OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo igual de letal al del sexenio de Enrique Peña Nieto en atentados a la vida contra personas defensoras y en los niveles de impunidad que se mantienen, revela un análisis de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

Su afirmación la soportan en los 200 atentados a la vida contra personas defensoras que han documentado en los últimos cinco años del gobierno de la 4 T en el que incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales.

En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida.

El análisis comparativo revela que “entre los datos de 2012 y el actual sexenio, vemos que las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia para las personas defensoras agredidas. Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno”.

Hizo hincapié en que la seguridad comunitaria es el derecho con mayor riesgo en el país (con 32 asesinatos y 10 desapariciones), producto de la estrategia de seguridad fallida de gobiernos anteriores y gobiernos actuales de los tres niveles, la violencia contra personas defensoras se agrava en contextos de inversión y megaproyectos en el país, principalmente por minería, puntualizó.

Mencionaron que el estado con mayor número de asesinatos sigue siendo Oaxaca, con 41 personas asesinadas desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023; Guerrero, con 29; Michoacán, con 18, y Chiapas, con 14 casos.

Detalló que desde inicios del sexenio actual en Oaxaca (diciembre 2022), Educa realiza un monitoreo sobre todo tipo de agresiones hacia personas y colectivos/organizaciones defensoras. Se documentó que la criminalización es la agresión más denunciada, donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año.

Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones, que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos.

En el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con 44% de los casos y autoridades federales con 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Educa ha dado seguimiento a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos desde 2012, a partir del diagnóstico “Agresiones a defensores y defensoras comunitarias. El papel de los organismos públicos de derechos humanos en Oaxaca”.

Desde diciembre de 2018, ha sistematizado la información de denuncias públicas de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre agresiones mortales a personas defensoras; En este sentido, nuestra base de datos se nutre de fuentes de sociedad civil y comunitarias que reivindican a las víctimas de agresiones como defensoras de derechos humanos.

Finalmente, Educa exige justicia para las personas defensoras agredidas, asesinadas y desaparecidas en el país.

Y es que a partir de la campaña “Todos sus nombres, Todas sus luchas” y en el marco del Día de Muertos, reivindica la defensa comunitaria como un derecho fundamental y legítimo para la construcción de una vida democrática en el país y las bases para generar condiciones hacia una paz legítima y verdadera.