PACHUCA (proceso.com.mx).- Médicos del Hospital General de Pachuca –donde la doctora Beatriz Hernández Ruiz hacía su residencia– realizaron una marcha de silencio en la capital de Hidalgo para exigir justicia por su compañera, que murió bajo custodia del municipio de Progreso de Obregón y cuyo caso es investigado como feminicidio. 

Asimismo, en la comunidad de Presas, en Tezontepec de Aldama, de donde era originaria la joven de 29 años, familiares y amigos le dieron el último adiós como una ceremonia religiosa.

Al sepultar el cuerpo demandaron a las autoridades esclarecer el caso y que los posibles responsables sean sancionados; además, pidieron respeto a la memoria de Beatriz, tras la postura asumida por el ayuntamiento de Progreso, que ha insistido en que ella “decidió” quitarse la vida; también catalogó la exigencia de la familia y la protesta social como un “golpeteo político” pagado.

En Pachuca, al concluir en la Plaza Juárez, frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal, la marcha silenciosa que comenzó en la sede del hospital, los médicos fijaron un posicionamiento en el que remarcaron la necesidad de justicia. 

“Nada de lo que suceda hoy puede compensar el sentimiento y la sensación de vacío que nos deja hoy nuestra compañera. El objetivo de esta manifestación, siempre pacífica, es exigir a las autoridades que se esclarezcan de manera pronta y veraz cada uno de los actos que rodean esta situación; que se encuentre a los culpables y se tomen las acciones pertinentes y las debidas sanciones para que se haga cumplir la ley”.

Previo a la protesta de los trabajadores de la salud y al sepelio de Beatriz, las Comisiones de Derechos Humanos a nivel nacional (CNDH) y estatal (CDHEH) emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron los hechos que culminaron con el fallecimiento de la egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el área de retención primaria de Progreso, a donde había sido remitida después de un percance vial.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de procuración y administración de justicia para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos correspondientes sobre perspectiva de género y feminicidio, evitando la impunidad y sancionando a los responsables por los delitos que por acción u omisión hayan cometido”, exigieron.

También exhortaron a las autoridades correspondientes para que promuevan entre los miembros de las corporaciones de seguridad pública en todos sus niveles los protocolos de actuación y uso de la fuerza, inclusive en las detenciones por presuntas infracciones al reglamento de tránsito, e incorporen la perspectiva de género, para que consideren todos los elementos diferenciadores aplicables a las mujeres en estos procedimientos.

Por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio siete funcionarios, entre administrativos y policías –incluida la jefa de este cuerpo de seguridad– fueron detenidos la madrugada del viernes y recluidos en la cárcel distrital de Mixquiahuala. Un juez de control dictó la prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La noche de ese día, después de una manifestación en Progreso, un grupo quemó el palacio municipal. Las colectivas feministas se deslindaron de estos actos y afirmaron que se retiraron horas antes, junto con amigas, compañeros de profesión y familiares de la médica Beatriz. 

El ayuntamiento, a cargo del alcalde morenista Armando Mera Olguín, responsabilizó al gobierno de Hidalgo, de extracción priista, de prender fuego y ocasionar disturbios por razones políticas, escudándose en el caso de la doctora Hernández Ruiz.