BRUSELAS (Proceso).– A pasos acelerados, México se convierte en un país cada vez más “hostil para la sociedad civil”. El informe sobre México, del Sistema de la Unión Europea de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE), ofrece un retrato del país inquietante, con un Estado que disuelve instituciones de control, que concentra información ciudadana y que amplía la vigilancia digital y margina a activistas, periodistas y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el “Informe Enfoque País” (CFR por sus siglas en inglés), la sociedad civil mexicana enfrenta uno de los periodos más “oscuros” desde la transición democrática. Esa reciente radiografía –publicada en septiembre último– describe un entorno “restringido, vigilado y hostil” para el ejercicio de derechos básicos como la libertad de asociación, de expresión y protesta y la participación ciudadana.

El documento de 17 páginas, construido a partir de diagnósticos de organizaciones, académicos y defensores de los derechos humanos, no deja lugar a dudas: el “ambiente habilitante”, que se describe como "el conjunto de leyes, normas y actitudes sociales que apoyan y fomentan la labor de la sociedad civil", se quiebra en México.

A ese diagnóstico se llegó durante un panel de expertos realizado en abril último en México, al que no se invitó a "representantes gubernamentales" por falta de una "relación clara y abierta", explica en entrevista el coordinador del proyecto en el país y colaborador de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Daniel Revilla. 

Hay apertura del gobierno federal con la sociedad civil siempre y cuando sean temas muy de su agenda –lamenta.

Los seis principios evaluados por el informe (libertades fundamentales, marco legal, acceso a recursos, apertura estatal, cultura pública y discursos favorables, y entorno digital) obtuvieron calificaciones inferiores a tres en una escala de cinco. El documento advierte que México vive “una erosión sostenida del espacio cívico”, producto de un modelo político que concentra el poder, margina la crítica y redefine la relación entre el Estado y sus ciudadanos.

El principio "clave" es el de "Estado abierto y receptivo", refiere Revilla: "si éste se mueve en una dirección contraria a los intereses de una vida democrática, contagia a los demás". 

El investigador proyecta un “panorama oscuro” si al termino del proyecto de monitoreo, que durará los próximos seis años, el gobierno mexicano no toma medidas para que mejore ese "entorno habilitante". El escenario más pesimista en este caso, analiza Revilla, sería la desaparición de "una era de la sociedad civil organizada en México" y la emergencia de otra donde sólo sobrevivan las organizaciones afines a la agenda del gobierno y las de servicios asistenciales.

No sobrevivirían las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas –alerta el entrevistado–. Triunfaría esa visión de que el gobierno es el único garante del interés público.

El Sistema de la UE de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil es un programa que trabaja con la sociedad civil para proteger y mejorar los espacios democráticos y cívicos a nivel mundial. Su objetivo es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan operar de manera independiente, defender los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información, y para prevenir el deterioro de estos espacios de participación ciudadana. 

El programa, financiado por la UE, se inició en enero último y está gestionado por un consorcio de seis organizaciones internacionales: Hivos, que opera desde Ámsterdam; Transparency International, con sede en Berlín; Democracy Reporting International, también basada en la capital alemana; Forus, con oficinas centrales en París; European Partnership for Democracy, ubicada en Bruselas, y Civicus, una organización sudafricana.

En el caso de México, refiere Revilla, se producirán informes cuatrimestrales así como un Informe Enfoque País cada año, y ambos servirán como insumos para implementar mecanismos de alerta temprana y monitoreo que puedan documentar tendencias críticas y advertir sobre la degradación de los espacios de participación civil. 

El monitoreo financiado por la UE se aplica en 86 países del llamado Sur Global. En América Latina los países con “Alerta de Deterioro” –la de máxima preocupación– son México, Venezuela, El Salvador, Bolivia y Argentina.

La democracia reprobada

El estudio arranca con una advertencia: el respeto a las libertades fundamentales en México es reprobatorio. El país obtuvo una puntuación de 2.6 sobre cinco, equivalente a una clasificación “represiva”, y se espera que al finalizar 2025 sea aún más baja. Las cifras del documento no son abstractas: detrás de ellas aparecen nombres como los de Teresa González y María del Carmen Morales, madres buscadoras asesinadas en 2025 mientras exigían justicia por sus hijos desaparecidos.

El informe documenta que las protestas en regiones dominadas por el crimen organizado “pueden significar una sentencia de muerte”, mientras que la violencia contra periodistas ha convertido a México en “uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión”. A ello se suma un discurso oficial que estigmatiza la crítica, promueve la autocensura y utiliza leyes penales locales para castigar la disidencia.

El reporte señala que “la captura del poder público por el crimen organizado, la impunidad estructural y la cooptación institucional” erosionan los derechos básicos. En este clima, la libertad de asociación y defensa de causas justas es apenas una formalidad: oficinas allanadas, robos selectivos de información (como los sufridos por EQUIS Justicia para las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas), y vigilancia sistemática de activistas se han vuelto lugares comunes.

La ley como arma

Bajo el supuesto de combatir el lavado de dinero y el terrorismo, el Congreso aprobó en julio la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Más de 50 organizaciones advirtieron que la medida sobrerregula y criminaliza el trabajo de las donatarias autorizadas. Nadie las escuchó.

El informe documenta que ese marco legal “obliga a las organizaciones a actuar como entidades financieras”, a reportar información sensible de sus donantes y a cumplir con cargas fiscales imposibles de solventar para los colectivos más pequeños. El resultado: la ley se ha convertido en un instrumento de asfixia administrativa.

A la par, el gobierno eliminó desde 2019 los incentivos fiscales y programas de cofinanciamiento que daban oxígeno a las organizaciones. Sin recursos públicos y con restricciones para recibir fondos internacionales –tras la suspensión de más de 42 millones de dólares de cooperación estadounidense de USAID y la Fundación Inter-Americana–, la sociedad civil se sostiene a duras penas. Y si su sostenibilidad está en riesgo, con ella también el del tejido democrático del país, advierte el informe.

Agrega:

Si el gobierno desacredita el valor de la sociedad civil y no reconoce su importancia, es poco probable que promueva reformas legales y fiscales que respondan a sus necesidades reales. Eso, a su vez, interfiere con la innovación de esquemas de financiamiento y debilita el ecosistema de apoyo que las organizaciones necesitan para sostener su labor.

El Estado que no escucha

Quizá el golpe más simbólico fue la desaparición del INAI, el instituto que garantizaba el derecho de acceso a la información, expone el informe. Su sustituto, un organismo subordinado al Ejecutivo llamado Transparencia para el Pueblo, es responsable de gestionar las solicitudes de acceso a la información de más de 480 sujetos obligados, y debe hacerlo sin autonomía técnica ni presupuestal, refiere.

El informe advierte que este cambio representa un retroceso institucional sin precedentes y evidencia la consolidación de un modelo “opaco” y "de concentración de poder en el partido de gobierno". El informe también destaca la baja participación ciudadana (13%) en las elecciones judiciales de 2025, realizadas sin "debate público" y con "confusión generalizada". 

Por si fuera poco, la cancelación de la Encuesta Intercensal del INEGI y la incertidumbre sobre la continuidad de mediciones clave realizadas por el Coneval dejan al país sin datos básicos sobre pobreza, desigualdad y desarrollo, señala el informe. Ante ello, organizaciones académicas crearon el Consorcio para la Medición y la Evidencia, una iniciativa ciudadana que busca suplir las funciones que el Estado destruyó, puntualiza el documento. 

Muro digital

En un entorno donde los espacios de diálogo institucional se cierran, las redes sociales se convirtieron en el último refugio de la protesta. Pero incluso ahí en México la vigilancia avanza. El informe país alerta sobre el paquete legislativo aprobado en julio último que legaliza el espionaje digital y crea el Sistema Nacional de Información en seguridad pública, una plataforma que permite “monitoreo en tiempo real de la ciudadanía sin salvaguardas legales”.

La desaparición del INAI deja a los mexicanos indefensos ante el uso arbitrario de sus datos personales, advierte el documento. Refiere que los antecedentes –como el uso del spyware Pegasus contra periodistas y activistas– confirman los riesgos de un Estado que observa, registra y controla. “Esto pone en alerta sobre un modelo de gobernanza con tendencias autoritarias”, afirma.

Además, las nuevas políticas de plataformas privadas –como los algoritmos de Meta- limitan la visibilidad de contenidos críticos o considerados sensibles por ellas. El informe señala casos de “shadowbanning” (censura parcial silenciosa al limitar la visibilidad de ciertos contenidos) contra colectivos feministas, defensores ambientales y periodistas, obligándolos a modificar su lenguaje para esquivar la censura digital. “Al mismo tiempo los riesgos de vigilancia, censura y vulneración de la privacidad aumentan en un contexto (el mexicano) sin contrapesos institucionales sólidos", dice el informe.

Palabra prohibida

Si algo distingue el clima político actual, de acuerdo con el informe, es el uso sistemático del discurso presidencial como arma de control. Desde las conferencias matutinas –las célebres mañaneras– se define quién merece credibilidad y quién es “enemigo del pueblo”. Los periodistas y organizaciones que cuestionan al régimen son etiquetados como “traidores”, “conservadores” o “agentes extranjeros”.

El informe sostiene que este lenguaje “erosiona la legitimidad social de la sociedad civil” y genera un efecto paralizante en la opinión pública. Las consecuencias se extienden hasta el financiamiento: muchos donantes nacionales e internacionales se alejan de las causas que el gobierno considera incómodas.

“Estamos ante un modelo en el que el discurso se utiliza como mecanismo de control y la omisión como estrategia de silenciamiento de las demandas ciudadanas –expone el documento–”.

Un país sin espejos

En su conclusión, el “Informe Enfoque País” describe a México como un Estado que “formalmente conserva las libertades”, pero que en la práctica “las anula mediante marcos normativos restrictivos, vigilancia, burocracia, desinformación y concentración del poder”. Es, en síntesis, una democracia sin ciudadanía.

"Lo que se observa es la consolidación de un nuevo modelo político que desactiva los canales de interlocución existentes", resume el documento

El consorcio que elaboró el reporte informó en un comunicado de agosto último que "los informes sobre países ofrecen un análisis exhaustivo y basado en datos empíricos del entorno propicio para la sociedad civil en cada caso", y que "no se trata de clasificar a los países ni de comparar puntuaciones entre fronteras, sino de comprender las realidades locales y apoyar una defensa significativa y adaptada al contexto".

De esa manera, en el caso de México, el informe propone reconstruir el entorno cívico desde tres frentes: 

• Fortalecer la autonomía operativa de las organizaciones con soluciones creativas de sostenibilidad. 
• Promover la colaboración intersectorial entre los distintos actores de la sociedad civil para formar un contrapeso. 
• Poner en marcha una pedagogía política democrática que muestre el valor de los derechos y libertades civiles.

El consorcio plantea que su análisis se sitúa en un contexto nacional, regional e internacional que ha suscitado serias preocupaciones sobre la situación de México. "Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han expresado su alarma por la contracción de las libertades fundamentales y el debilitamiento institucional en el país. Estas advertencias subrayan la importancia de mantener un seguimiento coherente y bien documentado", alerta el informe.

Y advierte, como también lo mencionó el coordinador Daniel Revilla: “Lejos de ser sólo un registro de retrocesos, este documento busca establecer una base de referencia para orientar la observación durante los próximos seis años. Representa una oportunidad para revisar colectivamente el estado del entorno propicio, identificar áreas críticas, anticipar eventos que puedan fortalecerlo o debilitarlo, y activar respuestas concretas a estos acontecimientos. 

“Transformar el 'ambiente habilitante' –dice el reporte– requiere reconocer que los derechos no se conceden desde arriba: se ejercen, se defienden y se conquistan cada día.”