Claudia Uruchurtu
Caso Uruchurtu: Escandalosa impunidad en Oaxaca
El dictamen de la jueza penal María Teresa Quevedo Sánchez a la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, decepcionó a la familia de la agraviada, pues sólo se acusa a la inculpada de obstrucción de la búsqueda.
El dictamen de la jueza penal María Teresa Quevedo Sánchez a la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, decepcionó a la familia de la agraviada, pues sólo se acusa a la inculpada de obstrucción de la búsqueda, por lo que purgará una sentencia mínima. Para los Uruchurtu, esa decisión mancha el gobierno de Salomón Jara, quien siempre defendió a su amiga Lizbeth; lamentan también que se haya desoído el exhorto del presidente López Obrador, quien pidió a las autoridades de Oaxaca actuar con rectitud.
OAXACA, OAX. (Proceso).– “Se ha desvirtuado una vez más el significado de la justicia y la verdad”, se dolió la familia de Claudia Uruchurtu Cruz al escuchar la decisión de la jueza penal María Teresa Quevedo Sánchez, quien reclasificó la acusación contra la exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta a un delito menor y la condenó a sólo cuatro años y dos meses de prisión, en el proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana ocurrida en marzo de 2021.
La jueza eliminó la imputación contra la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán como autora intelectual –por la que fue procesada– para sentenciarla sólo por obstrucción de la búsqueda, lo que la familia de la activista considera un acto de impunidad que mancha desde el principio el sexenio del morenista Salomón Jara Cruz, quien asumió como gobernador de Oaxaca el pasado jueves 1.
Al principio, el caso de Claudia Uruchurtu fue calificado como un “hecho histórico”, pues se logró la detención de servidores públicos que serían procesados y sentenciados por el delito de desaparición forzada.
Pero la protección y el respaldo total que mostró Jara Cruz para la exalcaldesa desde que era candidato se impusieron, incluso sobre el exhorto del presidente López Obrador, quien pidió una sentencia ejemplar para quien resultara culpable; incluso se refirió al caso Uruchurtu –quien aún no ha sido localizada– como una desaparición forzada y una presunta ejecución extrajudicial.
Horas antes de la sentencia –detallada por la jueza el jueves 15–, durante el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, el gobernador Jara Cruz dijo ser “aliado de la justicia y enemigo de la impunidad”.
“Tanto la jueza María Teresa Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, han sucumbido a otros intereses y han desvirtuado, una vez más, el significado de la justicia y la verdad”, expresó la familia Uruchurtu Cruz al conocer la sentencia.
Durante la audiencia realizada el jueves 15, Quevedo Sánchez leyó las sentencias individualizadas de cuatro de los cinco implicados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu.
Después de considerar los testimonios vertidos durante el juicio, la jueza determinó 60 años de cárcel para Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, mientras que a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita les impuso una pena de 40 años a cada uno en su calidad de partícipes de este crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, la jueza decidió no considerar a la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta como partícipe de la desaparición forzada.
La familia Uruchurtu adelantó que seguirá luchando a través de los recursos legales a los cuales tiene derecho:
“Para la familia la prioridad sigue siendo encontrar a Claudia. Seguiremos trabajando con las instituciones correspondientes. De igual forma, daremos seguimiento a las denuncias hechas por Claudia que han resultado en una serie de auditorías y sanciones consecuentes por la corrupción en la administración del municipio de Asunción Nochixtlán, durante el periodo en que Lizbeth Victoria Huerta fue presidenta municipal.
“La mejor forma de mantener viva la lucha de Claudia es dar continuidad a su labor, ahora todas somos defensoras de derechos humanos y vamos contra la corrupción y la impunidad. ¡Todas somos Claudia!”
Luego de hacer una mención especial a López Obrador y a las autoridades federales que han conocido del caso, los Uruchurtu advirtieron: “¡Para los perpetradores: no impedirán que la lucha de Claudia termine; se ha sembrado una semilla y estamos seguras de que habrá más Claudias, en Nochixtlán, Oaxaca, y en el mundo!! ¡Hasta encontrarte Claudia!”.
Corrupción al descubierto
Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales en la administración municipal de Asunción Nochixtlán. También evidenció la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.
En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno, alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca oaxaqueña.
Después de agotar varias vías y ante las evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una auditoría por situación excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020. La auditoría quedó registrada con el número OA/AECSEM/002/2019.
Meses después, cuando Claudia solicitó (mediante transparencia) conocer los avances de esa auditoría, el OSFEO le respondió que declaró reservada esa información durante cinco años.
El 5 de mayo de 2021 el OSFEO dio a conocer que detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el organismo.
Medio año después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró otras irregularidades al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.
Según la ASF, el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de 100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por ello emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.
Además la ASF dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.
Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.
Derivado de esto, la ASF concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.
En su cuenta de Facebook, Claudia Uruchurtu publicó fotografías y documentos donde exhibió a la entonces presidenta municipal por gastos suntuarios y sospechosos, con estados de cuenta que registraban gastos de 80 mil pesos de gasolina al mes, la compra de dos camionetas Honda, un KIA, un Audi, un Versa, gastos en comidas de 90 mil pesos, entre otras presuntas anomalías.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) también inició una investigación contra Victoria Huerta por el reparto de despensas con fines electorales.
Mediante el oficio CQDPCE/025/2020 de fecha 15 de abril de 2020, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO requirió a la presidenta de ese municipio un informe detallado sobre la entrega de esas despensas.
En sus redes sociales, Claudia difundió que la presidenta tenía en su haber 10 denuncias en su contra y que el 24 de diciembre de 2020 tomó la caseta de cobro de Huitzo, lo cual es un delito federal, hecho en el que además confrontó a la Guardia Nacional.
El protector
De acuerdo con lo asentado en la causa penal 203/2021, Claudia Uruchurtu fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar. Testimonios refirieron que habría sido subida por la fuerza a un vehículo.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca logró, en primera instancia, la aprehensión de la alcaldesa y entonces candidata a repetir en el cargo Lizbeth Victoria Huerta y de Juan Antonio Hernández, El Centinela, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Control, que determinó vincularlos a proceso el 13 de mayo de 2021.
En julio de ese mismo año se logró la aprehensión de Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, El Colas, quienes también fueron vinculados a proceso por la desaparición de la activista británico-mexicana.
Siendo senador y ya como precandidato a la gubernatura, Salomón Jara defendió públicamente a su amiga Lizbeth, alegando que fue víctima de una “venganza política”, y exigió que se le dejara en libertad.
El 14 de mayo pasado divulgó un video en el que aseguró que la acusación contra la alcaldesa era producto de un golpeteo por la coyuntura electoral; la calificó como “una luchadora social” y una mujer honesta, y aseguró que su aprehensión era una injusticia.
Sin embargo, desde Palacio Nacional, el propio presidente López Obrador le mandó un mensaje para que sacara las manos de ese caso y dejó entrever que tenía información sobre la posibilidad de que se exonerara o protegiera a Lizbeth Victoria Huerta.
En la conferencia matutina del pasado 30 de noviembre, en vísperas de que el exsenador de Morena asumiera la gubernatura, López Obrador dijo: “Hay un caso que tiene que ver con justicia. Ahorita tenemos uno que nos preocupa bastante, de Oaxaca, que tiene que ver con la actuación de autoridades locales y de juzgados, de influyentismo, que no se quiere castigar a responsables de una violación de derechos humanos, y ahí estamos pendientes.
“Todos los días se está luchando y se está haciendo exhorto a ministerios públicos, a jueces, a magistrados, inclusive a los ministros, de manera respetuosa se les está pidiendo que actúen con rectitud y que haya justicia, es nuestra lucha permanente.”
El miércoles 7 de diciembre, la familia Uruchurtu Cruz calificó de histórico el fallo de la jueza, quien ese día había declarado culpables por la desaparición forzada a los cuatro inculpados, incluyendo a la exalcaldesa y excandidata morenista.
“Son 18 meses sin Claudia. Hoy siete de diciembre de 2022 por primera vez en Oaxaca se logra una sentencia condenatoria en contra de exservidores públicos por el crimen de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia. Hoy 7 de diciembre del 22 es un día que marca el final de la impunidad absoluta en materia de desaparición forzada en México. No es un día de celebración, es más bien un día donde se abre un nuevo capítulo de esperanza para las más de 106 mil familias que siguen luchando por el acceso a la justicia y a la verdad y por encontrar a sus desaparecidos.”
Pero el jueves 15, fecha en que se programó la audiencia para dar a conocer las sentencias individualizadas, el caso dio un giro de 180 grados.
Ese día, también desde la conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, habló así del caso:
“Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas, entre ellas la alcaldesa de Nochixtlán Lizbeth N.; la jueza condenó a estas cuatro personas por el delito de desaparición forzada. Solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción, que se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre.”
Y continuó Mejía: “Sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para la desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de personas. Aquí hay una diferencia sustantiva, porque para el delito de desaparición forzada, que es por la que se realiza la condena, la pena va de 40 a 60 años de prisión, y el otro delito es de dos a siete años de prisión”.
El funcionario federal dijo que este caso se exhibió porque “generó mucha indignación y además está probado y sentenciadas las personas como responsables. Entonces, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella determinó. Sería un caso de impunidad. Y se recurriría a otras instancias si fuera el caso”, advirtió.
Ninguno de los mensajes enviados desde Palacio Nacional tuvo efecto.
Tampoco el hecho de que una comisión parlamentaria de Reino Unido realizó una visita a Oaxaca el 18 de noviembre pasado, después de que en el parlamento de ese país se hablara de imponer sanciones económicas a México por casos como el de la desaparición de la activista contra la corrupción.
Durante una sesión de trabajo realizada el 14 de noviembre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, la diputada Alicia Kearns planteó esta propuesta como una “medida histórica” para mejorar los derechos humanos.
Kearns, coordinadora del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité Conjunto de Seguridad Nacional del Parlamento Británico, preguntó al ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, si habrá sanciones para México debido a su negativo récord con respecto a los derechos humanos y, en particular, por el caso de Claudia Uruchurtu, en su calidad de ciudadana británica, además de mexicana.
Un video de la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados Británica registró la intervención de Alicia Kearns, quien sostuvo: “Hay una epidemia de feminicidios y corrupción en México y esta es la clave para poder usar sanciones”.
