CULIACÁN, Sin. (apro).- Para el gobernador Rubén Rocha Moya, la crisis que atraviesa Sinaloa en materia de desaparición de personas no se ve reflejada en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, afirmando que su gobierno sí mantiene campañas y políticas públicas contra este delito. 

“Tengo la misma opinión que tiene la presidenta (Claudia Sheinbaum) con relación a lo que se parece o aparece como un informe poco objetivo”, dijo. 

Sin embargo, en 2024 el delito de privación ilegal de la libertad tuvo una impunidad del 100 por ciento en Sinaloa. Es decir, de las mil 610 denuncias penales en el estado, ninguna obtuvo resolución. 

Además, Sinaloa tuvo un notable incremento del 93 por ciento con respecto al año anterior en este tipo de delitos, el cual comenzó a recrudecerse en septiembre de 2024 con el inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos, que provocó en el último cuatrimestre de ese año 911 casos. 

A pesar de estas estadísticas, colectivos de búsqueda advierten que el fenómeno acumula hasta el triple de casos, y a la fecha se estima en más de 3 mil las personas desaparecidas durante esta guerra en Sinaloa. 

Al respecto, el gobernador insistió en que el informe, además de no ser objetivo, no refleja la situación del estado, ya que su administración, dice, sí atiende con campañas permanentes de búsqueda de personas. 

“Nosotros no lo hacemos por desconocimiento de causa (tildar de poco objetivo al informe de la ONU). Nosotros tenemos años revisando todo, el padrón de desapariciones, todo, hemos hecho campañas permanentes de búsqueda y apoyado a las buscadoras, entonces, yo creo que se requiere que haya un poco más de objetividad en el informe”. 

Y con todo y estas políticas, desde el 2019 las denuncias por este delito superan las de homicidio doloso, y mantienen un incremento año con año no solo en denuncias formales. sino en aquellas que son recibidas por colectivos de búsqueda, sobre todo en Culiacán y Mazatlán.