COLIMA, Col. (apro).- El gobierno de la morenista Indira Vizcaíno Silva anunció este viernes la presentación de denuncias contra el exmandatario José Ignacio Peralta Sánchez, así como titulares de secretarías y organismos descentralizados, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con hechos de corrupción en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten.

Las querellas fueron interpuestas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Contraloría General del Estado y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por la decisión de basificar a 229 personas dentro de la plantilla laboral del gobierno estatal, lo que “presupuestalmente no tenía ningún soporte ni sustento, además de que el proceso a partir del cual fueron otorgadas estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones, ni los requisitos para entrar en un esquema de basificación”.

En rueda de prensa, el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, señaló que tras detectar diversas irregularidades en el convenio con el que la pasada administración intentó realizar las basificaciones, este día se dieron por terminadas las relaciones laborales de ese personal.

“Las personas que estuvieron en este esquema de basificación en su gran mayoría eran allegadas al gobierno anterior, y allegadas me refiero a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público y en ese sentido no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación”, declaró el funcionario.
Precisó que entre este personal había cinco personas que no contaban ni con un año de antigüedad, nueve que apenas tenían un año, 13 con dos años, 18 con tres años, 20 personas con cuatro años y 28 con cinco años, cuando se tenía un gran espectro de personas que pudieron haber tenido más merecimientos por contar con una antigüedad mucho mayor.

A los anteriores, comentó Torrero, “simplemente no se les tomó en cuenta (…) en buena medida porque no formaban parte de ese grupo allegado a ese espectro del poder que anteriormente gobernó en nuestro estado; (la basificada) era gente que más bien tenía una relación de parentescos, había amiguismo, había compadrazgos, había diversas situaciones que no eran las que se deben de tomar en cuenta para otorgar una base a una trabajadora o a un trabajador”.

Por su parte, Roberto Rubio Torres, titular de la Consejería Jurídica, aclaró que esa decisión no se trata de una cacería de brujas, pues son temas que de manera ordinaria la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos les obliga a cumplir con honestidad, eficacia y eficiencia las actividades de servicio público.

Además de la denuncia ante la Fiscalía, dijo, se presentó una denuncia de hechos ante la Contraloría, a fin de que se investiguen las conductas “relacionadas con presuntas actuaciones que constituyen faltas graves, relacionadas y tipificadas en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Asimismo, se presentó otra demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, autoridad competente para dirimir los conflictos laborales entre las entidades patronales y los trabajadores, donde se demanda la nulidad del supuesto convenio de basificación, que “fue pactado únicamente entre ciertos titulares de Organismos Públicos Descentralizados y exfuncionarios de algunas secretarías de estado y del propio extitular del Poder Ejecutivo”.

A juicio de Rubio Torres, dicho documento es completamente ilegal, pues no se llevó a cabo conforme a la ley y es violatorio, entre otras disposiciones, del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la obligación que tienen todos los servidores públicos de dedicar los recursos de manera eficiente en las actividades que realmente estén presupuestadas.

El referido convenio, comentó Rubio Torres, también viola la ley burocrática, en diferentes disposiciones relacionadas con temas escalafonarios y de calidades de trabajadores, así como la Ley de Austeridad, la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipales, debido a que en el actual ejercicio 2021 no existían presupuestadas nuevas plazas de base vacantes, y menos aún un total de 229 que pudieran ser susceptibles de ocuparse en la administración.

“Eso de suyo es una grave irregularidad porque la propia ley establece que no se puede cubrir una remuneración o un pago que no esté autorizado por el Presupuesto de Egresos correspondiente. En ese sentido, eso es una de tantas irregularidades que se han detectado en esta situación que ha sido objeto de denuncia y de demanda laboral”, sostuvo.

Destacó que la gran mayoría de las personas basificadas se desempeñaban como secretarios particulares, directivos e incluso uno de ellos como secretario de estado y otros cargos eminentemente de confianza, que de un día para otro ya aparecieron como si estuvieran de base.

Finalmente, la titular de la Contraloría General del Estado, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, comentó que tras la recepción de la denuncia se tiene un término de tres días hábiles para la radicación de la misma y para iniciar el procedimiento de investigación que, subrayó, se hará con ética, con profesionalismo, apegado a derecho y alejado de todo tipo de filias o fobias políticas.

“Estaremos trabajando con estricto apego a lo que aplica esta norma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas (…) y si se encontrase en estos expedientes, en estas investigaciones, delitos graves, estaremos turnando también a la Fiscalía Anticorrupción los delitos correspondientes”, adelantó.