CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Surgida como una figura para  reivindicar el papel de la mujer en la esfera pública, la violencia política por razones de género (VPRG) se ha convertido en una herramienta que busca silenciar y generar un efecto amedrentador entre periodistas y ciudadanos críticos a la actuación de personajes públicos y políticos, alertan representantes de organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

La proliferación de casos en los que se acusa de VPRG ha detonado preocupación entre los defensores que ven un mal uso de esa herramienta jurídica. 

Basta visitar el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, en el portal del Instituto Nacional Electoral (INE), que al 14 de agosto consideraba a 476 sancionados por presuntamente haber incurrido en ese tipo de violencia.

Uno de los más conocidos ha sido el caso de “Dato Protegido”, como se le ha llamado a la diputada del oficialista Partido del Trabajo Karina Barreras Samaniego, quien logró que el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionara a una ciudadana para que, además de pagar una multa, se disculpara durante 30 días continuos en su cuenta de X por haber emitido opiniones críticas que la involucraban. 

“Te pido una
disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de
violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en
estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-
electorales…

— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 10, 2025

También está el de la gobernadora de Morena de Campeche, Layda Sansores, quien ha conseguido acallar al director del diario Tribuna de Campeche por dos años, Jorge González, y a otros periodistas. 

Otro más es el de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, también de Morena, quien acusó de violencia política y discriminación a un creador de contenido en redes sociales, Jesús Castañeda Arellano, por publicar información relacionada con el presunto desvío de 800 millones de pesos públicos destinados a obras de reconstrucción tras el paso del huracán Otis, en 2023.

De los 476 sancionados por ese tipo de violencia, 80 están catalogados como periodistas, columnistas, directores de medios de comunicación y medios de comunicación, en tanto que cinco son creadores de contenido en redes sociales, que en conjunto representan 17.85% de los casos. 

De acuerdo con la revisión realizada por esta reportera, la mayoría de los castigados por cometer VPRG se ubicaron en estados gobernados por Morena, 16 en Veracruz, 15 en Campeche y 10 en Tabasco.

Con cinco casos en cada entidad se registraron en Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Jalisco, seguidos de Morelos, Estado de México y Puebla con cuatro cada uno, así como Tamaulipas, Guanajuato, con tres cada entidad; mientras tanto, Coahuila tiene dos sancionados, y entidades como Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Hidalgo y Chihuahua con un caso cada uno. 

Por sexo, 69 de las personas que pertenecen al gremio periodístico son hombres, 10 mujeres y a dos no se les adjudicó sexo. 

La violencia política contra mujeres está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Discriminación, desde 2007, pero fue a partir de 2012 que se buscó tipificar como delito, concretándose las modificaciones que han permitido a los actores políticos su actual uso en 2020, aunque ya desde antes se habían iniciado procesos utilizando esa figura. 

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, detalla que a partir de 2018 su organización empezó a registrar “un incremento exponencial en el uso de herramientas judiciales para acosar a periodistas y voces críticas”, situación que ha generado preocupación a partir del proceso de renovación del Poder Judicial federal y de algunos estados. 

Lo que ha resultado atípico en este año es cómo en cuestión de semanas se ha mal utilizado la figura de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto del proceso electoral extraordinario de la elección judicial. 

En ese sentido, continúa, dice que han encontrado que esa figura (VPRG), que en principio persigue un fin legítimo, garantizar el acceso equitativo de las mujeres a los cargos públicos, “pues está siendo dirigido contra la prensa, lo cual desvirtúa su objetivo original, y está siendo tergiversado en virtud de que pretende inhibir cualquier crítica que es inherente a la labor periodística”, expone el defensor. 

En abril último, Artículo 19 alertó de esta situación en su informe anual, llamado “Barreras Informativas. Desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”, que abarca el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del de Claudia Sheinbaum.

El reporte expone que de las 639 agresiones registradas contra la prensa en México que documentaron ese año, 21 estuvieron relacionadas con el acoso judicial como método de censura.

En dicho informe se resalta que de los 21 promovidos por actores políticos para acallar periodistas, lo que equivale a un proceso por semana contra periodistas “por sus investigaciones o publicaciones”, 28.5% de las denuncias se registraron “en el contexto electoral por violencia política de género”.

Práctica recurrente 

Maldonado explica que entre las razones por las que se recurre a las denuncias por VPRG para censurar es “porque es una figura que se lleva mediante un procedimiento sumario, el procedimiento especial sancionador en materia electoral es un procedimiento en el que en cuestión de horas se puede determinar el bajar contenidos y se resuelve de manera muy rápida también de manera definitiva el fondo del asunto”.

Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), apunta que de junio a la fecha ha recibido diez casos de periodistas que se han acercado a su organización para solicitar apoyo ante sentencias en firme emitidas por tribunales electorales federales y estatales, tras ser acusados por VPRG en estados como Campeche, Nayarit, Veracruz y Guerrero.

“Nos parece bastante grave que esa práctica se vuelva cada vez más recurrente, sobre todo por políticos o candidatos a puestos públicos, o de funcionarios públicos; están haciendo uso de este instrumento, que es el de la violencia en razón de género, para inhibir la libertad de expresión, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que estos actores por estar más expuestos a la crítica están obligados a ser más tolerantes a ella”, sostiene la defensora.

Para Balbina Flores una de las explicaciones de esta modalidad de acoso judicial “tiene un antecedente, que es este discurso que usó mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mandato, de descalificación a medios y periodistas, de agresión pública en el discurso hacia medios y periodistas”.

Añade que “ese discurso de estigmatización hacia la prensa, que se estableció como un discurso oficial, inició con el sexenio de López Obrador y obviamente eso se quedó porque lo replicaron los gobernadores, como el caso de Oaxaca o (Alejandro) Armenta (Puebla). Lamentablemente la prensa mexicana es la menos respetada en ese sentido”. 

Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), destaca que, del análisis de las resoluciones por VPRG que han llegado a la organización en las últimas diez semanas, han podido determinar que “se trata de un abuso por parte de personajes en la política de México, de una ley que fue explícitamente diseñada para proteger a mujeres de violencia de género, una ley que sin ninguna duda fue necesaria, y sigue siendo necesaria, pero actores políticos lo están utilizando para silenciar a periodistas críticos”, situación que se presenta prácticamente en todo el país.

Tras señalar como casos emblemáticos el del columnista Héctor de Mauleón y el del director de Tribuna, Jorge Luis González, Hootsen apunta que del análisis de los expedientes es claro que “están tratando de implementar una especie de censura previa, que en México está explícitamente prohibida por la Constitución, y aparte está explícitamente prohibida por todos los tratados internacionales de los cuales México es firmante; es decir, el sistema universal, el sistema interamericano, o sea, la jurisprudencia es muy clara al respecto”.

El defensor resalta que hay casos en los que una sola persona denuncia hasta 20 periodistas, como en Veracruz, sin que las quejas parezcan más bien “una venganza”, lo que no es válido.

No estamos argumentando que nunca se debería tener la posibilidad de denunciar a un periodista, la legislación vigente en México da espacio a que personas que han sido, con dolo, lastimadas por alguna publicación puedan denunciar, pero ahora lo que vemos es un uso excesivo, que se presenten quejas sin ningún tipo de mérito, con el muy claro objetivo de silenciar e imponer censura previa, que es lo que nos preocupa. 

Sorprendido de la “tendencia” en que se ha convertido el uso de la figura de VPRG como una herramienta de acoso judicial, Jan Albert Hootsen puntualiza que con este mecanismo  México se ratifica como el país que registra la mayor variedad de agresiones y sigue siendo “el más mortífero” para ejercer el periodismo. 

“Acá en México hay una mezcla de prácticamente todo:  hay amenazas, abuso físico, hay privación ilegal de libertad, hay asesinatos, hay acoso online y ahora también estamos hablando del acoso judicial. 

“Pero lo que sí es muy importante señalar es que México sigue siendo el país más mortífero para periodistas a nivel hemisferio occidental”, puntualiza Hootsen.