CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de las víctimas del llamado Caso Narvarte revelaron que, después de ver el documental “A plena Luz”, en diciembre pasado, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, les prometió resolver el multihomicidio “a más tardar en un año”; sin embargo, dijeron que ya pasaron cinco meses y no hay avances sustanciales en la investigación.

Además, denunciaron que la fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, María de Lourdes Cruz Pérez, dijo a uno de los familiares de las víctimas que seguir la línea de investigación de las amenazas contra la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa desde el estado de Veracruz como móvil del crimen “es una necedad” de la hermana de éste.

Por ello, rechazaron que Godoy Ramos sea “la mejor fiscal del país”, como la ha calificado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. “No, definitivamente creo que no hemos encontrado un fiscal o un procurador mejor, todos han incurrido en faltas”, dijo Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa. 

En conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), familiares de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo Mile Martín, la activista Nadia Vera, el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, y la maquillista Yesenia Quiroz; y abogados de la organización Artículo 19, denunciaron que, a casi 8 años del crimen, la FGJ capitalina no ha cumplido con su compromiso de encontrar la verdad y garantizar la justicia por el multihomicidio ocurrido el 31 de julio del 2015 en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

El 8 de diciembre del 2022 se estrenó en la plataforma digital Netflix el documental “A plena luz”, del director Alberto Arnaud, que revela las múltiples omisiones, primero de la Procuraduría de Rodolfo Ríos, y luego de la Fiscalía de Ernestina Godoy, sobre uno de los crímenes más sonados en la historia reciente de la Ciudad de México.

Según Edgardo Calderón, abogado de Artículo 19 y representante legal de las familias de las víctimas, “después de ver el documental, la fiscal Ernestina Godoy se comprometió a resolver el caso y hacer justicia para las familias en un plazo máximo de un año, promesa que se torna difícil de cumplir, a razón de que, a cinco meses la investigación sigue dependiendo solo de lo que ya está en la averiguación previa, doliéndose del desvanecimiento de pruebas por el paso del tiempo y dependiendo solo de los datos que las familias de las victimas ofrecen, mismos que desde el 2015 están disponibles y no fueron verificados”. 

El litigante lamentó que se acerque el octavo aniversario del crimen y que la Fiscalía de Ernestina Godoy –que tomó el caso en el 2018- no tenga avances sustanciales, mientras que los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. 

“A pesar de la buena voluntad de Godoy, no estamos ni cerca de conocer la verdad”, pues no se conoce el móvil y los cómplices de los asesinos materiales están libres igual que los funcionarios públicos que entorpecieron la investigación y provocaron la impunidad.  

Aseguró que la línea de investigación sobre la posible trata de personas, apenas se empezó a investigar y solo por la aportación de información de los familiares. En tanto, para la línea que apunta a Veracruz, “la Fiscalía de Homicidios solo envía oficios, con información a cuenta gotas y sin sentido… hay una falta de liderazgo institucional.

Edgardo Calderón reiteró las exigencias de los deudos hacia la FGJ local: cumplir con la Recomendación 04/2017 de la CDHCM, agotar en su totalidad todas las líneas de investigación sin descartar ninguna por desvanecimiento de pruebas, dejar de revictimizar a las familias y no tenerlas como responsables de la investigación.

Igual que con Rodolfo Ríos 

En la conferencia, Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, denunció que la fiscal de Homicidios, María de Lourdes Cruz Pérez, “dijo a un integrante de una de las familias que la línea de investigación de Veracruz no tiene ninguna información, pero que está abierta por la necedad de la hermana, o sea mía”.

Aclaró que en la carpeta de investigación existe demasiada información sobre las amenazas que Nadia y Rubén denunciaron de parte del entonces gobernador Javier Duarte -hoy en la cárcel- y su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, alias “Capitán Tormenta”. Y dijo que las autoridades no han agotado esa línea de investigación. 

Y advirtió: “pese a todos los atropellos, aquí seguiremos. No vamos a permitir el cierre de ninguna línea de investigación hasta que se demuestren todos y cada uno de los hechos”.

Durante la investigación del caso, Artículo 19 y Proceso revelaron que Marco Reyes, fiscal de Homicidios de la Procuraduría dirigida por Rodolfo Ríos, dijo a las familias de las víctimas que, después de tener a tres personas detenidas y presas, querer saber por qué fueron asesinados sus familiares era “una exquisitez”. A la salida de Ríos Garza, ese funcionario fue ascendido a subprocurador. 

Patricia Espinosa aseguró que esa actitud de entonces es “repetitiva” a la de la actual fiscal María de Lourdes Cruz, de calificar como “necedad” el querer llegar a la verdad de los hechos. 

“Siempre ha sido así, desde el inicio, el tratar de separar a las familias…, pero no les funcionó, las familias nos unimos y estamos juntas… Sí es algo repetitivo y no me extrañaría que al rato la fiscal esté en un puesto mucho mejor. Esta fiscal debe ser considerada dentro de los servidores públicos que deben ser sancionados”.

En transmisión en línea, Angie Martín, hermana de Mile Martín, pidió a las autoridades que no les sigan negando información, que no cierren el caso y sigan investigando. “¡Queremos justicia!”, dijo. Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete, agradeció a los abogados, al documentalista Arnaud y a las familias el no abandonar el caso hasta obtener la verdad. 

Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, exigió que la Fiscalía deje de culpar a las víctimas de su asesinato, que cumpla con su deber de encontrar la verdad y garantizar la justicia. “Hasta hoy no hay respuestas, solo corrupción y encubrimiento. Las autoridades se dedicaron a investigar la vida personal de las victimas dando entender que se lo merecían”, agregó.

Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, reclamó que “de tanto esperar ya esperamos hasta lo que no se nos debe… exigimos que las autoridades dejen de ser sujetos de la inercia y hagan lo que les corresponde según las instituciones donde buscaron empleo, a diferencia de nosotros que no estamos por voluntad propia… Humanícense, decídanse y hagan su trabajo”.

Ni al 50%, cumplen Recomendación 

Alicia Naranjo, directora ejecutiva de Seguimiento de la CDHCM, aseguró que ni la FGJ local ni el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ) han cumplido con la Recomendación 04/2017 emitida por el organismo. “No hemos cruzado el puente ni siquiera a la mitad, por todo lo que implica llegar a la verdad”, dijo.

Aunque reconoció que ha habido algunos avances, por ejemplo, en la atención psicológica a los familiares de las víctimas y una parte de la reparación del daño, aun no se cumple con lo más importante, que es hallar la verdad del caso y garantizar la justicia. 

Por eso, dijo que las familias no han aceptado que se realice un acto de disculpa pública de las autoridades. Tampoco han dado las garantías de satisfacción y no repetición.

“A plena luz” irá a universidades

Por último, el director del documental, Alberto Arnaud, destacó que empezará una campaña de difusión con la organización ImpactaCine para llevar el documental “A plena luz” a universidades, espacios públicos y lugares donde les interese conocer del tema.

Sobre la repercusión del documental, aseguró que éste “provocó el compromiso de Godoy de poner un plazo de un año para resolverlo, lo cual va bastante retrasado. No sé si esperaba que le siguiéramos haciendo la chamba nosotros o qué, pero yo creo que sí, porque ellos realmente no han hecho nada. Es muy frustrante”.