Puebla

Carece de legitimidad el patronato de la UDLAP nombrado por el gobierno de Puebla: juez

Una nueva resolución judicial confirma que el patronato presidido por Horacio Magaña es "espurio" y carece de facultades para celebrar asambleas, por lo que todos sus acuerdos son nulos.
jueves, 10 de febrero de 2022 · 13:46

PUEBLA, Pue. (apro).- El patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que encabeza Horacio Magaña y el cual fue nombrado por el gobierno estatal recibió un nuevo revés pues el poder judicial determinó que carece de personalidad y facultades, por lo que ninguno de sus actos es válido, informó la oficina de la rectora Cecilia Anaya Berríos y la Fundación Mary Street Jenkins.

En un comunicado, se informa que el juzgado 8º de distrito en materia de Amparo Civil de la Ciudad de México emitió este 8 de febrero una resolución en torno al expediente 612/2021 con la cual decreta que el patronato que encabeza Magaña carecía de facultades para celebrar la sesión del 27 de octubre de 2021.

Esto, refiere, porque ya para esa fecha existía una suspensión decretada en el amparo indirecto 1011/2021 del Juzgado 9° de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, que tuvo por objeto la no ejecución de las medidas decretadas por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

Agrega que los efectos de esta nueva resolución judicial confirman que el patronato presidido por Horacio Magaña es “espurio” y carecía de facultades para celebrar asambleas, por lo que todos sus acuerdos son nulos.

Entre ellos el nombramiento de Cecilia Lara Maldonado, como apoderada legal de la Fundación Mary Street Jenkins, quien luego de eso acudió con esa representación ante el poder judicial de Puebla para recibir el campus de la UDLAP, como una forma de simular que se había cumplido con un amparo federal que ordenaba la restitución de las instalaciones.

“En mérito de lo anterior, el poder judicial no reconoce ninguna personalidad al grupo de personas que se hacen llamar “nuevo patronato” encabezado por Horacio Magaña y ninguno de sus actos son válidos”, menciona el escrito.

Además, asegura que los únicos patronatos legales y reconocidos por las autoridades federales son el de la UDLAP que preside Margarita Jenkins de Landa, y el de la Fundación Mary Street Jenkins, encabezado por Juan Carlos Jenkins de Landa.

“Desde la Fundación Mary Street Jenkins y la oficina de la rectora Cecilia Anaya Berríos hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que prevalezca la prudencia y se evite validar actos irregulares provocados por el grupo espurio que mantiene secuestrada a la UDLAP”, concluye el comunicado.

Anoche, el patronato que preside Magaña y que tiene como representante a Rodrigo Gurza emitió también un comunicado en el que acusa a la rectora Cecilia Anaya Berríos de negarse a asumir la posesión jurídica y material del campus de la UDLAP por privilegiar el interés de la familia Jenkins que está sujeta a procedimientos de carácter penal.

La representación que fue nombrada en abril de 2021 por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) señala que la plena posesión del campus y de todos sus accesorios fue consignada el 4 de febrero ante un juez civil de Puebla a beneficio de Anaya Berríos.

“De esta manera, la doctora Anaya está en condiciones de asumir la posesión jurídica y material para conducir la UDLAP”, sostiene esa representación.

Insiste en que no existe ningún obstáculo legal que impida al personal directivo y administrativo a retomar actividades normales de la UDLAP.

“Por lo tanto, cualquier excusa del personal directivo y administrativo para no presentarse al campus responde únicamente a intereses ajenos a los propósitos de la UDLAP”, dice. “Este patronato reitera su llamado a que la UDLAP no se utilice como instrumento de presión para negociar impunidad”.

En tanto que en académicos y estudiantes se han pronunciado que no entrarán al campus hasta que el patronato nombrado por el gobierno salga del campus y además se haga una entrega por un juez, actuarios del tribunal y notario público que certifiquen las condiciones en las que se entregan las instalaciones.

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