CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la ausencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pese a distintas irregularidades legales, fueron presentados los “nuevos proyectos” del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), mismos que serán enviados al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y aprobación.

En un acto que, en un inicio, no estaba programado en la agenda de la mandataria local y al que finalmente no se presentó, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que para estos nuevos proyectos ya no habrá consulta pública ni indígena, contrario a lo que mandata la Constitución Política de la CDMX.

EL PGD y el PGOT deberán ser las guías del desarrollo urbano de la CDMX para los próximos 20 años, como lo estipula la carta magna del 2017.

Una vez aprobados y publicados, ambos documentos aplicarán para todas las alcaldías de la CDMX excepto Milpa Alta, pues, según Batres Guadarrama, el gobierno capitalino respetará el acuerdo que firmó el 9 de diciembre pasado con representantes de esa demarcación para respetar sus usos y costumbres.  “Milpa Alta se cuece aparte”, aseguró.

Las irregularidades

La semana pasada, Sheinbaum Pardo adelantó que ambos programas estaban “casi listos”. Este lunes, los documentos fueron presentados como “nuevos proyectos”, pese a que el Instituto para la Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) -el organismo encargado de su elaboración- no tiene director desde el 22 de febrero, tras la renuncia de Pablo Benlliure.

Además, el directorio técnico del Instituto solo tiene tres de los 15 integrantes, pues los demás renunciaron, entre ellos, el reconocido urbanista Roberto Eibenschutz.

Por si fuera poco, el Instituto no tiene Consejo Ciudadano que, en teoría, debería servir de contrapeso en la elaboración de ambos documentos.

En la presentación, Batres Guadarrama reconoció que, en el camino legal de ambos documentos, los diputados locales aún deben aprobar varios cambios en leyes locales y en la Constitución de la CDMX.

Las novedades

Según los adelantos presentados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en los documentos ya no está contemplado el concepto de “suelo rural”, sino que solo se habla de “suelo de conservación” y “suelo urbano”.

Se incorpora la existencia del “uso suelo unifamiliar” para garantizar la vocación residencial y que no permita que en las comunidades se construyan grandes edificios.

En los proyectos, se especifica que tendrán vigencia 15 años, pero se deberán revisar cada cinco. También propone la creación de un mecanismo que impida la privatización del agua, pues se va a declarar la naturaleza pública de ésta.

Según las autoridades, con estos planes no se permitirá la construcción de megaproyectos, como conjuntos comerciales, en zonas que padezcan estrés hídrico o que no dispongan de agua.

También se agrega la posibilidad de construir vivienda de interés social asequible y bien ubicada en ciertas zonas.

Al final de la presentación, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aclaró que “con esto no quiere decir que ambos documentos ya quedaron aprobados. Esta es una parte y al concluir su trabajo el Instituto de Planeación, le entrega a la jefa de gobierno los resultados para que sean enviados al Congreso, que deberá hacer el trabajo que le corresponde”.