CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, se comprometió a retomar las denuncias contra los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación del caso Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, informó Héctor Pérez, abogado coadyuvante de los familiares de las víctimas.

Se trata de los titulares de la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX y del fiscal de Homicidios, Marco Reyes. Esos tres funcionarios, junto con Raúl Peralta, entonces jefe de la Policía de Investigación, pertenecieron a la dependencia que aún estaba bajo las órdenes del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Luego de la reunión que estos y sus representantes legales tuvieron con la funcionaria en el llamado “búnker” de la institución la tarde de este miércoles, el abogado coadyuvante comentó en entrevista:

“La fiscal se comprometió a retomar las investigaciones y las denuncias que presentamos contra Rodolfo Ríos, Edmundo Garrido y Marco Reyes, así como ministerios públicos, policías y peritos que participaron en esta investigación. Nosotros siempre lo supimos, pero ahora ya es evidente para la Fiscalía que no hubo un completo seguimiento de las líneas de investigación”.

Aunque no lo calificó como un avance, dijo que es importante que la fiscal Godoy “se comprometió a retomar esas investigaciones y a darles continuidad, cosa que no se ha hecho en estos 7 años”.

Desde ocurrido el crimen en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Proceso ha documentado múltiples irregularidades en torno a la investigación por la tortura y ejecución de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Martín, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista y colaborador de este semanario Rubén Espinosa. 

Entre estos elementos se cuenta la alteración de la escena del crimen, la filtración de información, las declaraciones a priori y sin fundamento sobre el presunto móvil, la obtención de pruebas sin cadena de custodia, la desaparición de objetos personales de las víctimas, la presión, manipulación y maltrato de las autoridades hacia los familiares de las víctimas, la estigmatización, discriminación y revicitimización de las mismas, entre otras.  

Trata y línea Veracruz

En la reunión con la fiscal Godoy Ramos, las autoridades informaron a los deudos y sus abogados que hasta hoy fue abierta una carpeta de investigación por el presunto delito de trata de personas de las que habrían sido víctimas dos de las cinco personas asesinadas.

Según Héctor Pérez, desde el inicio de la indagatoria se detectaron indicios de que en el crimen hay una posible relación con este delito. Dijo que se acordó que en un mes la fiscal de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, Haydee Vargas, los recibirá para informarles de los avances.

Sobre la línea de investigación relacionada con las denuncias de amenazas que recibieron Nadia Vera y Rubén Espinosa en Jalapa, Veracruz, en el entonces gobierno de Javier Duarte, las autoridades de la Fiscalía les anunciaron que harán una ampliación del análisis de contexto “para poder identificar fuentes abiertas y todo lo relacionado con el tema de Rubén”, dijo.

Interviene la Guardia Nacional

En el encuentro también les informaron que personal de la Guardia Nacional ya revisó los videos que captaron a los asesinos en el lugar del crimen y sus alrededores. Detalló que la FGJ local pidió esa intervención “porque querían que alguien independiente y autónomo hiciera la revisión de nuestros videos”.

Así lo resumió: “Nos dijeron que la Guardia Nacional ya emitió una opinión de la revisión de los videos y que hay un informe, pero no nos mostraron el informe, lo que me hace presumir que en realidad no hay buenas noticias”, comentó el abogado.

Por último, en el encuentro también se revisó el tema de la atención psicosocial a las familias de las víctimas. Se dijo que dos familias ya lo aceptaron, pero las tres restantes no, porque no consideran que se ofrezca en términos que les resulten reparadores del daño.

Al final se fijó el 20 de septiembre como fecha del siguiente encuentro con la fiscal Ernestina Godoy para recibir avances de los acuerdos de este miércoles.

Según el abogado coadyuvante Héctor Pérez, “todo esto son temas que nosotros ya sabíamos, pero la Fiscalía se está apenas ocupando. Yo lo pondría en esos términos: la Fiscalía no ha aportado nada nuevo, más bien reconoce o acepta lo que nosotros hemos dicho todos estos años. Decir que hay avances de la Fiscalía es muy optimista, más bien hay un reconocimiento, una aceptación de que los señalamientos que hemos hecho las víctimas tienen validez”.