PUEBLA, Pue. (apro).- Luego de que Jorge Arturo Cruz Lepe, secretario de Gobernación del Ayuntamiento panista de Puebla capital, reconoció que tenían tres personas infiltradas en los grupos feministas de esta entidad, activistas y organizaciones exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) abrir una investigación al respecto. 

En una comparecencia ante la comisión del Cabildo, el 19 de octubre Cruz Lepe reveló que el Ayuntamiento tenía tres personas infiltradas en grupos feministas de Puebla desde el 8 de marzo, producto de un supuesto “monitoreo” a las actividades de esas organizaciones.

Colectivas feministas emitieron distintos pronunciamientos en los que calificaron este hecho como “de suma gravedad”, por lo que exigieron al alcalde panista, Eduardo Rivera Pérez y al propio Cruz Lepe que den a conocer los nombres de las personas infiltradas, dinero que se usa para ese tipo de espionaje, así como los registros y almacenamiento de la información que han obtenido por ese espionaje.

“Hacemos un llamado a instancias públicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para intervenir de forma inmediata contra las declaraciones de Jorge Arturo Cruz Lepe, pese al posicionamiento de Adán Domínguez Sánchez, gerente municipal, justificándolo”, indicaron en un escrito.

Pidieron a más colectivos estatales y nacionales pronunciarse en contra de estas acciones de persecución y criminalización que ha puesto en práctica el gobierno panista. 

“No permitiremos que ninguna organización o compañera feminista se encuentren en riesgo y tampoco descansaremos hasta que este gobierno municipal reciba justa sanción ante labores ilegitimas y violatorias de derechos humanos de las organizaciones y mujeres feministas”, recalcaron.

Este escrito está firmado por organizaciones como Coatlicue Siempre Viva, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), el Grupo Transgénero Puebla y el Consejo de Participación Ciudadana de Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla, entre otras. 

También en otro pronunciamiento, las integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla, manifestaron que lo expuesto por el secretario de Gobernación revela actos en contra de los derechos humanos de personas y organizaciones locales y se inserta en una narrativa de criminalización y violencia institucional en contra del movimiento feminista. 

“Por lo anterior exigimos a las autoridades competentes hacer valer la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, actuando en consecuencia del marco normativo que les debe regir y generando responsabilidades ejemplares al servidor público del Ayuntamiento de Puebla”, señala el escrito.