SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- A bordo de una camioneta blanca doble cabina, la mañana del lunes 26 de junio, Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez salieron de su comunidad López Hernández, municipio de Venustiano Carranza, rumbo al poblado de Pujiltic, donde sus amigos y familiares les perdieron al rastro por completo. Fueron desaparecidos.

Uberlain y Marco Antonio son líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), que aliada con la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), con bastión en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, mantienen una disputa por miles de hectáreas de tierra con la organización Alianza San Bartolomé de Los Llanos (Asaball), con sede en la comunidad Paraíso Grijalva. 

La OCEZ-RC también lucha contra los caciques de la región que desde antaño ocupan tierras que, alegan, pertenecieron a sus ancestros. También ha denunciado la operación de un grupo criminal en el poblado de Pujitic, que además controla una región de Venustiano Carranza, en los municipios de Socoltenango y Las Rosas. 

A ese grupo criminal la OCEZ-RC le atribuye los homicidios de tres de sus compañeros: Jorge Armando Hernández Pérez, Jordán López de la Cruz y Abenamar Hernández de la Cruz, asesinados el 24 de mayo de 2021, así como la desaparición de Uberlain y Marco Antonio, a quienes ya han buscado en vano por toda la región. 

Tanto los tres asesinatos de 2021 como las desapariciones forzadas de hace casi un mes siguen impunes. Y aunque sus compañeros de la OCEZ-RC han realizado marchas, bloqueos de carreteras y plantones en oficinas públicas gubernamentales, nada saben aún de los dos campesinos.

Defensores en peligro
La labor de los defensores de derechos humanos escaló en riesgo en la entidad en los últimos dos años, con el despliegue de cárteles y su violencia. Además, líderes de organizaciones sociales han sido privados de su libertad, desaparecidos o perseguidos judicialmente también. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fundado por el obispo Samuel Ruiz García en 1993, ha documentado todos los ataques a líderes sociales, líderes comunitarios en los pueblos originarios de Chiapas. 

Entre dichos casos están los de César y José Luis, del pueblo maya tseltal de Chilón, quienes fueron detenidos el 15 de octubre de 2020 al protestar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio de la zona norte de Chiapas. 

Aquella mañana unos 300 elementos de la Policía Municipal, del estado y de la Guardia Nacional reprimieron la protesta en el punto conocido como crucero Temó, en la carretera Ocosingo–Palenque.

En ese operativo privaron arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tseltales César y José Luis, quienes, según se denunció, fueron torturados; 11 personas más fueron heridas. Después de dos horas y media de la detención fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de Ocosingo, acusados del delito de motín. 

La madrugada del 17 de octubre, César y José Luis fueron trasladados de forma inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) 16 de Ocosingo al CERSS 14 El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa.

El 1 de noviembre de 2020, tras la detención ilegal, la tortura y la vinculación a proceso, fueron puestos en libertad bajo caución, obligados a firmar cada 15 días en el juzgado y restringidos a salir más allá de los municipios de Chilón y Ocosingo.

En su más reciente informe anual, el Frayba recordó el asesinato de Simón Pedro, defensor de los derechos humanos a quien el 5 de julio de 2021 un individuo lo asesinó de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, junto a su hijo y su padre.

Simón era un defensor de derechos humanos del pueblo maya tsotsil, catequista y expresidente de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal. Semanas antes de su asesinato había acompañado a diferentes comunidades que denunciaban la violencia estructural y organizada en la región de los Altos de Chiapas. 

En diciembre de 2020, la Misión Civil de Observación en Chiapas 55 documentó la situación de desplazamiento forzado, despojo de tierras, amenazas y hostigamiento que viven las comunidades de esa región debido a la presencia de grupos criminales.

Por su parte, el padre Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote del pueblo tsotsil, adscrito en la actualidad a la Parroquia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, promueve la paz y la reconciliación entre los pueblos y comunidades, y ha sido reconocido como intermediario en diversos conflictos comunitarios y ante el gobierno estatal. 

A causa de ello el sacerdote ha sido amenazado frecuentemente, por lo que, junto con integrantes del Consejo Parroquial de Simojovel, es beneficiario de las Medidas Cautelares MC 506-14 otorgadas por la CIDH el 1 de septiembre de 2015.

Incluso, feligreses de diferentes parroquias de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se han movilizado para orar por la paz y pedir que las autoridades frenen la violencia y la inseguridad que se vive en algunas regiones de la entidad. 

En estas movilizaciones denunciaron “la criminalización de defensores de derechos humanos y de agentes de pastoral de diferentes parroquias de la diócesis”. 

“Vemos la fabricación de culpables, por ello denunciamos la arbitraria privación de la libertad de nuestros hermanos de San Juan Cancuc: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes, por defender su territorio, han sido condenados a 25 años de prisión mediante un proceso legal ineficaz, injusto, con violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, carente de valor jurídico”, manifestaron en una peregrinación los feligreses aglutinados en el “Pueblo Creyente”. Por ello, exigieron su libertad, y de otros “presos o sentenciados injustamente”. 

Hostigamiento militar
En otra región del estado (la zona fronteriza, la cual padece de narcoviolencia desde julio de 2021) el Frayba ha documentado otros ataques contra personas defensoras de derechos humanos. 

En esa región, principalmente en Chicomuselo, mujeres y hombres han enfrentado hostigamiento y amenazas de militares, bandas de la delincuencia organizada, políticos locales y empresas, a causa de su persistente defensa del derecho al territorio frente al despojo, del que acusan a las empresas mineras.

En su más reciente informe el Frayba señala que “desde el 8 de noviembre de 2018, fecha en que era inaugurado en Chicomuselo el Cuartel 83 del Batallón de Infantería 101 del Estado Mayor, uno de los más grandes de la región, aumentó el hostigamiento y vigilancia. En octubre de 2021 el Pueblo Creyente se sumó a la denuncia por el estado de sitio y despojo de los bienes naturales, de la tierra y el territorio por parte de diferentes empresas e intereses económicos y políticos”.  

Y menciona que el 26 de septiembre de 2022, ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades del municipio, activistas denunciaron amenazas e intimidación contra las defensoras de Chicomuselo. 

“Actualmente, la presencia de otros grupos armados, vinculados a empresas mineras y delincuencia organizada, se suma a los ataques que vulneran el trabajo de las personas defensoras de los derechos sobre la tierra y el territorio en el municipio. 

“Estos casos muestran el tipo de respuestas que reciben las personas que defienden la vida y el territorio en medio de un marco de aquiescencia o permisibilidad de las autoridades”, comunicó el organismo que dirige Dora Roblero. 

En el contexto de esa narcoviolencia que se vive en la región de la Frontera y la Sierra Madre de Chiapas, Miltón Morales Zunun, uno de los líderes del Movimiento Social por la Tierra (MST) de Chicomuselo, fue levantado el 25 de mayo por sujetos identificados a una organización llamada MAIZ y que, según versiones que corren en la región, tiene vínculos con el crimen organizado en la zona. 

Con la denuncia pública mediática y exigencia de sus compañeros, se hizo presión para que días después morales Zunun fuera liberado. 

El 30 de diciembre de 2022 un grupo de sicarios encapuchados privó de su libertad por varias horas al defensor Isabel Recinos Triguero, quien fue torturado y vejado, además de recibir disparos que le ocasionaron la pérdida de una pierna. 

En esa región de Chicomuselo, el comisariado de Nueva Morelia fue amenazado por sicarios que dijeron trabajar para la minera canadiense Black Fire, la cual sacaría el material de la mina de Nueva Grecia. 

“Estos hechos dan cuenta de un reacomodamiento de los actores armados de corte paramilitar del crimen organizado en Chiapas, ligados a intereses de funcionarios gubernamentales y empresas extranjeras mineras, y que cuentan con la protección de las Fuerzas Armadas”, expresó al respecto el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. 

Asimismo Rolando Rodríguez Morales, comisariado ejidal de la comunidad Sinaloa, en el municipio de Frontera Comalapa, desapareció tras ser víctima de una privación ilegal de su libertad. Luego de denunciarlo y exigir justicia, toda su familia fue amenazada y huyó de la región.