OAXACA, Oax. (apro).- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos confirmó que el exprocurador estatal, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, sigue prófugo de la justicia. Sin embargo, subrayó, lo que preocupa es “que no se haya girado orden de aprehensión en contra del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, ni que se mencione en la investigación al expresidente Felipe Calderón”. Reportaje especial: Calderón: acusaciones por Etileno XXI, estrategia de AMLO para debilitarme Esas 10 órdenes de aprehensión giradas por un juez federal con sede en Jalisco por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), podrían ser una simulación, subrayó el Comité. De esas órdenes, ocho ya se ejecutaron y dos siguen sin concretarse, entre ellas la de Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Nadin Reyes, representante del Comité e hija del eperrista Edmundo Reyes, consideró que la detención de los agentes policiacos “no necesariamente garantiza que éstos serán sancionados, y mantenemos nuestra preocupación ante la posibilidad de que estas detenciones respondan a una política de simulación que al final le garanticen impunidad a los perpetradores”. Los familiares de los luchadores sociales desaparecidos y sus representantes legales se enteraron de que fue un juez de Procesos Penales Federales con sede en Puente Grande, Jalisco, quien libró la orden de aprehensión en contra del exprocurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y otros comandantes y agentes de la policía Ministerial del estado, por el delito de desaparición forzada. Y la detención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Oaxaca, subrayaron, es sólo una parte del entramado que representa la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Nota relacionada: Ordenan arrestar a exprocurador y a exdirector de la policía de Oaxaca por la desaparición de eperristas La desaparición forzada debe incluir al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y al expresidente Felipe Calderón, así como a todos los mandos municipales, estatales y federales que estuvieron en funciones en mayo de 2007 y que participaron en la comisión de este crimen de lesa humanidad, recalcaron. De igual manera, reiteraron que en los casos de desaparición forzada se debe castigar y sancionar no sólo a los autores materiales y de rangos inferiores, sino a toda la cadena de mando que ordenó y ejecutó el crimen de Estado. Hicieron hincapié en que también debe investigarse la participación del Ejército en la comisión de la desaparición forzada, dado que la última vez que fueron vistos con vida los dos eperristas fue en el campo militar número 1. El Estado Mexicano tiene que garantizar no sólo el derecho a la justicia que implica el juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada, sino también el derecho a la verdad, es decir que tiene que dar a conocer el paradero real de Edmundo y Gabriel, recalcaron. Pero, además, develar toda la política, las instituciones y los funcionarios que se vieron involucrados en su desaparición forzada, así como quienes han encubierto y han sido omisos ante este crimen de Estado durante estos 13 años. “Si bien el hecho de que la Fiscalía General haya ordenado las órdenes de aprehensión significa un primer paso en los 13 años de la desaparición forzada, debemos hacer hincapié en que actualmente el caso también está en la Suprema Corte de Justicia, y lo que es trascendente históricamente es que la SCJN tiene la posibilidad de ratificar y resolver de fondo lo establecido en la sentencia del juicio de amparo”. Recordaron que el 6 de mayo de 2019, un Juzgado federal con residencia en la Ciudad de México concedió el amparo a favor de los desaparecidos Edmundo y Gabriel, así como de sus familiares. Dicha sentencia reconoció explícitamente la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas e indirectas, por parte de agentes del Estado mexicano. Por tal razón, exigieron “que estas detenciones no sólo sean un distractor que haga perder de vista la obligación de la Suprema Corte; esperamos que las detenciones vayan al fondo y que se sancione e investigue a todos los responsables, para lo cual esta institución tendrá que emitir una sentencia favorable a las víctimas, que abone realmente a la presentación con vida de nuestros familiares y de todos los detenidos-desaparecidos del país”.