CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alegada soberanía energética del país “no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones”, alertaron organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, el medio ambiente y los territorios.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dejara la puerta entreabierta al fracking, al anunciar en su conferencia de prensa matutina de este jueves la conformación de un comité de expertos para encontrar una opción “sustentable” de ese método de extracción de gas, las organizaciones ambientalistas advirtieron que “existe amplia evidencia científica que documenta los impactos ambientales y sociales de esta técnica”, sobre todo en países como Estados Unidos donde el fracking se ha aplicado masivamente en más de dos décadas.

En un comunicado, organizaciones encabezadas por la Alianza Mexicana contra el Fracking resaltó que el posicionamiento de Sheinbaum significa “un giro político que contradice el compromiso de la 4T asumido por la hoy presidenta de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país”.

Apuntaron que el rompimiento de su compromiso de campaña, ya se advertía desde que se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que plantea la articulación en torno al “mal llamado ‘gas natural”.

No existe una versión “sustentable”

Las organizaciones, distinguidas por su formación científica, explicaron que el “el principal componente del gas fósil es el metano que, lejos de ser un combustible de transición, acelera la emergencia climática y obstaculiza el avance real hacia una transición energética”.

Al agregar que el gas fósil, el petróleo y el carbón “son los principales responsables del calentamiento del planeta”, como lo ha sostenido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), insistieron en que no hay fracking “sustentable”.

“Explorar una versión ‘sustentable’ del fracking puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe. La evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo del fracking ha sido compilada por científicos independientes y comprometidos de Estados Unidos desde hace 15 años”, alertaron.

Ante la búsqueda de documentación por el Comité de expertos anunciada por la presidenta, las organizaciones ambientalistas resaltaron que en 2023 científicos independientes recabaron más de 2 mil 300 estudios científicos, que concluyeron en un solo sentido: “Los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento”.

Consideraron que “el comité de personas científicas y expertas que plantea la presidenta debería responder a las necesidades del pueblo de forma independiente, y el pueblo ha manifestado claramente: ¡No necesitamos fracking, necesitamos igualdad, justicia energética y climática!”.

Tras aconsejar que camino “más oportuno” sería que los científicos mexicanos se avocaran a acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, y dar pasos hacia la transición energética, como lo dictan los acuerdos internacionales firmados por México, las organizaciones resaltaron que, al ser el agua esencial en la extracción del gas a través del fracking, utilizar métodos de reciclamiento implicaría altísimos costos, por lo que cabría preguntar: “¿Asumirá Pemex estos costos, pese a su ya elevada deuda?”.

Apuntaron que, de poderse extraer todas las reservas de gas que hay en el subsuelo mexicano, “sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil”, situación que puede advertirse en el mismo Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que señala que en una década la meta sería alcanzar un volumen de 4 mil 988 MMpcd (miles de millones de pies cúbicos diarios), cuando la demanda de hoy en día es de 9 mil MMpcd.

Destacaron que la misma presidenta admitió en su conferencia que el mayor consumidor de gas fósil es la industria manufacturera, “integrada por capitales transnacionales que además de explotar la mano de obra nacional, explotan y contaminan nuestra agua, suelos y aire, dejando una larga estela de pasivos ambientales, impactos sociales y a la salud en los territorios done se instalan”.

Soberanía en duda

Las organizaciones puntualizaron: “Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar un modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria”.

Citando el Plan Estratégico de Pemex, resaltaron que la institución reconoce que por sí sola “tendría complicaciones para afrontar el desarrollo de los ambiciosos proyectos de producción de gas fósil, por lo tanto tendría que recurrir a la iniciativa privada, que sin duda ya está afilando sus estrategias para ofrecer sus servicios”, lo que pone en duda la alegada soberanía.

“¿Depositaría Sheinbaum la soberanía de México en compañías estadunidenses con la experiencia, la tecnología y el capital para desarrollar fracking y explotar yacimientos complejos?”, cuestionaron las organizaciones.

???Estamos de acuerdo en construir un México soberano, pero el Gobierno omite que la soberanía no puede alcanzarse de espaldas a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones. ??

?? Lee el boletín completo en https://t.co/GwR0sjp48c pic.twitter.com/VYi42Uk6N3 — No Fracking Mx (@NoFrackingMx) April 9, 2026

Recordaron que los “territorios sacrificados” por la industria petrolera han confirmado que no hay método sustentable en la extracción de gas y petróleo, y que son la evidencia de daños al medio ambiente y a la salud.

Como pruebas de ello, las organizaciones señalaron los daños causados por el derrame de petróleo en comunidades costeras del Golfo de México, así como las emanaciones de gas fósil a las que la población de Las Choapas, Veracruz, han estado expuestas tras la explosión del pozo exploratorio Krem-1, que no ha podido ser controlado por Pemex.

“Ir por la ruta de más gas fósil convencionales o no convencionales, significa una sentencia de muerte para comunidades indígenas y campesinas que, lejos de beneficiarse del desarrollo que la presidenta dice pondrá al centro, hacen frente con sus propios medios a los impactos ambientales y sanitarios de los desastres de la industria fósil que luego los gobiernos, como el actual, se niegan a reconocer. Al centro debería estar la vida digna para todas y todos, empezando por quienes sistemáticamente han sido marginados”, puntualizaron.

“Mandato traicionado”

Recordaron que en sus campañas por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se comprometieron con comunidades indígenas afectadas por la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Coahuila, a defender sus territorios, “mandato que hoy claramente está siendo traicionado”.

A esa promesa, se suman los compromisos internacionales de México en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de acción climática y transición energética, amén de señalamientos de representantes de la ONU en materia de cambio climático, que alientan a dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles, en tanto que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtieron de la responsabilidad de los Estados de prevenir daños significativos en el ambiente.

“Estas obligaciones no son abstractas. En caso de que el Estado mexicano falle en cumplimiento de sus obligaciones internacionales podría estar cometiendo un acto internacionalmente ilícito y ser imputable por ello”, advirtieron las organizaciones al recordar que también hay tratados en materia de derechos humanos firmados por México que está forzado a cumplir, en apego a la Constitución, como lo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

“Como bien sabe Claudia Sheinbaum, pues fue uno de sus compromisos electorales que la llevaron a la presidencia, para las comunidades y los habitantes de San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Nuevo León, el fracking no es una opción ni es sustentable, el mandato que pretende ser incumplido se mantiene: ¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!”, sentenciaron los firmantes.

Además de la Alianza Mexicana contra el Fracking, firmaron el pronunciamiento 82 organizaciones más, entre ellas, Acción Colectiva Socioambiental, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Asociación Ecológica Santo Tomás, Caminantes del Desierto, CartoCrítica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Geocomunes, Greenpeace, Corason Defensa del Territorio, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Tejiendo Redes Infancia, Fundación para la Justicia y la Democracia, Impunidad Cero, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Sin Fronteras, entre otras más.