CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reprobaron las “amenazas y actos de hostigamiento” contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas, a manos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y “funcionarios públicos”.

En un comunicado conjunto, los organismos exigieron al Estado mexicano “garantizar condiciones adecuadas y seguras” para que tanto defensores como periodistas realicen su trabajo de “monitoreo, documentación y comunicación”.

La ONU-DH y la CNDH condenaron los “actos de amedrentamiento y obstaculización de la labor que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizan” en la frontera sur del país --en el contexto del flujo migratorio--, de donde han recibido información de que funcionarios públicos han amenazado y hostigado a esos gremios.

“Ambos organismos llaman al INM, a la Guardia nacional y al resto de autoridades involucradas a garantizar que los compromisos del Estado mexicano, expresado públicamente, de respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sean efectivamente implementados por su personal participante en los operativos migratorios”.

Tras llamar a las autoridades desplegadas en la frontera sur del país a “apegarse a la legalidad y los derechos humanos”, recordaron que los activistas y las organizaciones de la sociedad civil actúan para “garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a su paso por México”, acompañándolas y documentando el flujo migratorio en Chiapas, así como las violaciones a derechos humanos contra esas personas en condición de movilidad, aunado a que “han asumido parte de la respuesta humanitaria a la situación que desde hace tiempo se vive en la zona, realizando esta labor de manera imparcial e independiente”.

En cuanto a los periodistas y medios de comunicación, reconocieron que su labor “ha sido fundamental para identificar posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades en las tareas de control migratorio, que incluso afectarían a distintos grupos en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas y niños y niñas, entre otros”.

La ONU-DH y la CNDH llamaron a las instancias que operan en la región a permitir que las personas defensoras de derechos humanos “puedan actuar libremente y sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones indebidas”, generando un “entorno seguro y propicio” para la realización de sus actividades.

Es “necesario adoptar las medidas oportunas para proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de las personas en movimiento y de quienes defienden los derechos de esas personas”, apuntaron.

Y demandaron a las autoridades “garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito, todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.