PACHUCA, Hgo. (apro).- Los siete policías de Progreso de Obregón que fueron detenidos y vinculados a proceso por homicidio culposo y omisión de auxilio en el caso de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, quien murió el 9 de junio en el área de retención primaria del municipio donde fue remitida por un percance vial, quedaron en libertad tras un acuerdo reparatorio.

Los agentes, incluida la directora de Seguridad Pública, Estefanía Hernández Díaz, dejaron ayer la cárcel distrital de Mixquiahuala, donde se encontraban recluidos desde el 11 de junio, inicialmente por la imputación de feminicidio.

Con esta salida alterna no llegaron a la etapa de sentencia, ya que el proceso en su contra quedó suspendido. El ayuntamiento, que fijó una postura en contra desde la detención de sus trabajadores, publicó una imagen en su cuenta de Facebook con la palabra “libertad”, acompañada de la frase: “la verdad os hará libres”. Asimismo, prevé que los liberados se reincorporen a sus puestos.

La suspensión condicional del proceso incluye cinco medidas que impuso una jueza de control del distrito de Mixquiahuala, entre ellas cumplir con un plan de reparación del daño que incluye el pago de gastos generados por la atención que brindó la Cruz Roja a la médico y que deberán cubrir en un máximo de tres días.

Asimismo, dio un plazo de 210 días para que el alcalde morenista Armando Mera Olguín mejore el cuerpo policial, capacite a su personal y otorgue el equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones. En este punto la juez incluyó la capacitación para los agentes liberados.

La administración de Mera Olguín, que mediante publicaciones en redes sociales revictimizó --según la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH)-- a Hernández Ruiz en la defensa de los policías, también deberá ofrecer una disculpa pública, sin dañar a la víctima ni a la familia.

Igualmente, existen dos restricciones para los antes imputados: no podrán salir de Hidalgo sin autorización judicial y sólo podrán habitar en el domicilio que proporcionaron al juzgado, con vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca); además, no podrán acudir al domicilio de las víctimas indirectas ni de quienes testificaron sobre su actuación al momento de intervenir a Beatriz, y tampoco deberán realizar actos de intimidación contra alguno de ellos.

Durante la audiencia inicial del caso que se investigaba como feminicidio, un perito en tecnología mostró una secuencia en video, captado por el circuito cerrado del municipio. Las imágenes mostraron cuando la joven de 29 años, en estado de crisis, se coloca una tela blanca alrededor del cuello, trepa por los barandales de la galera y se dejar suspender.

Con ello, la juez del caso determinó reclasificar el delito como homicidio culposo. La omisión de auxilio se mantuvo porque en la galera no hubo protocolos para salvaguardar la vida de la egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En los videos de su detención, proporcionados por testigos que declararon en la causa penal, se observa el uso de la fuerza por parte de los agentes, por lo que colectivos feministas y sociedad civil protestaron los días siguientes a los hechos para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.