QUINTANA ROO (proceso.com.mx).- El gobierno federal anunció la expropiación de más terrenos de propiedad privada en el norte de Quintana Roo para ser utilizados a favor del Tren Maya, con una declaratoria de utilidad pública que afecta a 46 predios en los municipios de Solidaridad, Tulum, Benito Juárez y Puerto Morelos. En esos territorios políticos se asientan los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya

El nuevo anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación con refrendo de Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), impone la expropiación de una superficie de un millón 383 mil metros cuadrados ubicados sobre la línea de selva donde el gobierno federal pretende que atraviesen los tramos 5 norte y 5 sur del Tren Maya. 

La nueva declaratoria de utilidad pública, que antecede a un evento de expropiación, se suma a otros emitidos en enero y febrero pasado. Respectivamente, en el primer anuncio fueron 198 predios con una superficie total de dos millones 410 mil metros cuadrados de propiedad privada; en el segundo anunciaron 231 propiedades asentadas sobre cinco millones 355 mil metros cuadrados. 

Con este nuevo anuncio, hay un total de 475 terrenos privados con declaratoria de utilidad pública que se encuentran sobre una superficie aproximada de nueve millones 148 mil metros cuadrados. 

Además de Sedatu, en el proyecto del Tren Maya intervienen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la sociedad mercantil de participación estatal Fonatur Tren Maya. 

Actualmente sobre el tramo 5 sur del Tren Maya existe una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 884/2022; mientras la justicia federal no dicte sentencia firme sobre el asunto, no se puede realizar ningún tipo de trabajo en un área de desmonte ubicado entre Tulum y Playa del Carmen, donde la empresa licitada Grupo México Acciona inició los trabajos sin la aprobación de la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

La nueva declaratoria de utilidad pública ya era esperada por el grupo de ambientalistas que ha interpuesto demandas de amparo. José Urbina Bravo, promovente de uno de los amparos, mencionó que el gobierno federal busca nuevas vías para evadir los medios de control constitucional de protección de los derechos de las personas. 

“Nuestro equipo de abogados que me representa en el amparo que yo presenté, estaba preparado para esto, sabía esto (...) seguimos confiados porque la ciencia, la razón, están de nuestro lado, ellos nos combaten nuestros argumentos con algo repetitivo, ellos decían: eran acahuales: no lo eran; tenía la MIA: no lo tenían; no se iba a cortar ningún árbol: lo cortaron” (sic), sostuvo Urbina Bravo. 

El pasado martes 7 de junio hubo una reunión pública informativa de la MIA del Tren Maya tramo 5 sur en la casa ejidal de Jacinto Pat, en Tulum. Fue convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Fonatur.  Los ambientalistas participaron bajo protesta y la pregunta principal hecha a los especialistas llevados por el gobierno federal fue la razón de haber iniciado trabajos sin documento técnico ambiental aprobado; no hubo respuesta en la reunión. 

En un boletín de prensa emitido posteriormente por Fonatur, éste informó que el proyecto es viable: “es viable ambientalmente y, frente a la tendencia de deterioro que ya registra la Península de Yucatán, contribuirá a reordenar el entorno con medidas de mitigación y acciones de conservación y protección del medio ambiente” (sic).