PUEBLA, Pue. (apro).- La justicia federal concedió un amparo para que se investigue y se determine posibles sanciones a los funcionarios responsables de la “detención infundada” de Francisco Castillo Montemayor, exfuncionario del gobierno de Mario Marín Torres, quien en 2016 fue considerado uno de los presos políticos del fallecido gobernador panista Rafael Moreno Valle.  

El juzgado segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal ordenó que a la juez de control local que revise el caso de la detención de Castillo Montemayor, quien estuvo por 14 meses en prisión en base a un “expediente fabricado”. 

De acuerdo a la resolución del amparo, en el caso de Castillo Montemayor se violaron derechos humanos de acceso a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. 

El ex secretario del Medio Ambiente del sexenio de Marín Torres asegura que fue criminalizado después de que hizo críticas a las acciones emprendidas por el gobierno de Moreno Valle en el parque Flor del Bosque y por cuestionar temas de su política ambiental. 

El 15 de noviembre de 2016, el exfuncionario fue detenido supuestamente acusado de cometer peculado en su gestión como secretario, pero distintas organizaciones civiles denunciaron que era una represalia por declaraciones que hizo a la prensa. 

El exfuncionario relató que a finales de 2017 fue liberado luego de que un juez resolvió que no había pruebas para responsabilizarlo por los supuestos delitos por los cuales fue detenido. 

“Me fabricaron un delito sin tener ningún elemento para hacerlo. Tanto el contralor, como el secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra, se coludieron de manera soterrada, burda. Me exhibieron como un delincuente, como un funcionario corrupto, le causaron un dolor profundo a mi familia, me causaron un daño físico”, declaró. 

Dijo que en 2020 emprendió una demanda para responsabilizar a los funcionarios que participaron en la fabricación de su caso. Sin embargo, luego de dos años de revisar su expediente, en abril de 2022, la fiscalía general de Puebla determinó la no acción penal, es decir, que no había delito que perseguir. 

Recurrió a los tribunales estatales para impugnar esa resolución, pero una juez de control local confirmó la no acción penal dictada por la Fiscalía, por lo que en septiembre del año pasado, interpuso el juicio de amparo 869/2022, el cual le fue concedido. 

La resolución ordena analizar la determinación de la FGE de no investigar el presunto delito cometido por su aprehensión infundada y remitir las constancias a la Fiscalía General de la República para investigar los posibles actos de tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes que pudo sufrir el ex funcionario.

Castillo Montemayor sostuvo que en su caso se cometieron los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, así como tráfico de influencias, entre otros.

El Comité para la Libertad de Presos Políticos y Perseguidos y contra la Represión Social en Puebla señaló que el caso de encarcelamiento de Castillo Montemayor “sin haber cometido delito alguno”, no es el único ocurrido en esta entidad, pero “sí el que está reclamando justicia por ello”.