COLIMA, Col. (apro).- Más de un año después de que recibió dos solicitudes de juicio político contra el exgobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado notificó al exmandatario sobre la existencia de esos dos procedimientos y le concedió un plazo de 30 días para comparecer ante esa instancia a rendir su informe.

El emplazamiento fue realizado a través de un edicto oficial publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Sexagésima Legislatura, el Periódico Oficial del Estado y un diario local, con el argumento de que se desconoce el actual domicilio de Peralta Sánchez.

La primera denuncia de juicio político fue presentada a principios de agosto de 2021 por la entonces diputada local Claudia Gabriela Aguirre Luna, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, y la segunda fue interpuesta por la exdiputada Araceli García Muro, también morenista, a finales de noviembre de ese mismo año.

En su momento, Claudia Aguirre argumentó que su denuncia se debió a los “presuntos y evidentes actos de corrupción en contra del pueblo de Colima”, luego de que en julio de 2021 ya había gastado todo el presupuesto del año y dejó de pagar el sueldo de los trabajadores durante los últimos meses de su mandato.

Aguirre Luna estimó entonces que “no existe justificación ni razón al daño tan grande ocasionado por el gobernador contra los trabajadores de la administración estatal”, además de que “hay las evidencias suficientes de desvío de recursos”.

Por su parte, la solicitud de juicio político de la exdiputada Araceli García fue presentada contra el exmandatario y contra quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, quien actualmente es diputado local por el PRI.

Tras presentar su denuncia semanas después de concluir su periodo como legisladora, dijo que lo hizo en calidad de ciudadana, también por el presunto desvío de recursos, pero bajo la perspectiva de la violación a los derechos humanos de los trabajadores, a quienes se les mantuvo sin sueldo por alrededor de tres meses.

Según el edicto de notificación, fechado el 1 de diciembre de 2022, “visto el contenido del acta circunstanciada de fecha 14 de noviembre de 2022, se desprende que el C. José Ignacio Peralta Sánchez, sujeto denunciado a emplazar en el presente procedimiento de Juicio Político no ha podido ser emplazado, en razón de que se desconoce domicilio particular, laboral o lugar donde se encuentre, donde pudiera ser localizado para efectos de ser emplazado al presente juicio político”.

Por lo anterior, señala el documento, “en virtud de que se han agotado todos los medios de actuación e investigación por parte de esta Comisión, a fin de poder emplazar de manera personal al citado denunciado (…), se procede a la aplicación supletoria del artículo del artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y para mejor proveer, se ordena el emplazamiento al presente juicio político del señor José Ignacio Peralta Sánchez, a través de edictos”.

Además, se le concedió al exgobernador un término de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos ordenados, para presentarse ante la Comisión de Responsabilidades a rendir su informe, en el que conteste las denuncias presentadas en su contra, exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime necesarias.

Peralta fue apercibido también que, en caso de no presentarse, “se le tendrá por perdido el derecho de rendir el informe y por prelucido el derecho de ofrecer pruebas”.