COLIMA, Col. (apro).- Por órdenes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en materia administrativa, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, integró un fideicomiso ambiental cuya creación, a pesar de estar considerada en la ley en la materia, no había sido atendida por el gobierno anterior ni por el actual.

La instrucción fue emitida desde abril anterior, luego de que al resolver el juicio de amparo en revisión 279/2020, el órgano jurisdiccional dio la razón al abogado Octavio Muñoz Mendoza, quien había denunciado que el incumplimiento de la obligación de formar el fideicomiso permitió que al menos en los siete años previos se desviaran más de 11 millones de pesos que deberían estar en ese fondo.

En la sentencia del amparo en revisión, el Tribunal determinó que, al establecer el fideicomiso ambiental, el gobernador José Ignacio Peralta y el director del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), Erick Guzmán Álvarez, deben realizar las gestiones necesarias para que se le asignen los recursos que le corresponden desde el 3 de abril de 2013 hasta el 10 de septiembre de 2020, fecha en que fue presentada la demanda de amparo.

A través de un oficio enviado al juez Segundo de Distrito, responsable de supervisar la ejecutoria del amparo, el titular de la Dirección de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Arturo Pérez Castillo, notificó el depósito de 5 millones 818 mil 813 pesos con 80 centavos al fideicomiso ambiental identificado con el número 27285 del Banco del Bajío S.A.

Sin embargo, el abogado promotor del amparo, Octavio Muñoz, interpuso un nuevo recurso en el que manifestó su rechazo en relación a la cantidad destinada por el gobierno estatal al fideicomiso, pues “contabilizando lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas dice sobre los ingresos obtenidos por derechos ambientales, contra lo que las leyes de ingresos desde 2013 a 2020 establecen que se tendría que recibir, hace falta un aproximado de $5´192,000.00 (cinco millones ciento noventa y dos mil pesos) de 2013 a 2015, por lo que Finanzas tendría que explicarle al juez donde quedó ese dinero o el porqué de la diferencia”.

No obstante, consideró que la formación del fondo bancario es “una gran noticia para el cuidado ambiental en Colima, pues el Instituto de Medio Ambiente (Imades) no tenía asignado un fideicomiso para sus labores como marca la Ley, no había dinero para el cuidado ambiental”.

Muñoz Mendoza añadió que sólo queda esperar cómo califica el Juzgado de Distrito la cantidad aportada por el gobierno del estado, pero “ojalá sea sensible el Poder Judicial y requiera al gobernador para que aclare los más de cinco millones de pesos que hacen falta”.

Apuntó: “Ojalá que este juicio de amparo sea precedente necesario para que el nuevo gobierno de Colima sea más sensible a la política del cuidado ambiental, que durante el gobierno de Ignacio Peralta se ignoró por completo”.