PUEBLA, Pue. (apro).- Francisco Romero Serrano, aún Auditor Superior de Puebla, acusó que la Fiscalía General del Estado manipuló y editó un video que presentó ante un juez para lograr que lo vincularan a proceso por el delito de violencia familiar.

El funcionario, quien está suspendido de su cargo, aseguró que ya se realizó un peritaje que confirmó que la Fiscalía usó como prueba en su contra una grabación editada para acusarlo de que cometió violencia contra el hijo de su esposa, por lo que además de tener elementos para ampararse, también acusará penalmente a la autoridad poblana por esta acción ilegal.

Agregó que las dependencias poblanas además han incurrido en otras irregularidades con tal de sacarlo de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Una de esas acciones, indicó es que el DIF de Puebla mintió ante un juez federal para que éste dejara sin efecto una suspensión provisional que le había otorgado a su esposa Joseline Zurita y su hijo para que evitar que se les separara.

Romero Serrano explicó que el DIF, al rendir su declaración previa ante el juez, negó el acto reclamado como autoridad responsable.

Sin embargo, en los últimos días representantes de esa dependencia volvieron a presentarse en la casa que habita Zurita para tratar de llevarse al menor en custodia, lo cual. dijo, ya fue notificado a la autoridad judicial, la cual podría emitir ahora una suspensión definitiva a favor de madre e hijo. 

El auditor poblano, quien fue suspendido por una medida judicial que se emitió precisamente en el juicio que se le sigue por violencia familiar, agregó que las autoridades poblanas han ignorado incluso el testimonio de la presunta víctima.

Agregó que, para acusarlo del delito, la FGEP se apoyó en el testimonio de policías municipales que en su declaración aseguran que el día de los hechos, 23 de octubre de 2021, vieron que portaba armas, pero que al declarar ante el juez “fueron incapaces de describirlas y/o asegurarlo”.

“Aseguran que fueron golpeadas tres personas, sin evidencia de ningún tipo”, sostuvo el funcionario, quien en la edición impresa de Proceso en circulación afirma ser víctima de una persecución política por parte del gobierno de Barbosa Huerta, quien quiere que deje el cargo como titular de la ASE, aunque su periodo concluye hasta 2026.

También recordó que la FGEP aceptó el 11 de febrero las medidas cautelares que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de su esposa, su hijastro (un niño de seis años) y de él mismo, entre las cuales se le pedía que dejara de seguir “por oficio” la denuncia contra Romero Serrano por violencia familiar, así como respetar su presunción de inocencia.

La noche del 21 de febrero, la FGEP emitió un boletín en el que informa que obtuvo vinculación a proceso en contra de Romero Serrano y que aportó evidencia donde presuntamente el imputado “agredió de manera física y verbal a un menor de edad, hijo de su pareja sentimental”.