COLIMA, Col. (apro).- La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, informó que su equipo de transición ha detectado hasta el momento un adeudo de aproximadamente 11 mil millones de pesos que recibirá como herencia de la administración del priista José Ignacio Peralta Sánchez.

Lo anterior incluye el monto de la deuda bancaria, así como adeudos con proveedores de diversas dependencias como la Secretaría de Salud, transferencias a organismos como la Universidad de Colima, prestaciones laborales de los trabajadores y aportaciones al Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol), entre otros compromisos.

Así también, la morenista que asumirá la gubernatura el próximo 1 de noviembre denunció que, a menos de dos semanas del fin del sexenio, el gobierno saliente pretende vender bienes públicos del estado, entre ellos las instalaciones de la antigua 20ª Zona Militar, en la capital, y un terreno ubicado en El Colomo, municipio de Manzanillo.

En el caso del inmueble que hasta noviembre de 2018 albergó a la 20ª Zona Militar, Vizcaíno reveló que la semana anterior se intentó realizar un proceso “a modo, sin cumplir los tiempos que marca la ley”, para vender las instalaciones.

“Ese espacio –recordó-- se recibió por donación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y ahora con un proceso amañado de última hora buscan vender para cubrir boquetes financieros”.

En rueda de prensa ofrecida este lunes, la mandataria electa refirió, además, que hace unos días hubo un intento del órgano interno del C5i de sesionar para comprometer el ejercicio de casi 60 millones de pesos que no han llegado al estado, mediante un documento prefechado a septiembre.

Por lo anterior, Indira Vizcaíno expresó su desconfianza sobre el destino que el actual gobierno estatal pueda dar a cada peso que reciba.

“Sabemos que tenemos problemas graves con el pago del salario de trabajadores, a quienes les decimos que hay un gran riesgo de que cualquier peso que se reciba por este gobierno estatal saliente pueda ser utilizado para cosas distintas de lo que es nuestra prioridad, que es el pago a trabajadores”.

Tras señalar las presuntas anomalías en los manejos del gobierno que termina, Vizcaíno llamó a los servidores públicos de las dependencias involucradas a abstenerse de participar en esos procedimientos “ilegales”, que “acarrearán consecuencias graves a cada uno de ellos”.

De la misma manera, advirtió que su gobierno investigará a fondo a particulares y funcionarios que participen en esas operaciones, si es que se realizan, para tratar de descubrir si hubo cadenas de corrupción, porque “no son procesos sólidos legalmente y están poniendo en riesgo los recursos de particulares” y afectando el patrimonio del estado.