PACHUCA, Hgo. (apro).- Siete servidores públicos de Progreso de Obregón, adscritos como policías y trabajadores administrativos, fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) por su posible relación con la muerte de la doctora Beatriz Ruiz Hernández, ocurrido el 9 de junio en la galera municipal. 

Aunque el Ayuntamiento ha insistido, mediante comunicados, en que la joven de 29 años se quitó la vida, las órdenes de detención contra los agentes establecen que existe una probable responsabilidad en el delito de feminicidio.  

Los indiciados, entre los cuales se encuentra la directora de Seguridad de Progreso, fueron recluidos en la cárcel de Mixquiahuala la madrugada de este viernes, a la espera de que el juez de control determine el inicio de la audiencia del caso.  

El municipio, a cargo del morenista Armando Mera Olguín, consideró que sus elementos fueron privados de su libertad de manera ilegal pese a que “acudieron voluntariamente como testigos de la carpeta de investigación”.

Además, acusó que 50 policías estatales, a bordo de diez patrullas, ingresaron a la sede de Seguridad Municipal para “despojar” de las armas a sus integrantes. 

Previo a las detenciones, el Ayuntamiento fijó una posición sobre la muerte de la médica Beatriz, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN): afirmó que estaba intoxicada y que decidió colgarse de la galera con un pedazo de tela, por el estado en que supuestamente se encontraba. Acusó que “grupos de personas pagadas para el golpeteo político” azuzaban un linchamiento mediático contra su policía.  

Esta postura ocasionó que familiares y amigos se manifestaran la noche de este 10 de junio en la sede municipal para exigir justicia y una disculpa de las autoridades por criminalizar a la víctima y sostener que fue su “decisión” morir, también por decir que el reclamo y la indignación social eran un “golpeteo político”.  

Proceso publicó, con base en testimonios de testigos directos de la detención que Beatriz, que tras el choque por alcance en el que se vio involucrada, agentes la metieron a una patrulla con uso de la fuerza, incluso cuando ella ofreció revisar –antes del arribo de los agentes– a los afectados en la carambola para ver si presentaban alguna lesión, aunado a que, aseveran, no se negó a pagar los daños.

La familia añadió que el padre de la médica vio cuando le aplicaban el protocolo de resucitación, porque estaba en el piso. Quince minutos antes, previo a que buscara la forma de liberarla, él la vio en la galera y ella le pidió que la sacara de ahí, porque la habían golpeado.