COLIMA, Col. (apro).- Debido al “manejo inadecuado en la gestión financiera realizada por la administración estatal saliente”, el Congreso del Estado decidió por unanimidad no aprobar la cuenta pública del ejercicio 2020 del gobierno del exmandatario José Ignacio Peralta Sánchez.

De acuerdo con el dictamen presentado en la tribuna por la diputada priista Hilda Lizette Moreno Ceballos, presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, la auditoría realizada arrojó 784 observaciones, de las que 69% fueron en materia de adquisiciones que no se ajustaron a los procedimientos previstos en la legislación.

“Reprobamos los actos contrarios de la ley, así como el uso discrecional de los recursos públicos del pueblo de Colima que realizó la administración estatal que acaba de concluir, mismos que hoy tiene al estado en una crisis financiera sin precedentes, que ha dejado a un sinnúmero de trabajadores sin lo más sagrado que es el sustento de sus familias, su sueldo”, señaló la legisladora.

Añadió que como la Ley de Disciplina Financiera lo señala, para tener finanzas sanas es imprescindible que se tenga un balance entre ingresos y gastos, pero “observamos que los egresos presupuestados fueron mayores a los ingresos presupuestales, lo que derivó en un déficit presupuestal para la entidad.

Así también, el informe de resultados de la auditoría aplicada a la cuenta pública del Poder Ejecutivo por el Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental (Osafig) arrojó que las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal “no fueron respetadas ni observadas en perjuicio de las finanzas estatales”, pues entre otras cosas el Ejecutivo “realizó compras y contratos que no cumplen con los requisitos mínimos de la ley de adquisiciones”.

Ante las evidencias de irregularidades financieras, la Comisión legislativa señaló que “todos los actos deben de ser investigados” y advirtió que “como legisladores daremos puntual seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos para que se investiguen, y sean presentadas cada una de las denuncias ante la fiscalía anticorrupción, y ante las instancias correspondientes, para llegar hasta sus últimas consecuencias y deslindar responsabilidades”.

Conforme al dictamen presentado en la tribuna por Moreno Ceballos, durante la revisión del manejo financiero en el ejercicio 2020 fue detectada una cuenta bancaria no registrada en la contabilidad del Poder Ejecutivo, lo que “demuestra un manejo nada transparente de las finanzas estatales” y “se observan también prácticas recurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos, por lo que existen diversos hallazgos en este sentido”.

Además, se detectó que en el tema del patrimonio del Poder Ejecutivo lo que se tiene registrado en la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2020 no coincide con la información presentada en su contabilidad a la hora de llevar a cabo la revisión y fiscalización de la misma.

El documento hizo notar que el Poder Ejecutivo Estatal fue el ente con el mayor adeudo ante el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), con pasivos por 932 millones 344 mil 7 pesos.

Entre otras anomalías, en plena pandemia se compraron uniformes escolares, equipos de oficinas, difusión de campañas culturales, publicidad de espectaculares, donde las empresas no cumplieron con los requisitos de ley.

En materia de obra pública se careció de transparencia en la planeación, programación, presupuesto y ejecución de las obras consideradas en el programa operativo para el ejercicio fiscal 2020.

De igual forma, agregó, las condiciones en las que se otorgaron los contratos de obra pública no fueron las óptimas, ya que en muchos casos se careció de estudio de mercado, presupuesto base, planos y proyectos, por lo que no se tiene la referencia del costo real de la obra, situación que implica la duplicidad de conceptos de obras y por consecuencia la duplicidad del pago de los mismos.

Otros hallazgos evidenciaron que se abusó de los procedimientos de contratación bajo “la excepción de la licitación,” optando por las adjudicaciones directas aun cuando las causas no se encuentran justificadas, por lo que “resultan irregularidades en materia de obra pública y un mal manejo de las finanzas del gobierno del estado”.

Al rendir protesta como nueva gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno Silva señaló que recibía un estado quebrado, con pasivos de alrededor de 11 mil millones pesos y un déficit presupuestal de más de dos mil millones de pesos para este fin de año.