CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas a esclarecer el homicidio del defensor Simón Pedro Pérez López,  “agotando la línea de investigación relativa a la labor de defensa que realizaba la víctima”.

Con el asesinato de Pérez López, miembro de la organización Las Abejas de Acteal, suman 72 personas defensoras de derechos humanos víctimas de homicidio entre 2006 a julio de 2021, “de los cuales 12 se han verificado en el transcurso de este año”, informó el organismo.

Pérez López fue asesinado por un disparo de arma de fuego, accionada por un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, este lunes en la cabecera municipal de Simojovel.

Tras asegurar que “permanecerá atenta a la investigación que realicen las autoridades de Chiapas”, la CNDH insistió en su exigencia de que la FGE de Chiapas realice una indagatoria “eficiente, pronta e imparcial, en la que se identifique y localice a los autores materiales e intelectuales del homicidio del defensor, ya que sólo de esta manera se abatirá el ciclo de impunidad que ha subsistido en los homicidios y agresiones a personas defensoras”. 

De forma simultánea, la organización Indigenous Peoples Rights International en México denunció que con la muerte de Simón Pedro Pérez López, según sus registros, suman “14 personas indígenas víctimas mortales como represalia a su lucha por la densa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora”, entre diciembre del año pasado y lo que va de 2021.

“En los últimos años, se han presenciado episodios de violencia que ha cobrado varias vidas dejando a los responsables en la impunidad”, destacó la organización internacional en un comunicado.

La Iniciativa Global de Indigenous Peoples Rights International en México denunció “la inacción del Estado mexicano ante sus diferentes niveles de gobierno”, pese a su obligación de “investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición para las y los sobrevivientes, sus familias y comunidad”.

Al destacar que Simón Pedro Pérez López era “defensor de derechos humanos, pacifista, catequista, integrante de la Organización Sociedad Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), de la cual fue presidente de la mesa directiva en el año 2020”, y que había acompañado a comunidades violentadas en su búsqueda de justicia, la organización internacional resaltó que en Chiapas prevalece un contexto de violencia entre comunidades de los municipios de Aldama y Chenalhó, que ha dejado un saldo de casi 3 mil 500 personas desplazadas de manera forzada, 23 heridos de bala y siete personas asesinadas, seis el año pasado y una este año.

En Oaxaca, la organización tiene registrados los asesinatos de cinco defensores de la comunidad de Paso de la Reina y miembros del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), Jaime Jiménez Ruiz, Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, asesinados entre enero y marzo de este año, todos ello opositores a la construcción de la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples Paso de la Reina y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Indigenous Peoples Rights International destacó que en Zitácuaro, Michoacán hay cinco comunidades que “han decidido ejercer su derecho a la autonomía frente al avance desmedido del crimen organizado”, por lo que en ese contexto, entre  diciembre del año pasado y febrero de este,  han sido asesinadas cinco personas, Eufemia Reyes Esquivel, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes, José Luis C2no han Chávez Mondragón y Manuel Carmona Esquivel, muertes que para el gobierno de Michoacán “no han sido siquiera registradas, mucho menos investigadas”.

El reporte de la organización internacional incluyó los asesinatos en Sonora de Luis Urbano Valencia, ocurrido el 12 de junio, y del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, quien fue desaparecido el 27 de mayo y sus restos encontrados el 21 de junio. 

La organización internacional exigió “medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de las comunidades señaladas y prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra”.

La Iniciativa Global en México Indigenous People Rights International pidió al Estado mexicano “la homologación de los más altos estándares internacionales con la legislación nacional para el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación de los pueblos y se establezca una nueva relación de respeto a las definiciones jurídicas de las comunidades emanadas de sus propios sistemas normativos”.

Acompañaron la exigencia las organizaciones mexicanas Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectivo Emancipaciones, Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Consultoría Técnica Comunitaria, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.