Saraoz y Miguel Ángel Montoya Moreno, de la vicaría de Justicia y Paz, señalaron que en Chiapas existe “un grito de paz silenciado por las armas”, mientras que “las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.

Señalaron que “en el estado de Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana en dicha disputa, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.

En el pronunciamiento público indicaron que desde hace más de dos años la región fronteriza-sierra sufre los azotes de la violencia, secuestros, levantones, crímenes, asesinatos, cobros de derecho de piso, desapariciones, y el saqueo y la explotación minera que aún continúan bajo amenazas e intimidaciones a autoridades ejidales y comunidades, con la presencia de personas armadas y un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos.

“Vemos, escuchamos, sentimos y acompañamos el dolor, el sufrimiento y el grito desesperado de paz de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos que están padeciendo esta situación sin que hasta el momento hayan sido respondidas sus demandas de seguridad, de justicia y paz. El crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados, secuestrados, intimidados y amenazados, vulnerándolos cada día más.

“Nos preocupa enormemente la situación actual de estos pueblos: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, Bellavista, La Grandeza, Altamirano, Maravilla Tenejapa y otros silenciados por las armas.”

Migración creciente

Hicieron un llamado urgente ante el desalojo que provoca la violencia ejercida contra las comunidades de esos municipios, pues “existen cientos de familias que han tenido que salir de sus hogares por amenazas y porque en su lugar de origen ya no es posible vivir dignamente, hay una migración constante que se va acrecentando cada día”.

Denunciaron que esos pueblos y comunidades son amenazados por “gente armada que, a bordo de camionetas y motocicletas, ingresan a diversas comunidades, sacando a la gente de sus casas; en otras comunidades se dirigen a los autoridades ejidales, amenazándolos de muerte e intimidándolos para que se sumen a su organización criminal; también han hecho descargas de sus armas frente a la población para aterrorizarlos y que hagan lo que les pidan”.

“En todos los ejidos han exigido a las autoridades que les den una lista de la gente que allí vive, les dicen que formarán parte de ellos y así pueden quedarse en su comunidad, y que quienes no quieran unirse a ellos serán expulsados de la comunidad. Además, amenazan con matar a las autoridades si no convencen a la población; algunas autoridades han huido por esta violencia y amenazas.”

En estas comunidades han platicado y expresado su deseo de estar libres, de no pertenecer a ningún grupo criminal, exigen vivir en paz y en armonía.

“Nos duelen la incertidumbre, la inseguridad y el dolor con que muchas familias viven esta situación sin ser escuchadas, sin tener a quién acudir o a dónde ir para que se atiendan sus demandas, pues en otras ocasiones al denunciar han quedado vulnerables, por estar algunas personas pertenecientes a las instituciones de seguridad y justicia del Estado coludidas con los grupos criminales, y por tanto después de denunciar han sido hostigadas y han tenido que dejar sus hogares y sus pertenencias que tanto les han costado”.

El obispo y sus más cercanos colaboradores expresan en la carta que los habitantes de la región no alcanzan a comprender cómo es que, habiendo presencia del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal en la región, no hay seguridad ni disminución de los actos violentos.

“Tememos por la vida de tantas hermanas y hermanos, por las comunidades y pueblos de esta zona fronteriza y de otras partes del estado de Chiapas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, y a que logren la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos, favoreciendo el Estado de Derecho.”

El obispo y sus colaboradores demandaron el restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, el desarme inmediato de los grupos criminales, la recuperación del territorio para que las familias de la región estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad.

Exigieron la expedición de una declaratoria oficial contra la explotación minera y demás bienes naturales, y respeto y seguridad para los servidores defensores de derechos humanos que buscan la construcción de la paz con justicia y dignidad para todas y todos.

Virtual estado de sitio

Por su parte, el Pueblo Creyente, conformados por la feligresía católica de esta Diócesis, indicó que, “en medio de los gritos de paz silenciados por la violencia y las armas, peregrinan como iglesia y pueblo de Dios en el marco de las celebraciones del año jubilar del obispo Tatic Samuel”.

Advirtieron que ellos no son ni quieren ser “parte de ningún grupo criminal”, porque tienen una misión concreta: “La no violencia nos invita a estar de lado de las víctimas generadas por cualquier sistema, gobierno, sociedad o comunidad, como lo señaló Tatic Samuel en su carta pastoral en esta hora de gracia”.

“Desde nuestras comunidades y pueblo, junto a nuestras hermanas y hermanos, niñas, niños, jóvenes, abuelas y abuelos que sufrimos el miedo y el terror por las amenazas, hostigamiento, secuestros, levantones y asesinatos en diversos pueblos de Chiapas, se escuchan nuestros gritos de paz silenciados por la violencia y las armas”, señalaron.

Denunciaron “la lucha de grupos criminales por el control del territorio, la violencia armada que anula los derechos y la vida de nuestras comunidades y pueblos, el despojo de nuestros bienes materiales y naturales, así como también la omisión del Estado ante esta realidad tan dolorosa”.

Señalaron que se encuentran en un virtual estado de sitio desde hace más de dos años, en el que padecen la presión y el control social de grupos criminales que someten a comunidades y pueblos a la condición del secuestro, así como las amenazas, hostigamiento, intimidación y persecución a la sociedad civil.

Además, indicaron, persisten “personas armadas en las comunidades, el saqueo y la explotación minera, las amenazas e intimidaciones a las autoridades ejidales y comunidades, y el hostigamiento por nuestra labor pastoral en la construcción de la paz”.

“Exigimos la acción urgente de quien sea responsable de establecer estructuras justas de paz, el desarme inmediato de grupos criminales y el restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, la recuperación del territorio para que nuestros pueblos sean sujetos de su historia, la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos, reestablecer el libre tránsito y el respeto a nuestros derechos humanos y colectivos.”