OAXACA, Oax. (apro).- El caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), seguirá en espera porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dejar en lista la resolución del amparo en revisión 51/2020. 

En dicho amparo se demanda “la obstrucción de llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de investigar” el delito de desaparición forzada, pero la SCJN aplazó su decisión sobre ese recurso.

De acuerdo con diversas organizaciones, esto significa que a más de 13 años de ocurridos los hechos predomina la impunidad, porque no se ha investigado ni enjuiciado a todos los responsables, como el exprocurador Evencio Nicolás Martínez y el excomandante Pedro Hernández Hernández, quienes continúan prófugos.

Tampoco se ha investigado al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, ni al expresidente Felipe Calderón, por su responsabilidad como representantes del Poder Ejecutivo en el momento que ocurrió la detención y desaparición d ellos eperristas en esta ciudad.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la organización Rivero y Asociados, lamentaron la decisión de la SCJN de atrasar una sentencia sobre el caso de Gabriel y Edmundo, desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

Y es que integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal del país determinaron “dejar en lista” el amparo en revisión 51/2020 de la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, relacionado con la desaparición forzada de los eperristas, por lo que sesionarán en fecha distinta aún sin especificar.

Ante ello, las organizaciones señaladas exigieron que, al tratarse de “un asunto de mayor relevancia jurídica y social, por involucrar violaciones graves y múltiples a los derechos humanos, la ministra Ríos Farjat haga público el proyecto de sentencia que propone, en respeto al principio de mayor publicidad, y de esa manera haga efectiva la contribución de la justicia constitucional a la deliberación crítica entre la sociedad en asuntos controvertidos y de interés general”.

Asimismo, hicieron un llamado a todas las personas solidarias a sumarse para suscribir la petición que impulsarán para que se haga público el proyecto de sentencia que se propone, y que la SCJN emita una sentencia a favor de las víctimas.

En un comunicado resaltaron: “no puede pasar desapercibido que la resolución definitiva que derive de este caso, se dará en el contexto de una desaparición forzada cometida en tiempos actuales, pero siguiendo patrones históricos propios de la contrainsurgencia, como parte de los planes estatales de guerra contra la subversión y de exterminio a quienes son disidencia”.

Insistieron que la SCJN no puede pasar por alto casos de violaciones tan graves a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, y dejar en la impunidad a quienes por años han permanecido intocables en estos crímenes, como lo es el ejército.

“Hoy sabremos si en verdad existe la voluntad política para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, en un país en el que existen más de 80 mil desaparecidos y en el que la impunidad es sistemática. Hoy la SCJN demostrará si está de lado del pueblo o de los intereses de poder que encubren y protegen a los perpetradores de estos crímenes de Estado”, puntualizaron.

De igual manera, advirtieron que está en las manos de la Suprema Corte “brindar hoy justicia para Gabriel, Edmundo y todas las víctimas de este terrible crimen, como es su obligación; sin embargo, queremos destacar que si esta instancia no cumple con los tratados en materia de derechos humanos y la sentencia que emita no es a favor de las víctimas, éstas tendrán en todo momento el derecho de acudir ante instancias internacionales ante la falta de justicia en el ámbito nacional.

“Quienes hemos acompañado este caso a lo largo de los años, esperamos que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su rol de tribunal constitucional, otorgando el amparo en definitiva a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada, y genere los parámetros de acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño, que deberán acatar todos los jueces y juezas que conozcan en vía de amparo de un asunto de esta magnitud que conlleva violación masiva y múltiple de derechos humanos”, recalcaron.