PUEBLA, Pue., (apro).- Tras cinco años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 sobre la violación a los derechos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, el afluente sigue representando un riesgo para el medio ambiente y la salud de los pobladores.

El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés precisó que, de acuerdo a datos del INEGI, entre 2015 y 2019 murieron en Tlaxcala más de 17 mil 500 personas por algún tipo de cáncer, lo que representa que cada dos horas y media alguien falleció por enfermedades que podrían estar relacionadas con la grave contaminación que persiste en esa zona.

Al presentar en diversas comunidades y escuelas de la entidad, el “Museo Memorial Las Voces del río Atoyac”, Alejandra Méndez, directora del Centro, recordó que, según cifras oficiales, en esa región operan alrededor de 20 mil 400 unidades económicas que en 2019 vertieron más de 199 millones de metros cúbicos de aguas residuales que contaminan al Atoyac, al Zahuapan, al Alseseca y a la presa Valsequillo, los cuales forman parte de una misma cuenca.

El 21 de marzo se cumplieron cinco años que la CNDH emitió su recomendación 10/2017 en la cual reconoce que existe una relación entre la contaminación y las enfermedades en la zona.

“Las altas concentraciones de contaminantes químicos y biológicos que son descargados a los Ríos Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, provenientes tanto de descargas de carácter municipal como industrial; además de la degradación ambiental que conlleva, tiene severas repercusiones contra la población humana, cuya salud se ve comprometida por la exposición a contaminantes de origen químico o biológico”, refiere el escrito de la Comisión.

El Centro Fray Julián Garcés y otras organizaciones civiles lanzaron un pronunciamiento en el que acusan que la CNDH no ha sido activa para realmente proteger los derechos humanos de la población, ni para exigir el cumplimiento de la propia recomendación que emitieron en 2017.

Además de académicos e intelectuales, este escrito es firmado por organizaciones como Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI) y el Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, CDEZ, entre otros.

Incluso, las organizaciones civiles hacen ver que la CNDH se ha sumado a las posturas de simulación sobre las acciones para sanear el Atoyac.

Recuerdan que, en octubre pasado, cuando se realizó un foro de consulta sobre el cumplimiento de la recomendación, convocado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), el representante de la CNDH resaltó la labor de las instituciones y autoridades como un “ejemplo en la materia”.

“Si bien al momento se muestra cierta voluntad por parte de las instancias federales recomendadas, lo cierto es que la participación gubernamental estatal y municipal aún no se perfila de manera adecuada”, indican.

Los firmantes sostienen que hasta ahora las supuestas respuestas de atención a la recomendación 10/2017 sólo son una serie de oficios que la CNDH valida sin que se indague la efectividad de las acciones y sin establecer un diálogo con las comunidades afectadas por la contaminación. 

 “…consideramos imperante una participación activa de la CNDH, y dada su errada actuación, desde el 15 de octubre de 2021, enviamos una solicitud de reunión con la Presidenta de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, agregan.

Las organizaciones urgen a la CNDH a dar un seguimiento “puntual y profundo” al cumplimiento de la recomendación que, a cinco años, “sigue sin cumplirse”.