OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado Mexicano la medida cautelar número 1050-21, donde solicita al gobierno de Oaxaca proteja a las familias de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji donde recientemente se registraron hechos violentos.

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, resaltó que por primera vez en el estado de Oaxaca, la CIDH solicita al Estado mexicano que proteja los derechos de niñas, niños, mujeres y personas mayores con medidas adecuadas a su cultura indígena.

Fue el pasado 23 de diciembre del 2021 cuando la CIDH publicó en su pagina la medida cautelar a favor de la estas comunidades mixtecas, por lo hechos de violencia que se registraron en diferentes fechas en Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, todas pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca.

Recordó que un grupo armado comandado presuntamente por autoridades Municipales de San Esteban Atatlahuca realizó ataques los días 21, 22 y 23 de octubre que dejaron dos muertos -Jacinto Hernández Quiroz  e Isidoro Hernández-, así como cuatro personas desaparecidas -Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Mayolo Quiroz Barrios-, más de 100 casas incendiadas y 300 familias desplazadas.

Posteriormente, el 27 de octubre, también desapareció, en la ciudad de México, la defensora ambiental, Irma Galindo Barrios.

Mencionó que aunque los gobiernos estatal y federal tuvieron conocimiento de estos hechos, minimizaron la gravedad de los acontecimientos y hasta el momento no han brindado el apoyo humanitario que el Estado Mexicano está obligado a proporcionar en situaciones de desplazamiento forzado interno.

Por tal motivo, CIDH solicitó al Estado Mexicano proteger los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas para proteger sus derechos y en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores.

También pidió garantizar la seguridad al interior de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji con el objetivo de prevenir amenazas hostigamiento, intimidaciones y agresiones en contra de sus pobladores

Así como determinar el paradero o destino de Mayolo Quiroz Barrios, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño e Irma Galindo Barrios con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

La CIDH fijo un plazo de 20 días para que se realice el cumplimiento adecuado a las medidas cautelares.