PUEBLA, Pue. (apro).- La organización de padres de familia y estudiantes, llamada Udlap Unida, calificó de penosa la actuación del juez tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Tomás Zurita García, quien sobreseyó el juicio de amparo que ordenaba la restitución del campus de la Universidad de las Américas Puebla a la administración vigente antes de la toma del 29 de junio.

Al hacer un llamado a la comunidad universitaria a continuar con la resistencia pacífica, la agrupación que ha promovido una demanda colectiva, recordó que apenas en los últimos días justo habían pedido a ese juez que hiciera valer la suspensión definitiva que había otorgado para que el campus de la UDLAP fuera restituido a la administración de la rectora Cecilia Anaya Berríos y al anterior patronato.

Refieren que, antes de esto, el juez había hecho un buen trabajo, hasta que tomó un desistimiento que fue promovido por el patronato nombrado por el gobierno del estado en otro proceso y lo usó para sobreseer el amparo 1029/2021.

“¿Qué le paso? ¿En qué momento perdió la brújula jurídica? ¿Cómo acordó con una supuesta noticia que nadie encontró en internet, que había un desistimiento?, ¿Qué le habrán ofrecido para volverse espurio? ¿Cómo pudo confundir el juicio 142/2021 con el “juicio 519/2021” radicados ambos ante el Juez 60 de lo Civil de la Ciudad de México?”, dicen en el comunicado.

Agregan que de “un plumazo” recurrieron a una “chicana jurídica” como otras que ha cometido la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla y el patronato nombrado por ésta, para dejar sin efecto el amparo, con lo que se alargará aún más la resolución del conflicto.

 “Debemos tener mucha paciencia y esperamos que la superioridad en el recurso de queja que haga valer la FUDLAP se corrija esta grave falta (por no decir robo jurídico)”, señala el comunicado.

Ricardo Nevarez, padre de familia representante de la colectividad, dijo que la comunidad universitaria se mantendrá fuera del campus, porque al ingresar se legitimarían las acciones ilegales a las que ha recurrido el gobierno de Puebla, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada y el patronato que preside Horacio Magaña, para intervenir la UDLAP.