COLIMA, Col. (apro).- Tras una primera revisión en tres secretarías del gobierno estatal, la administración de la morenista Indira Vizcaíno Silva detectó anomalías por más de mil 800 millones de pesos en el manejo de los recursos durante la gestión de su antecesor, el priista José Ignacio Peralta Sánchez.

Durante la rueda de prensa "Diálogos por la Transformación" realizada en las oficinas del gobierno estatal en Manzanillo, la mandataria aseguró que en su gobierno no habrá impunidad en torno a las irregularidades que se detecten en el uso de los recursos por parte de la pasada administración.

“De parte del Gobierno del Estado —reiteró Vizcaíno Silva— no habrá impunidad; nosotros haremos todo lo que nos corresponda hasta entregarlo a las autoridades y como lo dijo nuestro presidente y lo compartimos: queremos justicia, no venganza; no vamos a inventar, no vamos a hacer cacería de brujas, pero sí vamos a exigir que haya justicia para las y los colimenses”.

Por su parte, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, dijo que al revisar el uso de los 500 millones de pesos del crédito solicitado por la pasada administración para la obra del C5i, solamente se utilizaron alrededor de 140 millones para ese fin, mientras que el resto, 340 millones, fueron desviados para rubros no etiquetados en la autorización del Congreso del Estado.

De acuerdo con la funcionaria, esos recursos fueron utilizados para cubrir apoyos, pagos de deuda, impuestos y nómina, obra pública, pago a proveedores, reintegros, pagos del Sector Salud, entre otros rubros; en tanto que otros 3.5 millones de pesos no se ha identificado a qué se destinaron.

Indicó: “Esto quiere decir que se entiende que se desvió ese recurso para acciones distintas para lo que fue contratado (…) se están haciendo las gestiones con las autoridades competentes para que hagan los hallazgos y las denuncias”.

También presente en la rueda de prensa, el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, informó que la administración anterior contrató de manera reiterada a distintas empresas y despachos, cuya función era ayudarles a eliminar las observaciones que hacía la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el uso de los recursos.

Refirió que de no haberse aplicado este esquema y si la auditoría hubiera profundizado en sus procedimientos, seguramente desde mucho antes se habría podido evitar el desastre financiero que dejó el gobierno anterior.

Ese esquema se reprodujo principalmente para las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018, en los que se contrataron montos significativos y que no tenían razón de ser, refirió, toda vez que existe una Contraloría General del Estado que es la que se debe de encargar de atender este tipo de situaciones.

La titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Martha Janeth Espinosa Mejía, expuso que de los 611 millones autorizados en 2021 para esa dependencia, el gobierno de la pasada administración solo radicó alrededor de 490 millones, quedando pendiente de radicar más de 100 millones.

En esa misma dependencia se encontraron adeudos en los ejercicios fiscales del 2012 al 2020 por montos de más de 630 millones de pesos por conceptos como proveedores, juicios mercantiles, laudos y pagos de obligaciones derivadas a servicios personales. Y al cierre del ejercicio fiscal 2021 existen compromisos presupuestales por casi 500 millones de pesos.

Espinosa Mejía añadió que la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General de Estado, han detectado montos pendientes por solventar de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2016 a 2021 por más de 264 millones de pesos, que de no solventarse podrían generar un reintegro de recursos no viable.

Por su parte, la Contralora General del Estado, Isela Uribe Alvarado, explicó que una vez que se reciban los reportes de todas las posibles irregularidades que se detecten en cada dependencia, se llevarán a cabo los procesos de investigación y en caso de encontrar irregularidades se resolverá y se sancionará de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas.

“En caso de que derivado de los procesos de investigación se encontraran irregularidades mayores de tipo grave será a través de la Contraloría donde tendrá la facultad para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y serán ellos quienes emitirán sanciones por delitos de tipo penal”, comentó.