CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la desaparición forzada de una persona, en noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, reparar el daño a los familiares de la víctima “que incluya una compensación económica, atención médica y psicológica”, y que colaboren para la presentación con vida o la localización de los restos mortales de la persona desaparecida.

La recomendación por violaciones graves (43VG/2021) dada a conocer este jueves por el organismo, por los hechos atribuidos a personal de la Semar y a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), también considera la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en “violaciones al derecho a la verdad y acceso a la justicia”, por lo que se remitieron diversos lineamientos al fiscal Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la investigación realizada por la CNDH, la desaparición forzada se documentó a partir de la queja presentada el 5 de diciembre de 2018 por el familiar de la víctima, quien narró que el 7 de noviembre una vecina del municipio de Salamanca le notificó que “elementos de la Semar habían detenido a su familiar”, quien al intentar huir se había lesionado con una varilla metálica.

La quejosa buscó a su familiar en distintas corporaciones, sin que hubiera registro de detención de la víctima.

En la investigación de los hechos se pudo confirmar que “la privación de la libertad, detención o arresto fue arbitraria”, pues la víctima no fue puesta a disposición de una autoridad competente, en tanto que elementos de la Semar y la FSPE, responsables de la desaparición forzada, “violentaron sus derechos a la integridad y seguridad personales, toda vez que con este hecho ilícito se generó un menoscabo al conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales indispensables para la existencia digna”.

En cuanto a la actuación de la FGR, la CNDH determinó que incurrió en “violaciones al derecho a la verdad y acceso a la justicia”, toda vez que el Ministerio Público de la Federación (MPF) “declinó su competencia y se abstuvo de continuar con las investigaciones”.

Abundó que el MPF “no efectuó las diligencias suficientes e idóneas para la integración del expediente, pues a pesar de tenerse indicios de la participación de elementos de la Semar y de las FSPE en hechos, esta situación no fue considerada en las investigaciones”.

La CNDH acreditó la violación a derechos humanos del agraviado “a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al acceso a la familia y el sano desarrollo de sus hijos menores de edad, y a la integridad personal en agravio de sus familiares, atribuibles a elementos de la Semar y a las FSPE, con motivo de la desaparición forzada de la víctima”.

Además, recomendó a la Semar y al gobierno de Guanajuato reparar el daño a los familiares de la víctima, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en apego a la Ley General de Víctimas, procediendo a inscribirlos en los registros estatal y federal de víctimas.

De igual manera, la CNDH instruyó identificar “a los elementos de la Semar y de las FSPE de Guanajuato que ordenaron y participaron en la detención arbitraria y desaparición forzada de la víctima, y se proporcionen los datos obtenidos y demás información relevante a la Fiscalía Especializada de la FGR; que personal de la Semar y de las FSPE coadyuven con las autoridades investigadoras y colaboren en la búsqueda, localización inmediata y presentación con vida de la víctima o, de ser el caso, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares”.

Asimismo, solicitó la colaboración de la dependencia federal y del gobierno estatal para presentar denuncias en la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Semar y la instancia correspondiente a nivel local, e iniciar procesos en contra de los involucrados en los hechos, así como dar seguimiento al procedimiento que el organismo inicie ante la FGR, “por las conductas y omisiones” descritas, y se recomendó “impartir un curso de capacitación integral y formación en materia de derechos humanos dirigidos a las unidades navales y servidores públicos de la FSPE que hayan intervenido en los hechos”, encaminados a prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas.

El organismo solicitó a la FGR “que en las investigaciones ministeriales se actúe con la debida diligencia y exhaustividad, y se tomen en cuenta las observaciones y evidencias que se consignan en la recomendación”; que colabore en la queja presentada por el organismo ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría General de la FGR por las omisiones detectadas, así como generar “una estrategia integral de investigación, se dé seguimiento a todas las hipótesis y líneas de investigación, sin descartar de antemano la probable participación de autoridades municipales, estatales o federales de orden civil o militar, y se investiguen las cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación”.

Finalmente, la CNDH recomendó a la FGR que “se fortalezcan las acciones de capacitación al personal de la Delegación de la FGR en Guanajuato y a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Cometidas por Particulares”, y en la aplicación de la ley en la materia”.