PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).– Colectivas feministas, personal médico, familiares y amigos se manifestaron en la presidencia municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, por la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz cuando estaba bajo resguardo policial. 

“No fue suicidio, fue feminicidio”, fue la principal consigna en la protesta, por la posición que asumió el Ayuntamiento, al afirmar que Beatriz “tomó la decisión” de quitarse la vida mientras estaba en el área de retención primaria, donde fue llevada tras un accidente vial. No obstante, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) investiga el caso como feminicidio y detuvo a siete policías y trabajadores administrativos del municipio por su posible responsabilidad.  

La noche del viernes, tras la manifestación, prendieron fuego al palacio municipal. Personal de Bomberos del municipio vecino de Mixquiahuala acudió a sofocar las llamas.  

Antes, durante la protesta, feministas ingresaron al sitio donde estuvo retenida Beatriz para escribir las consignas “municipio asesino” y “gobierno asesino”, así como la exigencia de “justicia”. También pegaron mensajes en los que afirmaron que el gobierno local protege a posibles feminicidas y que Beatriz “no se suicidó, ¡la mataron!”, además de quebrar vidrios y destrozar mobiliario. 

Usaron también la campana y el balcón que se utiliza para la ceremonia del Grito de Independencia para hacerla resonar y demandar desde ahí justicia. 

Previamente, pobladores, feministas y familiares marcharon por las calles principales con globos morados e imágenes para recordar a la médica que hacía su residencia en el Hospital General de Pachuca. 

En un nuevo comunicado –la vía que ha elegido el Ayuntamiento para referirse al caso y que agravó la inconformidad y fue motivo de las protestas porque acusaba un “golpeteo político” pagado y sostenía la versión de que la joven de 29 años “decidió” suicidarse–, el gobierno municipal lamentó “profundamente” los hechos ocurridos en el municipio, que, expuso, culminaron “con la destrucción del patrimonio de los progresenses”. 

“Es muy triste ver cómo el trabajo que generaciones enteras construyeron es consumido por el fuego y el vandalismo de grupos de activistas en nuestro municipio”, señaló. Asimismo, solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es del mismo partido que la administración de Progreso, porque afirmó que estos actos fueron incitados y organizados por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar. 

También culpó a la regidora Raquel Cerón, al delegado de Gobernación, Narciso Gutiérrez, al excandidato Daniel Ibarra, a extrabajadores del Ayuntamiento con el exalcade Raúl Meneses, al líder local Jonás Olguín y a grupos feministas de fuera. 

La doctora Beatriz Hernández murió en la barandilla. Su padre vio cuando estaba en el piso y le practicaban maniobras de resucitación. Quince minutos antes pudo hablar con ella y le pidió que la sacara de ahí, y acusó a los policías de haberla agredido. Mientras indagaba sobre su situación, fue cuando falleció.

El viernes, un juez de control dictó como medida cautelar la prisión para los siete trabajadores de Progreso a quienes la procuraduría señala como posibles responsables de feminicidio, incluida la directora de la corporación de seguridad municipal. Desde su detención, la madrugada de este viernes, todos se encuentran recluidos en la cárcel distrital de Mixquiahuala.