OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver favorablemente el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.

“La CNDH observa con preocupación que a más de un año de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado y a más de 13 años de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la Suprema Corte de Justicia aún no ha definido fecha para celebrar la sesión en la que se analizará el caso”, precisó en un comunicado.

En tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos lanzó una campaña de recolección de firmas, donde invita a personas solidarias y organizaciones civiles a apoyar su petición a la SCJN sobre el caso de la desaparición forzada de los eperristas.

En tal sentido, solicitó a la ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, “haga público el proyecto de sentencia que propone respecto al caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dada su trascendencia histórica”.

Abundó: “Exigimos que la SCJN emita una sentencia a favor de las víctimas, lo cual significaría crear una Comisión Especial de Búsqueda para el caso, citar a comparecer a los mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007, y garantizar que se abra cualquier instalación militar para buscar a ambos desaparecidos”.

Asimismo, que se implementen otras medidas de reparación integral que fueron establecidas en mayo de 2019, dentro del juicio de amparo 942/2013.

“De emitirse una sentencia favorable se sentaría un precedente histórico para otros casos, ya que la SCJN fijaría criterios obligatorios para todos los casos presentes y futuros en cuanto a la definición de las facultades de los jueces y juezas de Distrito en los casos en que se reclame y se sospeche que una persona ha sufrido desaparición forzada”, señaló el Comité.

Por su lado, la CNDH hizo un respetuoso llamado a la Suprema Corte para que, a la brevedad posible, sesione para resolver favorablemente el caso de los guerrilleros. Lo anterior, luego de suspenderse la resolución.

Cabe recordar que el pasado 4 de junio la SCJN atrajo el caso con motivo de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió que fuera el máximo tribunal del país el que analizara la validez de un amparo otorgado a los familiares de ambos luchadores sociales por un Juzgado de Distrito, lo que permitiría profundizar en las investigaciones de manera completa y exhaustiva, así como continuar con su búsqueda, hasta que se dé con el paradero de los mismos.

El recurso de revisión deriva de la inconformidad promovida por servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes, lejos de apoyar en la investigación para esclarecer los hechos con verdad y transparencia, se inconformaron, destacó la CNDH.

Sin embargo, en la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito se reconocieron violaciones graves a los derechos humanos de los eperristas, lo que coincide con el contenido de la recomendación 007/2009 emitida por el organismo, en la que se advirtió que diversos servidores públicos de la Federación intervinieron en la desaparición forzada y vulneraron los derechos a la libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso de los luchadores sociales.

“Entonces, para la CNDH este caso resulta significativo y de suma importancia ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas, por lo que llama a la SCJN para que emita la resolución favorable a las víctimas directas e indirectas del caso y fije criterios que beneficien a quienes han sufrido este ilícito y garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, así como a la reparación integral del daño”, puntualizó.

Finalmente, la CNDH reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso, en beneficio de las víctimas.