CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abogados de los familiares de las víctimas del Caso Narvarte denunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que dirige Ernestina Godoy, cerró su queja por la “mala actuación de los altos funcionarios” que, desde el inicio, obstaculizaron la investigación, pese a ser una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM).

Así lo denunciaron al término de la proyección especial del documental “A plena luz”, del director Alberto Arnaut, este miércoles en la Cineteca Nacional, mismo que se estrena mañana 8 de diciembre en la plataforma Netflix.

Entre otros elementos, el documental aborda las omisiones en la  investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), dirigida por Rodolfo Ríos, de los asesinatos de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz, y del fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, la tarde del 31 de julio del 2015 en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. 

Héctor Pérez, representante legal de las familias de las víctimas, reveló: “Ayer en la noche tuvimos una reunión con la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos que nos informó que nuestra queja por la mala actuación de los altos funcionarios de la Fiscalía fue cerrada y que no se abrió una investigación contra estos funcionarios, a pesar que la Recomendación de Derechos Humanos así lo indicó. No hay una investigación inicial abierta el día de hoy”. 

A pregunta de la reportera, detalló que esa queja se hizo contra los entonces procurador general Rodolfo Ríos, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales Edmundo Garrido, y el fiscal central de Investigación del Delito de Homicidio, Marco Reyes. 

Por ello, adelantó que hoy presentarían una denuncia contra estos funcionarios “porque después de tantos años que no nos habían dado acceso a ese expediente, ayer nos dijeron ‘no estamos investigando o no hemos investigado a los altos funcionarios’”.

Agregó que el martes 13 de diciembre tienen programada una reunión con la fiscal Godoy Ramos, en la cual tratarán ese tema. 

El abogado se refirió a la Recomendación 4/2017 emitida por la CDHCM en junio de 2017, la cual, en sus puntos 13 y 14, sugiere a la entonces Procuraduría capitalina, hoy Fiscalía, continuar con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad penal y administrativa de servidores públicos de esa dependencia por la filtración de información de la averiguación previa del caso; así como por los actos de vulneración a los derechos humanos de las personas agraviadas, es decir, a los familiares de las víctimas.

Mancera, Ríos y Godoy… más de lo mismo 

En el acto, Karla Michelle Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y también representante de las familias de las víctimas, destacó la importancia de “identificar a esas autoridades que han obstaculizado a lo largo de los años esta investigación”.

Agregó: “Lo digo con toda claridad porque, actualmente, o son senadores de la República o altos funcionarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa no es la calidad de justicia que merecemos en este país y personas que están en estos espacios no tienen que seguir ahí. Tienen que recibir no solamente una sanción en términos jurídicos, sino también una sanción social”.

Y fue más directa: “Me refiero específicamente a Miguel Ángel Mancera y a Rodolfo Ríos y, por supuesto, a la actual fiscal general de la Ciudad de México, quien tiene la responsabilidad de resolver este caso y de corregir la investigación”.

David Peña, integrante de dicho Grupo, insistió en la obligación de la fiscal Godoy Ramos de investigar a las autoridades de la administración mancerista “que ocultaron toda esta información, pero también a las autoridades de la actual administración que se siguen resistiendo a avanzar en la investigación”.

Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén, destacó que en el documental “se nota mucho el mal trabajo de la Procuraduría anterior, pero eso no significa que la actual Fiscalía esté trabajando. El hecho de tener reuniones periódicas o de tener comunicación continua, por así decirlo, con nosotros no significa que se esté llegando a esta verdad”.

Consideró que detrás de esas reuniones “está oculto el decir ‘no tenemos la capacidad para llegar a esa verdad porque la administración anterior dejó perder muchas evidencias’. Por lo tanto, la pregunta para las autoridades actuales es: ¿y qué van a hacer ahora ustedes para resarcir eso que dejaron perder y llevarnos a la verdad? El mal trabajo que se hizo en la administración anterior se sigue replicando en la administración actual”. 

Siguen las filtraciones y asesinatos

Paula Saucedo, representante de la organización internacional Artículo 19-México, y de la familia de Rubén Espinosa, subrayó que la filtración de información que ocurrió en el Caso Narvarte “sigue pasando todos los años y no sabemos por qué”. 

Añadió que las agresiones contra la prensa que denunció el fotoperiodista en su momento, sobre lo que ocurría en Veracruz, “siguen pasando; este año es el más letal contra la prensa en México y, a la par, se siguen asesinando a mujeres todos los días en este país”.

Y reiteró que, “el que haya tres personas detenidas no es igual a justicia, hay que tener garantías de no repetición y reparación integral del daño a las familias que siguen esperando”.

Familiares piden compartir el documental 

Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, pidió a la gente “recomendar el documental para que nuestros seres queridos sigan vivos y obtengamos justicia para ellos… A las personas que estuvieron en ese edificio que escucharon o vieron algo, que hablen, que no tengan miedo, porque sabemos que mucha gente sabe algo”.

Aseguró que, contrario a lo que pensaron las autoridades de que con la detención de tres personas estaba resuelto el caso, “les estamos demostrando que nos mintieron siempre, que le mintieron a la sociedad y la sociedad pensó que ellos cinco eran desechables y no son desechables, tenían una vida y no hacían ningún daño a nadie”.

En un audio grabado, Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, exigió “a quienes les compete, que dejen de ser sujetos de la inercia y hagan lo que les corresponde según la institución donde han buscado empleo, porque fueron ustedes quienes escogieron estar ahí, a diferencia de nosotros que no estamos aquí por voluntad propia, sino porque unos miserables de espíritu nos colocaron aquí cuando decidieron asesinar a nuestros seres queridos”.

Por la misma vía, enviada desde Colombia, Angie Martín, hermana de Mile, aseguró que para las familias de las víctimas “es muy importante que vean la película, no solo por el hecho de que se den cuenta de la información que han ocultado, sino para que sean una voz más para nosotros en la búsqueda de la verdad y la justicia para cada una de nuestras familias y que algún día sepamos por qué les hicieron lo que les hicieron”.

El director Alberto Arnaut dijo que el documental que dirigió tiene la intención de que “las autoridades ya no tengan la oportunidad de seguirse haciendo weyes y que de nuevo pongan más interés y más empeño en encontrar la verdad, en encontrar a las personas que no han sido identificadas, a los participantes, a los victimarios y también que se castigue a los funcionarios públicos que son principalmente los responsables de que hasta la fecha no podamos saber exactamente qué fue lo que pasó, por qué y quiénes están detrás”.