CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles, familiares y abogados de las víctimas del caso Narvarte tienen una cita con la fiscal general de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, de la que esperan recibir la confirmación de la apertura de una carpeta de investigación por el delito de trata de personas que un grupo delictivo habría ejercido contra dos de las cinco víctimas.

También esperan tener informe de nuevos y sustantivos avances de la investigación, a 7 años de ocurrido el feminicidio de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera y el fotorreportero y colaborador de Proceso Rubén Espinosa.

Ayer, en una conferencia realizada a las puertas de la FGJ local, Héctor Pérez, abogado coadyuvante de las familias de las víctimas, aseguró que los datos de prueba para aceptar abrir una investigación por el delito de trata de personas siempre estuvieron en la carpeta de investigación desde el inicio, pero la entonces Procuraduría y hoy la Fiscalía, se negaban a hacerlo.

Agregó que esa opción comenzó a explorarse a partir de la Recomendación 4/2017 hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

En entrevista posterior, explicó que, desde el inicio de la indagatoria había indicios de que “posiblemente dos de las víctimas estaban en situación de explotación sexual. Entonces, se hizo un rastreo de sus redes de vínculos de llamadas y se descubrió que, efectivamente, ellas realizaban depósitos a algunos sujetos por exigencia de éstos”.

Agregó que en la investigación hay “algunos nombres y algunos números de teléfono” que pueden dar algunas pistas, pero que, hasta el momento no se saben quiénes eran los explotadores”.

Según la experiencia que tiene en la investigación de estos temas, aseguró que “la trata de personas en la ciudad son pequeñas bandas o grupos delincuenciales. No sabemos si siguen operando incluso. Entonces, apenas logramos convencer a la Fiscalía que abra una carpeta de investigación por el delito de trata que va a llevar la Fiscalía de Trata”.

Y destacó: “hasta ahora se va a investigar como un delito en sí mismo, no como una línea de investigación”.

La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, dirigida por Haydee Vargas, depende de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, a cargo de Laura Borbolla.

Pendientes, a 7 años

David Peña, abogado coadyuvante de las familias de las cinco víctimas, recordó que, a 7 años del crimen, Abraham Torres y César Omar Martínez, sentenciados por el crimen, y Daniel Pacheco, aún en proceso, pues alegó que fue torturado al momento de su detención, están juzgados bajo la verdad que elaboró la Procuraduría dirigida entonces por Rodolfo Ríos.

El entonces funcionario dijo que los tres detenidos fueron al departamento de la colonia Narvarte para presuntamente recoger droga que Mile Martín tenía en su domicilio. 

Peña acusó que la “Fiscalía sigue estigmatizando y criminalizando a las víctimas como lo hizo la Procuraduría por mantener una única verdad o la verdad jurídica de los tres asesinos solitarios. La Fiscalía, a pesar de los discursos y de la persona que la encabeza, le siga dando la espalda a las víctimas”.

Edgardo Calderón, representante de Article 19, organización que representa jurídicamente a la familia de Rubén Espinosa, dijo que siguen con la exigencia para que la FGJ local investigue a los exfuncionarios de la procuraduría “que fueron parte importante de la manipulación, envío y filtración de la información del caso”.

Agregó que siguen en la “mejor disposición de continuar el diálogo con la Fiscalía, pero mantendremos una postura crítica ante las fallas de la autoridad”.

Los abogados informaron que la semana pasada concluyó el juicio de Daniel Pacheco en el juzgado 25, y se espera que en un mes y medio pueda ser definida la sentencia en su contra. 

Al terminar la conferencia, los manifestantes intervinieron la puerta de la Fiscalía con fotografías de Alejandra, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén, así como las frases revictimizantes que las distintas autoridades les han dicho a sus familiares desde que ocurrió el caso.

El status del caso, según la FGJ 

Ayer, después de la conferencia, la FGJCDMX informó que “respeta el derecho a manifestarse. Comprendemos y empatizamos con las exigencias de las víctimas indirectas: familiares, amigas y amigos”.

Luego, resumió el estatus del caso: Hay 2 personas sentenciadas y una más en proceso, se abrió otra línea de investigación, misma que no identificó; , además de “profundizar” la línea ya existente en Veracruz, relacionada con las amenazas que denunciaron Nadia Vera y Rubén Espinosa. También pidieron intervención de peritos de la Guardia Nacional, aunque no especificó para qué, y se revisaron más de 60 expedientes “y estamos procesando la información”. 

Por último, la FGJ dijo: “¡No descansaremos hasta encontrar la verdad, dar acceso a la justicia y trabajar en la reparación del daño! Siempre estamos disponibles para revisar los avances de la investigación”.

Y confirmó que esta semana habrá una reunión con los familiares de las víctimas y los abogados del caso Narvarte.